Judicial
Asamblea avala reestructuración de juzgados
Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los juzgados, la Asamblea Legislativa reformó, con 62 votos, la Ley Orgánica para la creación, conversión, y supresión de sedes judiciales en los municipios de Atiquizaya, Tejutla, San Sebastián y San Francisco Gotera.
Las enmiendas se realizaron a solicitud de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y para garantizar un sistema efectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho.
“El objetivo de estas disposiciones es redistribuir los recursos con los que ya cuenta el Órgano Judicial y así generar un ahorro para el Estado”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Las reformas incluyen la creación del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Francisco Gotera, que tendrá las competencias para conocer procesos y diligencias laborales y los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Mientras que el Juzgado de Primera Instancia de Tejutla se convertirá en el Juzgado de lo Civil y Mercantil de Chalatenango con residencia en la ciudad de Tejutla y el Juzgado Segundo de Paz de del mismo municipio se convertiría en el Juzgado de Instrucción con la competencia para conocer de los procesos y diligencias que le remitan los Juzgados de Paz de los municipios de Tejutla, La Palma, Nueva Concepción, San lgnacio, Agua Caliente, La Reina, Citalá y El Paraíso.
Asimismo, el Juzgado Segundo de Paz de Atiquizaya pasará a ser el Juzgado Segundo de Instrucción de Ahuachapán y el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya cambiaría su nominación a Juzgado de Paz de Atiquizaya.
Otra enmienda contempla la conversión del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente y la supresión del Juzgado Segundo de Paz de San Sebastián.
La legisladora Merlos aclaró que ninguno de los empleados de los juzgados perderá su trabajo debido a estas modificaciones.
“Los jueces y personal de los juzgados convertidos y suprimidos mantendrán su plaza y salarios. Gozarán de todas las prestaciones que poseen como empleados del Órgano Judicial, ya que serán reubicados en tribunales de la misma localidad”, sostuvo la parlamentaria.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
