Judicial
Nueva prorroga de 30 días del régimen de excepción
Con 67 votos, el pleno legislativo extendió por 30 días más el régimen de excepción, una medida que, desde su implementación a finales de marzo de 2022, ha permitido la reducción de homicidios y extorsiones que eran cometidos por los grupos terroristas.
“Este año se convertirá en el más seguro de nuestra historia. Ya no somos el país más violento”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a la vez agregó que el régimen de excepción «es tan exitoso y tiene una aprobación masiva porque se han obtenido resultados positivos».
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas precisó que con la extensión del régimen “queremos asegurarle a los salvadoreños que no estamos dispuestos a sacrificar a la población honrada para proteger a los criminales”.
Mientras, Caleb Navarro destacó que esta legislatura le ha dado al mandatario la gobernabilidad necesaria para ejecutar iniciativas a favor de la vida de los salvadoreños.
“Por primera vez, en 2002 años de historia, tenemos una verdadera paz. ¿De qué siente libertad ahora la gente? Salen sin miedo a ser asesinados, tienen libertad para emprender sus negocios sin que estos sean extorsionados al segundo día y tienen libertad los padres para salir con sus hijos a un parque a jugar en la noche sin ser acribillados por estos pandilleros”, expresó.
Su homólogo, Walter Coto, recordó que “el fenómeno de las pandillas fue una creación de esa gobernanza corrupta. Esos grupos dominaban el territorio junto a los partidos políticos nefastos”.
La prórroga de la medida constitucional se justifica por los resultados positivos que ha dejado a la fecha, con casi 73,000 pandilleros capturados y, convirtiendo al país en el más seguro de Latinoamérica.
Desde la aprobación del régimen de excepción, El Salvador ha logrado 446 días sin homicidios durante la actual administración, de los cuales 332 se han registrado durante el régimen de excepción, según los datos oficiales.
Además, durante este año, se registran 170 días sin homicidios y en lo que va de septiembre ya se contabilizan siete días sin muerte violentas.
La medida también ha permitido la captura de más de 72 mil personas vinculadas a pandillas y se han incautado 3,500 armas, más de 16 mil celulares, 4 mil vehículos, 3 millones de dólares en efectivo y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi $300 millones.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
