Política
Diputados y representantes del gobierno estudian reapertura de la economía para el 10 de junio
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa y funcionarios del Gobierno se reunieron ayer para discutir una normativa que regule la emergencia nacional, la cuarentena domiciliar y la reanudación económica gradual que se estancó por la pandemia del coronavirus o Covid-19.
El secretario privado presidencial, Ernesto Castro y el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, junto con algunos diputados, iniciaron con una discusión en desacuerdo, sobre si partir del proyecto de ley enviado por la Presidencia de la República o si del decreto legislativo 645 aprobado por la Asamblea Legislativa, que finalmente se partió de ambos.
«No estamos aquí como invitados sino como parte de esto. Venimos no como invitados, venimos como parte de esto, comencemos a discutir y vayamos poniendo el detalle a las cosas», pidió Ernesto Castro.
A lo que posteriormente Carlos Reyes le respondió al secretario: «Sigue siendo invitado, parte no puede ser. Sigue siendo invitado, es muy importante aclarar esto».
Inmediatamente, Mario Ponce, presidente de la Asamblea, respondió ante la situación pidiendo orden y respeto hacia los diputados y delegados del gobierno, «Comportémonos porque necesitamos construir», dijo.
Entre los temas que entraron en discusión fue el nombre para la ley. Por lo tanto, fue el primer acuerdo que tuvieron entre los presentes en la reunión.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, sugirió el nombre de “Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía”.
Asimismo, al sugerir el nombre, Parker agregó que, “estamos queriendo ser generosos”, por lo que causó algunas risas entre los presentes en dicha reunión.
Por otra parte, Carlos Reyes destacó, que los fondos que el Gobierno maneja dejan mucho que desear. «Hoy por hoy, algunos informes dejan mucho que desear y mientras no haya transparencia será muy difícil que podamos ir avanzando en estos temas».
«No estamos para malversar fondos y si algún funcionario se atreve, se va a ir preso literalmente. No estamos para estar escondiendo cosas», sostuvo el secretario privado ante las declaraciones del diputado Reyes.
Uno de los puntos que entro a discusión era el día que se tendría que abrir la economía nacional y donde el Secretario Ernesto Castro, explicó que de llegar a un acuerdo este día, la economía se tendía que abrir hasta el diez de junio y no el 6 de junio.
«El día 6 de junio era si ustedes (diputados) hubieran llegado a un consenso en la pasada plenaria y como no se llegó a un acuerdo, los días se tienen que correr porque se deben cumplir 15 días», detalló Castro.
Tanto los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como representantes del gobierno, seguirán con la reunión este martes a partir de las 10:00 para poder llegar a un consenso.
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Rolando Higinio Escobar Pérez, alcalde de Gualococti por el FMLN, y Walter Isaí Romero, alcalde de San Carlos por GANA, ambos del departamento de Morazán, renunciaron este lunes 27 de marzo a sus partidos políticos.
«En estos tiempos en los cuales los partidos deberían estar elaborando propuestas, escuchando a sus líderes locales para ofrecer mejores ideas de cara al próximo ciclo electoral, en el FMLN las noticias que se escuchan son de disputas internas por grupos que intentan llegar a la cúpula, una fracción legislativa dividida y cero apoyo a sus alcaldes», escribió en su carta de renuncia el alcalde Escobar.
«No hay apertura para nadie, y todo apunta a que el partido camina directo a la desaparición, sin que haya esfuerzo alguno por renovarlo», lamentó el edil.
Por su parte, el alcalde Romero agradeció a las bases y a la dirigencia de GANA por la confianza que depositaron en él y aseguró que siempre apoyará los proyectos para el beneficio de los pobladores.
«Posteriormente, decidiré mi futuro político de acuerdo con las exigencias de la sociedad y mi convicción», escribió Romero en su carta de renuncia.
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Con 80 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador la centenaria Procesión de los Cristos y El Santo Entierro de Izalco, en Sonsonate. Ambas actividades se realizan, cada año, el jueves y viernes, respectivamente, de la Semana Santa.
Estas celebraciones son reconocidas dentro y fuera del país y son parte de la identidad cultural del referido municipio. En la Procesión de los Cristos participan cientos de feligreses, entre ellos los que son parte de la comunidad indígena local.
Para El Santo Entierro la comunidad católica realiza un recorrido, que dura alrededor de 12 horas, en el que se carga la imagen de Jesús dentro de una urna, la cual tiene un peso aproximado de 12,300 libras, lo que la hace una de las más pesadas del país.
El diputado de Nuevas Ideas e impulsador de la iniciativa, Raúl Chamagua, afirmó que esta Asamblea Legislativa ya ha dejado un legado en materia de seguridad, educación, justicia democrática y el aspecto cultural no será la excepción.
“Hoy, tengo el honor y el privilegio de dejar un legado cultural, en coordinación con los diputados, para la preservación de estas procesiones que, sin lugar a dudas, ponen en alto el municipio de Izalco”, apuntó Chamagua.
Los parlamentarios expresaron que el objetivo de declarar las dos actividades como Patrimonio Cultural Inmaterial del país es resguardarlas, de manera legal, para que se mantengan en el tiempo y se convierta en un legado que se transmita de generación en generación. Además, mencionaron que esa declaratoria ayudará a potenciar el turismo interno y las visitas de extranjeros.
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La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa estudiará en las próximas semanas una iniciativa que contempla una serie de reformas de la ley del presupuesto general del estado 2023 para incorporar recursos por $5,869,239 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con el fin de que se continúe con la fase inicial de preconstrucción y el plan de reasentamiento del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ideó la ejecución de este megaproyecto en Conchagua, La Unión, con el fin de garantizar la adecuada conectividad nacional e internacional del país y dinamizar el desarrollo económico, social y turístico de la zona oriental, atrayendo inversión extranjera.
En abril del año pasado, la Asamblea Legislativa avaló la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que facilita la construcción de los megaproyectos del tren y de la nueva terminal aérea.
De acuerdo con diputados de Nuevas Ideas, el aeropuerto oriental impulsará la economía de los salvadoreños, generando más de 4,700 empleos en el primer año de funcionamiento; además según CEPA, la terminal aérea tendrá la capacidad de recibir a más de 80,000 pasajeros.
En junio del año pasado, el Legislativo aprobó reformar la ley del presupuesto 2022 para otorgar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) $12 millones, procedentes de la recaudación fiscal y del combate de la evasión fiscal, para la construcción de la etapa I del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Por otro lado, la comisión de hacienda también estudiará reformar la ley de presupuesto general del estado 2023 para destinar a CEPA $600,000 para la ejecución de dos proyectos de inversión: ampliación del patio de contenedores del puerto de Acajutla, etapa II, y la construcción y el equipamiento de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador.
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