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León XIV ante un mundo en guerra

Por: Lisandro Prieto Femenía
«¡Cristo no cesa de llamar, no cesa de indicar el camino hacia aquellos ‘altos ideales’ de los que hablaba el poeta! ¡No cesa de pedir un testimonio de la conciencia, de la vida! ¡Pide ‘hombres de espíritu’, pide ‘corazones puros’! ¡Pide hombres que sean hermanos, que sepan construir sobre la tierra ‘puentes’ y no ‘muros’!»
Juan Pablo II. (1979). Discurso a los jóvenes en el estadio de Cracovia.
La ascensión de León XIV al trono de Pedro acontece en un momento histórico marcado por la persistente sombra de la guerra. Los conflictos en Ucrania, con su estela de destrucción y desplazamiento, y la desgarradora situación en Gaza, crisol de tensiones ancestrales y reciente devastación, claman por una intervención que trascienda la mera condena en un mensaje misal. Ante este panorama desolador, los católicos nos preguntamos con apremio: ¿qué posibilidades reales ostenta el nuevo pontífice para erigirse como un agente efectivo de paz en estos escenarios de profunda fractura?
Para abordar esta cuestión con la seriedad que amerita, es imprescindible que recurramos a voces medianamente autorizadas que han dedicado su vida a la reflexión del intrincado vínculo entre la fe, la ética y la política internacional. Hans Küng, con su visión ecuménica y su llamado a una “ética global”, nos recuerda que la paz duradera entre las naciones se cimienta en la paz entre las religiones, un diálogo sincero que desentrañe los fundamentos de cada credo para construir puentes de entendimiento mutuo. En este sentido, la figura del Papa, investido de una autoridad moral que resuena más allá de las fronteras confesionales, podría erigirse en un catalizador de encuentros interreligiosos de alto nivel, siguiendo la senda trazada por sus predecesores. En su “Proyecto de una ética mundial”, Küng afirmó que “no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin investigación de los fundamentos de cada una de ellas” (Küng, H., 1991, p.21). Pues bien, esta convocatoria a líderes ortodoxos rusos y representantes del mundo islámico para explorar vías de diálogo sobre la sacralidad de la vida y la urgencia de la justicia podría sembrar semillas de esperanza en terrenos áridos por la desconfianza, la violencia innecesaria y el resentimiento.
Sin embargo, tampoco podemos obviar las limitaciones inherentes al poder terrenal de la Santa Sede. Como lúcidamente señala George Weigel en “La revolución católica” (2005), la Iglesia no dispone de ejércitos ni de la capacidad coercitiva de los Estados-Nación. Su influencia radica en la persuasión moral e intelectual, cuya eficacia depende, en última instancia, de la voluntad de otros actores para escuchar y responder. En los conflictos que nos ocupan, los intereses geopolíticos en pugna, las narrativas históricas profundamente arraigadas y la escalada de la violencia dificultan de sobremanera cualquier tipo de mediación externa. La intervención papal, por elocuente y bienintencionada que sea, corre el riesgo de ser percibida como un actor más en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven impulsadas por la lógica del poder militar y la seguridad nacional. Esta observación nos recuerda, entonces, que la influencia del papado se ejerce principalmente a través de las “armas” de la persuasión moral y la diplomacia, herramientas en desuso extremo, al menos, desde la incursión de Estados Unidos en Medio Oriente a partir del año 2003.
No obstante, la historia nos ofrece destellos de la capacidad de la Iglesia para influir positivamente en la resolución de conflictos. Recordemos brevemente la mediación de Juan Pablo II en la disputa del Beagle entre Argentina y Chile a finales de la década de 1970 y concluida en 1984 mediante la firma del Tratado de Paz, como claro ejemplo paradigmático. Ante la inminente amenaza de guerra, el Santo Padre ofreció su mediación, enviando al Cardenal Antonio Samoré como su enviado especial: en un mensaje crucial dirigido a los presidentes de facto Jorge Rafael Videla de Argentina y Augusto Pinochet Ugarte de Chile, Juan Pablo II declaró el 232 de diciembre de 1978: “Hago un llamamiento apremiante a la cordura y a la reflexión para que, superadas las actuales dificultades, se prosiga con ánimo renovado por el camino del diálogo y de la negociación, buscando soluciones justas y pacíficas que eviten a las queridas poblaciones de Argentina y Chile los horrores de una contienda fraticida” (Juan Pablo II. ,1978, Mensaje a los Presidentes de Argentina y Chile. Libreria Editrice Vaticana).Esta firme exhortación, sumada a la paciente labor diplomática del precitado Cardenal, creó un espacio para la negociación y finalmente condujo a la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984, evitando un conflicto bélico de graves consecuencias para la región.
