Judicial
Nueva prorroga de 30 días del régimen de excepción
Con 67 votos, el pleno legislativo extendió por 30 días más el régimen de excepción, una medida que, desde su implementación a finales de marzo de 2022, ha permitido la reducción de homicidios y extorsiones que eran cometidos por los grupos terroristas.
“Este año se convertirá en el más seguro de nuestra historia. Ya no somos el país más violento”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a la vez agregó que el régimen de excepción «es tan exitoso y tiene una aprobación masiva porque se han obtenido resultados positivos».
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas precisó que con la extensión del régimen “queremos asegurarle a los salvadoreños que no estamos dispuestos a sacrificar a la población honrada para proteger a los criminales”.
Mientras, Caleb Navarro destacó que esta legislatura le ha dado al mandatario la gobernabilidad necesaria para ejecutar iniciativas a favor de la vida de los salvadoreños.
“Por primera vez, en 2002 años de historia, tenemos una verdadera paz. ¿De qué siente libertad ahora la gente? Salen sin miedo a ser asesinados, tienen libertad para emprender sus negocios sin que estos sean extorsionados al segundo día y tienen libertad los padres para salir con sus hijos a un parque a jugar en la noche sin ser acribillados por estos pandilleros”, expresó.
Su homólogo, Walter Coto, recordó que “el fenómeno de las pandillas fue una creación de esa gobernanza corrupta. Esos grupos dominaban el territorio junto a los partidos políticos nefastos”.
La prórroga de la medida constitucional se justifica por los resultados positivos que ha dejado a la fecha, con casi 73,000 pandilleros capturados y, convirtiendo al país en el más seguro de Latinoamérica.
Desde la aprobación del régimen de excepción, El Salvador ha logrado 446 días sin homicidios durante la actual administración, de los cuales 332 se han registrado durante el régimen de excepción, según los datos oficiales.
Además, durante este año, se registran 170 días sin homicidios y en lo que va de septiembre ya se contabilizan siete días sin muerte violentas.
La medida también ha permitido la captura de más de 72 mil personas vinculadas a pandillas y se han incautado 3,500 armas, más de 16 mil celulares, 4 mil vehículos, 3 millones de dólares en efectivo y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi $300 millones.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
