Judicial
ÚLTIMA HORA: Bukele se declara culpable de calumnia contra Eugenio Chicas y concilia pago de $50 mil dólares
«Pido disculpas públicas al señor Eugenio Chicas por las opiniones vertidas en una entrevista de televisión», dijo el presidente electo en el juicio en su contra por calumnia.
“Permítame asumir los cargos y usted imponga la pena que usted considere”, dijo Bukele al juez de Sentencia previo a llegar a un acuerdo con Eugenio Chicas.
El presidente electo Nayib Bukele se declaró culpable de calumnia en perjuicio del ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
Las partes conciliaron por disculpas públicas frente al juez y la entrega de $50,000 a Chicas.
Chicas interpuso la demanda contra Bukele luego que el exalcalde dijera, el 17 de octubre del 2017 en televisión, que el entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia violó a «su hija de crianza» sin que el partido oficialista se pronunciara al respecto. Chicas negó esas acusaciones desde el principio.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. A pesar que Bukele aseguró que no se disculparía con Chicas, finalmente las partes conciliaron por disculpas públicas frente al juez y la entrega de $50,000 al ex secretario. Bukele pidió una hora para entregar dinero.
«Por este medio hago una disculpa pública al señor Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a mencionar el tema», fueron las palabras que Bukele pronunció ante el juez.
Chicas dijo sentirse “totalmente satisfecho”. “Mucha alegría para mi familia, para mí, porque se ha hecho justicia por varias razones. En sede judicial ante juez se ha arribado a acuerdo que tiene tres componentes. El primer componente es el de una disculpa pública que se registra en acta ante sede judicial, en segundo lugar por compromiso público de no volverse a referir sobre el tema; compromiso que además de ser público consta en acta en sede judicial ante juez, y en tercer lugar lo de menor hecho es el 50 por ciento de la demanda que originalmente se había planteado. En definitiva es un hecho importante por todos los gastos en que hemos incurrido, pero más que todo es un hecho de justicia”, expresó.
Según el artículo 177 del Código Penal, «el que atribuyere falsamente a una persona la comisión de un delito o la participación en el mismo, será sancionado con multa de cien a doscientos días multa».
En principio, Bukele dijo que había decidido asistir sin sus abogados, pero luego el juez dio a conocer que los defensores Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires habían renunciado.
El Tribunal otorgó un receso para que Bukele nombrara un nuevo defensor para luego declararlo culpable. La abogada Bertha María De León, quien lo defendía al principio, retomó el cargo.
Bukele había solicitado una suspensión del proceso en su contra argumentando que contaba con fuero al ser elegido presidente; algo que el juez rechazó aclarando que aún no asume el cargo sino hasta el 1 de junio próximo y ordenó, por segunda vez, realizar el juicio este jueves 7 de marzo.
La defensa de Bukele había presentado una declaración jurada de la esposa de Chicas en la que supuestamente se respaldaban las aseveraciones de Bukele; sin embargo, el juez desestimó el documento como prueba y ordenó que ella acudiera a testificar al juicio.
La testigo denunció que era víctima de amenazas y hostigamiento y solicitó medidas de protección. Ahora, Bukele dijo que “lastimosamente” el sistema negó dar protección y que por tanto ya no presentará testigos.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