Si bien reconocemos el potencial de diversos actores en la búsqueda de la paz, la Iglesia Católica se distingue por una serie de factores que le otorgan una relevancia singular en el contexto de los conflictos en Ucrania y Gaza. Su estructura jerárquica y su presencia global le permiten mantener canales de comunicación con una amplia gama de actores, incluyendo gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales. Como explicita Weigel, esta red extensa facilita una diplomacia discreta y la posibilidad de ofrecer espacios neutrales para el diálogo (Weigel, G. (2005). La Revolución Católica, p. 317). Consiguientemente, la larga tradición de la Iglesia en la defensa de la justicia y la paz, articulada en su doctrina social, le confiere una autoridad moral reconocida incluso por aquellos que no comparten su fe. Sus llamados permanentes a la protección de los derechos humanos, al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de soluciones negociadas resuenan con una fuerza particular en un mundo marcado por la avaricia, la violencia y la injusticia naturalizada.
Desde su influyente obra titulada “El testimonio político de la Iglesia”, John Howard Yoder ofrece una perspectiva distintiva sobre cómo la comunidad cristiana debe interactuar con el poder y la violencia en el mundo. Su argumento central radica en que la Iglesia, moldeada según la vida, muerte y resurrección de Jesús, está llamada a ser una comunidad de resistencia no violenta y un signo profético de la paz de Dios en un mundo marcado por la injusticia y la guerra. Para Yoder, la ética cristiana no se reduce a principios abstractos, sino que se encarna en la vida concreta de una comunidad que vive de manera alternativa al modus operandi del corrupto poder terrenal.
En el contexto de la mediación y la búsqueda de la paz, el aporte de Yoder pone el foco en que la Iglesia no debe aspirar primariamente a ejercer influencia a través de los mecanismos del poder político convencional, sino que su poder radica en su testimonio fiel al Evangelio de la paz. Esto implica una crítica radical a la lógica de la violencia y una demostración práctica de formas alternativas de resolución de conflictos basadas en el amor al enemigo, el perdón y la justicia restaurativa.
Así, la relevancia del pensamiento de Yoder para la posible intervención del Papa León XIV radica en que la autoridad de su Iglesia no se basa en su capacidad de ejercer presiones políticas o económicas, sino en la coherencia entre su mensaje y su práctica. Si la Iglesia aboga por la paz, debe también ser una comunidad que vive esa paz internamente y la irradia hacia afuera, incluso en medio de la hostilidad. Su testimonio de no-violencia activa y de solidaridad con las víctimas de la injusticia es, sin duda alguna, una fuerza transformadora que interpela las conciencias y abre caminos inesperados hacia la reconciliación. En lugar de buscar el poder para imponer la paz, la Iglesia, según Yoder, está llamada a ser un signo del Reino de Dios, donde la paz y la justicia se abrazan, ofreciendo así una visión esperanzadora y una práctica alternativa a la espiral de la violencia. Su “testimonio político”, entonces, no es una estrategia de poder, sino una fidelidad radical al Señorío de Cristo y a su mandato de amar a todos, incluso y sobre todo, a los enemigos.
Conjuntamente, es innegable que la presencia de numerosas organizaciones católicas dedicadas a la ayuda humanitaria y al trabajo por la paz en las zonas de conflicto le otorga a la Iglesia un conocimiento profundo de las dinámicas locales y la posibilidad de construir puentes de confianza con las comunidades afectadas. Esta capilaridad y su compromiso a largo plazo con las víctimas de la guerra, mal que les pese a varios, la convierten en un actor clave para la reconstrucción del tejido social y la promoción de la reconciliación.
