Política
Asamblea se suma a planes contra el crimen al rechazar 29 indultos
Las peticiones de indulto han sido denegadas desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa —el 1.º de mayo de 2021— en concordancia con la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), impulsado por la administración Bukele desde junio de 2019, al iniciar su mandato.
Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos del congreso, sostuvo que los rechazos a las peticiones de indulto «están en plena sintonía con los esfuerzos del Gobierno por erradicar la violencia y la criminalidad en el país, [así como] que los privados de libertad con una sentencia firme permanezcan en prisión cumpliendo su condena».
A los esfuerzos del Ejecutivo con el PCT —medida que ha permitido recuperar territorios en manos de pandillas y asestar duros golpes al crimen—, se suma el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo, una figura contemplada en la Constitución de la República con la que se han logrado la captura de más de 59,000 pandilleros y más de un centenar de días sin homicidios a escala nacional.
Los diputados del nuevo parlamento encontraron una serie de vacíos en diferentes cuerpos de legislación, con la que se podía evadir la justicia.
El indulto era una de las figuras para perdonar la pena y, por ende, una persona condenada podía recobrar su libertad inmediatamente. Sin embargo, este año, con la aprobación de las reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia se eliminó dicho beneficio para los integrantes de estructuras criminales, los que han cometido delitos contra la administración pública, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En noviembre de 2021, la Asamblea negó el indulto solicitado por el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en noviembre de 1989, en medio de la ofensiva guerrillera del FMLN, que llevó luto, dolor y destrucción al país.
«Ese caso [Jesuitas] evidencia que, cuando un delito tenga una grave afectación a la sociedad salvadoreña, no podrá ser indultado», sentenció Santos. Además, dijo que, desde esa mesa de trabajo legislativa, se continuarán apoyando las acciones de seguridad pública que han traído tranquilidad a los salvadoreños honrados.
La comisión de justicia y derechos humanos aún tiene en estudio 23 expedientes con peticiones de indulto; de la mayoría, se espera el informe que brindan el Consejo Criminológico Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
