Política
Asamblea se suma a planes contra el crimen al rechazar 29 indultos
Las peticiones de indulto han sido denegadas desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa —el 1.º de mayo de 2021— en concordancia con la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), impulsado por la administración Bukele desde junio de 2019, al iniciar su mandato.
Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos del congreso, sostuvo que los rechazos a las peticiones de indulto «están en plena sintonía con los esfuerzos del Gobierno por erradicar la violencia y la criminalidad en el país, [así como] que los privados de libertad con una sentencia firme permanezcan en prisión cumpliendo su condena».
A los esfuerzos del Ejecutivo con el PCT —medida que ha permitido recuperar territorios en manos de pandillas y asestar duros golpes al crimen—, se suma el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo, una figura contemplada en la Constitución de la República con la que se han logrado la captura de más de 59,000 pandilleros y más de un centenar de días sin homicidios a escala nacional.
Los diputados del nuevo parlamento encontraron una serie de vacíos en diferentes cuerpos de legislación, con la que se podía evadir la justicia.
El indulto era una de las figuras para perdonar la pena y, por ende, una persona condenada podía recobrar su libertad inmediatamente. Sin embargo, este año, con la aprobación de las reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia se eliminó dicho beneficio para los integrantes de estructuras criminales, los que han cometido delitos contra la administración pública, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En noviembre de 2021, la Asamblea negó el indulto solicitado por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989, en medio de la ofensiva guerrillera del FMLN, que llevó luto, dolor y destrucción al país.
«Ese caso [Jesuitas] evidencia que, cuando un delito tenga una grave afectación a la sociedad salvadoreña, no podrá ser indultado», sentenció Santos. Además, dijo que, desde esa mesa de trabajo legislativa, se continuarán apoyando las acciones de seguridad pública que han traído tranquilidad a los salvadoreños honrados.
La comisión de justicia y derechos humanos aún tiene en estudio 23 expedientes con peticiones de indulto; de la mayoría, se espera el informe que brindan el Consejo Criminológico Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