En este punto, entonces, es crucial discernir la naturaleza fundamentalmente diferente de los conflictos precitados, pues esta distinción impacta directamente en las posibilidades y estrategias de mediación. La guerra en Ucrania, si bien con profundas raíces históricas y geopolíticas, se desarrolla principalmente entre naciones de tradición cristiana, aunque con identidades nacionales y lealtades estatales claramente diferenciadas. Las afinidades culturales y religiosas, paradójicamente, no han evitado la escalada de la violencia, pero podrían ofrecer ciertos puntos de anclaje para un futuro diálogo, apelando a valores cristianos compartidos de paz y fraternidad, como sugiere la ética global de Küng.
En contraste, el conflicto entre Israel y el mundo islámico en torno a Gaza posee una dimensión religiosa y territorial intrínsecamente entrelazada. Las disputas por la tierra están profundamente imbuidas de narrativas religiosas e identidades colectivas moldeadas por siglos de historia y fe. En este contexto, la presencia cristiana en Jerusalén, lugar sagrado para las tres religiones abrahámicas, puede ser vista como la de un pueblo que vive “en medio” de árabes y hebreos. Esta posición única, aunque históricamente marcada por la vulnerabilidad, también ofrece un potencial para el entendimiento y la mediación, al compartir lazos históricos y geográficos con ambas partes.
Como argumenta Küng, el diálogo interreligioso informado y respetuoso es fundamental para abordar los conflictos con raíces religiosas tan profundas. La Iglesia católica, con su presencia histórica en Tierra Santa y sus relaciones con líderes religiosos de ambas partes, podría desempeñar un rol facilitador en la creación de espacios de encuentro y diálogo que trasciendan las narrativas de confrontación, tan promocionadas por los rentados medios de comunicación.
Ante este intrincado panorama, León XIV podría considerar una estrategia multifacética. En primer lugar, intensificar los llamados a un cese al fuego inmediato y a la protección de la población civil, elevando su voz contra la barbarie de la guerra sin reglas que se está llevando a cabo en estos días. En segundo lugar, ofrecer los buenos oficios de la Santa Sede como espacio neutral para el diálogo entre las partes en conflicto, explorando canales diplomáticos discretos que permitan construir confianza y buscar puntos de encuentro. En tercer lugar, es crucial fortalecer la red de organizaciones católicas presentes en el terreno, brindando ayuda humanitaria y acompañamiento a las víctimas, testimoniando así el rostro compasivo de la tradición eclesial. Finalmente, se podría impulsar iniciativas de diálogo interreligioso a nivel local e internacional, buscando aliados en otras tradiciones de fe para construir un frente común por la paz, recordando la premisa de Küng sobre la interconexión entre la paz religiosa y la paz mundial.
Sin embargo, queridos lectores, está claro que la efectividad de esas posibles acciones dependerá crucialmente de la receptividad de los líderes políticos y de la voluntad de las partes en conflicto para trascender sus intereses particulares en aras de un bien mayor. La tarea que aguarda a León XIV es ardua y desafiante, pero la autoridad moral que todavía encarna y la tradición de búsqueda de la paz de la Iglesia le otorgan una ventana de oportunidad para sembrar la esperanza en un mundo quebrado por la violencia. Su voz, clamando por la justicia y la reconciliación, puede resonar en las conciencias y recordar a la humanidad su vocación fundamental a la fraternidad y a la construcción de un futuro donde la paz no sea una utopía, sino una realidad tangible que todos, en cualquier punto del globo, nos merecemos.
Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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Politólogo Óscar Martínez Peñate afirma que ARENA y FMLN desaparecerán en las urnas

El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
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«Invertir en educación es la base del desarrollo», afirma el analista René Martínez

El analista y sociólogo, René Martínez, consideró que la inversión del presidente Nayib Bukele en educación se ha convertido en la base para el desarrollo social del país, un aspecto que, según él, fue descuidado durante décadas por los gobiernos anteriores, generando desigualdad social.
Martínez explicó que la falta de inversión en el sector educativo dejó en desventaja a muchos estudiantes y graduados del sistema público. Sin embargo, actualmente, después de fortalecer la seguridad pública, el gobierno apuesta por la educación de las futuras generaciones.
