Política
Junio sería un mes crítico para el Gobierno si no se aprueban préstamos en la Asamblea Legislativa
“Si no quieren ver el país en crisis deben aprobar los recursos”, es parte del mensaje del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea Legislativa expresando la urgencia que tiene el Gobierno de contar con el dinero de los préstamos para enfrentar la crisis, y advierte que de no hacerlo no se podrán pagar los salarios a empleados públicos en junio.
Producto de la emergencia sanitaria, el Estado se ha enfrentado a la caída estrepitosa de ingresos, sumado a que debe hacerle frente a las necesidades directas de la pandemia del coronavirus.
Nelson Fuentes dijo que Hacienda ha hecho todo lo que está en sus manos para ir cumpliendo con las obligaciones, pero las dificultades han ido aumentando por lo que es necesario que los diputados aprueben los préstamos, uno de los cuales está en su etapa final.
Al que el ministro se refiere es al que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $389 millones, que solo está pendiente de ratificación en el Congreso.
Por esto, Fuentes envió un mensaje a la Asamblea: “Si no quieren ver al país en crisis, si no quieren ver al país en un problema financiero deben aprobar los recursos que están ya en la Asamblea, hemos tenido nuestra mayor responsabilidad para mantener la estabilidad financiera”, explicó.
Hacienda no espera mayor recaudación en el mes de junio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta por el poco consumo del mes y las medidas impuestas.
Externó que si los diputados no quieren aprobar los préstamos “que tengan el valor de decirlo”, pero que tengan en cuenta que el país entrará en crisis.
“Que tengan claro que si en junio no hay recursos aprobados El Salvador entrará en crisis, eso implica que no se va a poder pagar salarios, programas sociales, veteranos, no se podrá ocupar dinero para la pandemia, no va a haber nada. ¿De dónde el ministerio va a obtener recursos si la renta está prorrogada e IVA no a haber?”, cuestionó.
Dijo que las primeras estimaciones que hicieron consideraban pérdidas de $990 millones y hasta finales de mayo el Estado dejó de percibir $448 millones; es decir, más de la mitad de lo proyectado.
“Los ingresos están cayendo en picada, sabíamos que mayo y junio iba a ser de esa forma, pero por eso es que se dispuso que la Asamblea iba a aprobar los recursos y está poniendo en problemas las finanzas del Estado”, valoró.
La Asamblea ya conoce de $1,000 millones
El encargado de la Hacienda Pública dijo que la Asamblea ya conoce de la tercera parte de los $3,000 millones que se autorizaron para endeudamiento.
De ese millardo, solo los $389 millones están en la última fase, la de reasignación presupuestaria, los más de $600 millones restantes requieren tres votaciones.
“Las tres vueltas no son de la noche a la mañana. Ese dinero, así como los está aprobando la Asamblea, los va a aprobar en diciembre”, señaló.
Agregó que se entregó un informe a la Asamblea hace dos semanas, en el que se revela que el Gobierno ha utilizado $513 millones para atender la emergencia, pero ironizó diciendo que a lo mejor los diputados no lo han leído.
“El informe fue entregado a la Asamblea hace dos semanas y esta es la hora en que quizá nadie lo ha leído, esta es hora en que quizá nadie en la Asamblea lo ha leído”.
Enfatizó a los parlamentarios que “van a generar crisis y se van a llevar de encuentro el país y a toda la economía”.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
