Política
Asamblea se suma a planes contra el crimen al rechazar 29 indultos
Las peticiones de indulto han sido denegadas desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa —el 1.º de mayo de 2021— en concordancia con la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), impulsado por la administración Bukele desde junio de 2019, al iniciar su mandato.
Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos del congreso, sostuvo que los rechazos a las peticiones de indulto «están en plena sintonía con los esfuerzos del Gobierno por erradicar la violencia y la criminalidad en el país, [así como] que los privados de libertad con una sentencia firme permanezcan en prisión cumpliendo su condena».
A los esfuerzos del Ejecutivo con el PCT —medida que ha permitido recuperar territorios en manos de pandillas y asestar duros golpes al crimen—, se suma el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo, una figura contemplada en la Constitución de la República con la que se han logrado la captura de más de 59,000 pandilleros y más de un centenar de días sin homicidios a escala nacional.
Los diputados del nuevo parlamento encontraron una serie de vacíos en diferentes cuerpos de legislación, con la que se podía evadir la justicia.
El indulto era una de las figuras para perdonar la pena y, por ende, una persona condenada podía recobrar su libertad inmediatamente. Sin embargo, este año, con la aprobación de las reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia se eliminó dicho beneficio para los integrantes de estructuras criminales, los que han cometido delitos contra la administración pública, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En noviembre de 2021, la Asamblea negó el indulto solicitado por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989, en medio de la ofensiva guerrillera del FMLN, que llevó luto, dolor y destrucción al país.
«Ese caso [Jesuitas] evidencia que, cuando un delito tenga una grave afectación a la sociedad salvadoreña, no podrá ser indultado», sentenció Santos. Además, dijo que, desde esa mesa de trabajo legislativa, se continuarán apoyando las acciones de seguridad pública que han traído tranquilidad a los salvadoreños honrados.
La comisión de justicia y derechos humanos aún tiene en estudio 23 expedientes con peticiones de indulto; de la mayoría, se espera el informe que brindan el Consejo Criminológico Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