«Para mí, la apuesta principal de la gestión del presidente es la educación pública, porque permitirá superar problemas de desigualdad social y construir una cultura política democrática diferente», afirmó Martínez durante la Entrevista AM de Canal 10.
El sociólogo resaltó el programa Dos Escuelas por Día, mediante el cual el gobierno moderniza y revitaliza los centros educativos a nivel nacional, convirtiéndolos en espacios atractivos que motivan a los estudiantes a estudiar.
Martínez también criticó que, en gobiernos anteriores de ARENA y FMLN, los centros educativos eran entregados a pandillas como parte de negociaciones territoriales, afectando el acceso a la educación. «Cada pandilla tenía que contar con su centro escolar en su territorio», señaló.
Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
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¿Hay soberanía si dependemos de una moneda extranjera?

Por: Lisandro Prieto Femenía
“Una verdadera soberanía financiera implica que el Estado no dependa de fuentes externas de financiación que puedan condicionar sus decisiones de política interna”: Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962, p. 84.
La noción de soberanía nacional se erige como uno de los pilares fundamentales del orden político internacional. En su acepción más básica, remite a la autoridad suprema e independiente de un Estado para ejercer poder dentro de su territorio y relacionarse con otros actores internacionales sin injerencias externas. Pues bien, esta soberanía política, intrínsecamente ligada a la capacidad de autodeterminación y al ejercicio pleno de la voluntad de cada pueblo, se ve peligrosamente erosionada cuando la autonomía económica de una nación se encuentra subyugada a las dinámicas y decisiones de potencias extranjeras, particularmente a través de la dependencia de su moneda.
Para comprender la profundidad de este problema, es necesario que comencemos a desglosar el concepto de soberanía, desde un punto de vista político. Jean Bodin, en su obra “Los seis libros de la república” (1576), definió la soberanía como “el poder absoluto y perpetuo de una República”, indicando que es potestad indivisible e inalienable era la esencia misma del Estado la facultad última de legislar, administrar justicia, declarar la guerra y establecer la paz. Si bien la concepción de soberanía ha evolucionado desde el siglo XVI, la idea central de un poder supremo interno, no sujeto a otro poder terrenal, sigue siendo relevante.
Asimismo, Carl Schmitt señala, en su obra “El concepto de lo político” (1932), que la soberanía reside en la capacidad de decidir sobre el “estado de excepción”, es decir, aquel límite donde las normas ordinarias son completamente suspendidas, revelando la autoridad última que define la existencia política de una comunidad. Si el concepto les resulta extraño, sólo tienen que pensar en lo sucedido durante la cuarentena reciente, producto de la pandemia por CODIV-19: el Estado, en su potestad superior, decide cerrar fronteras, restringir la circulación y obligar, con fuerza de ley, a todos los ciudadanos a permanecer en sus hogares.
Ahora bien, esta soberanía política se torna frágil e incompleta si no se sustenta en una sólida soberanía económica. La capacidad de una nación para gestionar sus propios recursos, definir sus políticas productivas, comerciales y financieras, y controlar su destino económico, es un componente esencial de su autonomía real. Al respecto, Friedrich List argumentaba, en su “Sistema nacional de economía política” (1841), que la “fuerza productiva” de una nación, que incluye no sólo sus recursos naturales sino también su capital humano, su tecnología y su capacidad de organización, es la base de su independencia y prosperidad. Pues qué belleza, suena bastante bien, pero en el plano trágico de lo real, la dependencia económica forzada, especialmente la dependencia monetaria, socava esta fuerza productiva y limita severamente la capacidad de un Estado para ejercer su soberanía política de manera efectiva.
