Política
Junio sería un mes crítico para el Gobierno si no se aprueban préstamos en la Asamblea Legislativa
“Si no quieren ver el país en crisis deben aprobar los recursos”, es parte del mensaje del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea Legislativa expresando la urgencia que tiene el Gobierno de contar con el dinero de los préstamos para enfrentar la crisis, y advierte que de no hacerlo no se podrán pagar los salarios a empleados públicos en junio.
Producto de la emergencia sanitaria, el Estado se ha enfrentado a la caída estrepitosa de ingresos, sumado a que debe hacerle frente a las necesidades directas de la pandemia del coronavirus.
Nelson Fuentes dijo que Hacienda ha hecho todo lo que está en sus manos para ir cumpliendo con las obligaciones, pero las dificultades han ido aumentando por lo que es necesario que los diputados aprueben los préstamos, uno de los cuales está en su etapa final.
Al que el ministro se refiere es al que aprobó el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $389 millones, que solo está pendiente de ratificación en el Congreso.
Por esto, Fuentes envió un mensaje a la Asamblea: “Si no quieren ver al país en crisis, si no quieren ver al país en un problema financiero deben aprobar los recursos que están ya en la Asamblea, hemos tenido nuestra mayor responsabilidad para mantener la estabilidad financiera”, explicó.
Hacienda no espera mayor recaudación en el mes de junio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta por el poco consumo del mes y las medidas impuestas.
Externó que si los diputados no quieren aprobar los préstamos “que tengan el valor de decirlo”, pero que tengan en cuenta que el país entrará en crisis.
“Que tengan claro que si en junio no hay recursos aprobados El Salvador entrará en crisis, eso implica que no se va a poder pagar salarios, programas sociales, veteranos, no se podrá ocupar dinero para la pandemia, no va a haber nada. ¿De dónde el ministerio va a obtener recursos si la renta está prorrogada e IVA no a haber?”, cuestionó.
Dijo que las primeras estimaciones que hicieron consideraban pérdidas de $990 millones y hasta finales de mayo el Estado dejó de percibir $448 millones; es decir, más de la mitad de lo proyectado.
“Los ingresos están cayendo en picada, sabíamos que mayo y junio iba a ser de esa forma, pero por eso es que se dispuso que la Asamblea iba a aprobar los recursos y está poniendo en problemas las finanzas del Estado”, valoró.
La Asamblea ya conoce de $1,000 millones
El encargado de la Hacienda Pública dijo que la Asamblea ya conoce de la tercera parte de los $3,000 millones que se autorizaron para endeudamiento.
De ese millardo, solo los $389 millones están en la última fase, la de reasignación presupuestaria, los más de $600 millones restantes requieren tres votaciones.
“Las tres vueltas no son de la noche a la mañana. Ese dinero, así como los está aprobando la Asamblea, los va a aprobar en diciembre”, señaló.
Agregó que se entregó un informe a la Asamblea hace dos semanas, en el que se revela que el Gobierno ha utilizado $513 millones para atender la emergencia, pero ironizó diciendo que a lo mejor los diputados no lo han leído.
“El informe fue entregado a la Asamblea hace dos semanas y esta es la hora en que quizá nadie lo ha leído, esta es hora en que quizá nadie en la Asamblea lo ha leído”.
Enfatizó a los parlamentarios que “van a generar crisis y se van a llevar de encuentro el país y a toda la economía”.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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