Judicial
Asamblea avala reestructuración de juzgados
Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados, la Asamblea Legislativa reformó, con 62 votos, la Ley Orgánica para la creación, conversión, y supresión de sedes judiciales en los municipios de Atiquizaya, Tejutla, San Sebastián y San Francisco Gotera.
Las enmiendas se realizaron a solicitud de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para garantizar un sistema efectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
“El objetivo de estas disposiciones es redistribuir los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial y así generar un ahorro para el Estado”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Las reformas incluyen la creación del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, que tendrá las competencias para conocer procesos y diligencias laborales y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla se convertirá en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con residencia en la ciudad de Tejutla y el Juzgado Segundo de Paz de del mismo municipio se convertiría en el Juzgado de Instrucción con la competencia para conocer de los procesos y diligencias que le remitan los Juzgados de Paz de los municipios de Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San lgnacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso.
Asimismo, el Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya pasará a ser el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán y el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya cambiaría su nominación a Juzgado de Paz de Atiquizaya.
Otra enmienda contempla la conversión del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y la supresión del Juzgado Segundo de Paz de San Sebastián.
La legisladora Merlos aclaró que ninguno de los empleados de los juzgados perderá su trabajo debido a estas modificaciones.
“Los jueces y personal de los juzgados convertidos y suprimidos mantendrán su plaza y salarios. Gozarán de todas las prestaciones que poseen como empleados del Órgano Judicial, ya que serán reubicados en tribunales de la misma localidad”, sostuvo la parlamentaria.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