La adopción forzada o la internalización estructural de una moneda extranjera como resguardo de valor de la reserva nacional, en este caso el dólar estadounidense, constituye una profunda herida a la soberanía económica. Tengamos en cuenta que, cuando un país no tiene la capacidad de controlar el valor de su propia moneda con credibilidad y estabilidad, se ve obligado a navegar en un mar económico cuyas corrientes son definidas por las decisiones de otro Estado. Como afirmaba el tan criticado por los libertario John Maynard Keynes, en su obra titulada “Las consecuencias económicas de la paz” (1919), “no hay medio más sutil y seguro de subvertir la base existente de la sociedad que corromper su moneda. Este proceso compromete todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción, y lo hace de una manera que nadie es capaz de diagnosticar”. Aunque Keynes se refería particularmente a la inflación, su advertencia sobre la vulnerabilidad inherente a la manipulación monetaria resuena con la dependencia que tiene un país de una moneda emitida en el extranjero.
La realidad para muchos países, especialmente en Hispanoamérica y el mundo “en desarrollo”, es que sus economías operan obligadas bajo la sombra del dólar. Las transacciones internacionales se realizan predominantemente en esta divisa, los precios de las commodities se fijan en dólares, y las reservas de valor de sus bancos centrales se acumulan, en casi su totalidad, en esta moneda. Consecuentemente, la dolarización, ya sea formal o informal, implica que las políticas monetarias y las decisiones económicas que toma la Reserva Federal de los Estados Unidos tienen un impacto directo y significativo en la estabilidad de estas naciones. Tengamos en cuenta que un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos puede generar fugas de capitales, devaluaciones de las monedas locales y crisis de deuda en países dependientes del dólar. Sin ir más lejos, hoy podemos apreciar cómo la política comercial “proteccionista” estadounidense afecta negativamente las exportaciones y el crecimiento económico de estas naciones, porque en esencia, se transfiere una porción significativa de la capacidad de decisión económica a un actor externo, limitando así la autonomía para implementar políticas que respondan a las necesidades internas.
Teniendo en cuenta lo precedentemente enunciado, resulta, cuanto menos, paradójico, e incluso ridículo, observar cómo los países que están dotados de abundantes y valiosos recursos naturales, con una riqueza intrínseca en sus tierras, minerales, energía y biodiversidad, se ven obligados de mendigar estabilidad económica a través de la adopción tácita o explícita de una moneda extranjera. La imagen de una nación rica en recursos, pero económicamente vulnerable a cada estornudo financiero de Washington, es un claro síntoma de una soberanía incompleta que a nadie parece molestarle, o también, una autonomía mutilada por la dependencia monetaria a la que jamás nos debimos acostumbrar.
Ahora bien, les pregunto, queridos lectores, ¿cómo es posible que un país con vastas reservas de litio, petróleo, cobre y tierras fértiles deba su estabilidad económica a la política monetaria de otro Estado que quizá carece de esos mismos recursos en la misma magnitud? Evidentemente, esta situación revela una profunda asimetría de poder, donde la capacidad de emitir la moneda de reserva global otorga una influencia desproporcionada a la nación emisora, permitiéndole externalizar costos y condicionar las políticas de otros.
En este punto de la reflexión, creo que es necesario indicar que la dependencia del dólar no es un fenómeno natural ni inevitable. Se trata, más bien, del resultado de procesos históricos, de relaciones de poder desiguales y, en muchos casos, de la internalización de un paradigma económico que prioriza la estabilidad nominal anclada a una moneda “fuerte” extranjera por encima de la construcción de una moneda nacional robusta y creíble. Esta situación de dependencia por imposición también ha perpetuado un círculo vicioso: la falta de confianza en la moneda local impulsa la dolarización, y la dolarización debilita aún más la capacidad de cada Estado para gestionar su propia política monetaria y construir confianza.
Para comprender de manera cabal el asunto de la autonomía financiera, procedamos a interpretar algunos ejemplos históricos de soberanía monetaria. Si bien la dependencia del dólar estadounidense como moneda de reserva y ancla de valor es una realidad extendida, existen ejemplos de naciones que han logrado construir y mantener sus monedas fuertes, preservando así una mayor autonomía en su política económica y fortaleciendo su soberanía. En estos casos vamos a ver claramente que la dependencia no es un destino inevitable, sino una condición que puede ser trascendida mediante políticas económicas prudentes, instituciones sólidas y una visión estratégica a largo plazo.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el del Reino Unido y su Libra Esterlina (GBP). A lo largo de su historia, el Reino Unido construyó un imperio comercial y financiero cuya moneda llegó a ser la principal divisa de reserva mundial. Si bien su preeminencia disminuyó con el ascenso del dólar tras la Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina ha mantenido su estatus como una moneda importante a nivel global. El Banco de Inglaterra, con una larga tradición de independencia y credibilidad, ha desempeñado un papel crucial en la gestión de la política monetaria y en el mantenimiento de la estabilidad de la libra.
A pesar de sus fluctuaciones y los desafíos económicos, el Reino Unido ha conservado la capacidad de emitir y controlar su propia moneda, utilizándola como una herramienta fundamental de su política económica y sin depender de una moneda extranjera para sustentar su valor. En este caso puntual, se demuestra que una historia de estabilidad, instituciones fuertes y una gestión económica autónoma pueden consolidar una moneda nacional robusta.
La libra esterlina, como moneda fiduciaria moderna, no tiene un sustento material directo, como el oro o la plata. Su valor se basa en la confianza que el público y los mercados tienen en la economía del Reino Unido, en la estabilidad de sus instituciones (especialmente del Banco de Inglaterra) y en la política monetaria que implementa. Históricamente, la libra estuvo ligada a metales preciosos, particularmente a la plata (de ahí el término “esterlina”, que se asocia a la pureza de la plata). En el siglo XIX y principios del XX, adoptó el patrón oro, donde la libra era convertible a una cantidad fija de oro, aunque este sistema se abandonó definitivamente en 1931.
Actualmente, la libra esterlina se emite contra activos que posee el Banco de Inglaterra: deuda pública (comprando bonos emitidos por el gobierno británico, inyectando libras en la economía); reserva de divisas (manteniendo reservas en otras monedas como dólares o euros) y compra-venta de las mismas para influir en la cantidad de libras en circulación y otros activos. Es importante entender que en el sistema fiduciario actual, el valor de una moneda no reside en un bien físico subyacente, sino en la gestión responsable de la política monetaria por parte del banco central, la fortaleza de la economía que la respalda y la confianza general en su estabilidad como medio de intercambio y depósito de valor.
El precitado ejemplo demuestra que la construcción de una moneda fuerte y la reducción de la dependencia de divisas extranjeras son objetivos alcanzables. Eso sí, requieren de un compromiso sostenido en el tiempo con la estabilidad económica, la construcción de democracias e instituciones creíbles y la implementación de políticas que fomenten la confianza en la moneda nacional. Si bien el camino es complejo y lleno de desafíos, la recompensa en términos de autonomía económica y soberanía nacional es innegable, en tanto que estas naciones han podido demostrar que es posible navegar la economía global con una moneda propia como ancla de valor, en lugar de depender de la voluntad y capricho de otros.
En pocas palabras, está claro que haber renunciado a la plena soberanía monetaria nos ha implicado ceder una herramienta fundamental para el desarrollo económico, independientemente de que estemos nadando en oro, petróleo o litio. Un Estado con control sobre su moneda puede utilizarla para estimular la demanda interna, financiar sus proyectos de inversión, gestionar la inflación y responder a los shocks económicos de manera autónoma. La dependencia del dólar ata las manos de los gobiernos, limitando su capacidad para implementar políticas contracíclicas efectivas y para promover un desarrollo económico que responda a las necesidades específicas de su población.
Creo que, al menos desde la perspectiva que hemos mostrado hoy aquí, la búsqueda de una soberanía plena y una autonomía real exige un esfuerzo consciente por reducir la dependencia que tenemos de la moneda extranjera. Esto no implica necesariamente caer en un aislamiento económico, sino en propiciar la construcción de una moneda nacional fuerte y estable, respaldada por una economía diversificada y productiva, y por instituciones sólidas y transparentes que no utilicen los Bancos Centrales como fábrica de hacer billetes según su conveniencia populista. Sólo así, los países ricos en recursos podrán traducir esa abundancia natural en bienestar para sus ciudadanos, sin verse constantemente amenazados por las decisiones económicas que toma el presidente psicópata de una potencia extranjera. La verdadera soberanía reside, entonces, en la capacidad de decidir nuestro propio destino, incluyendo, por supuesto, el destino de la propia moneda.
Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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