Judicial
ÚLTIMA HORA: Bukele se declara culpable de calumnia contra Eugenio Chicas y concilia pago de $50 mil dólares
«Pido disculpas públicas al señor Eugenio Chicas por las opiniones vertidas en una entrevista de televisión», dijo el presidente electo en el juicio en su contra por calumnia.
“Permítame asumir los cargos y usted imponga la pena que usted considere”, dijo Bukele al juez de Sentencia previo a llegar a un acuerdo con Eugenio Chicas.
El presidente electo Nayib Bukele se declaró culpable de calumnia en perjuicio del ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
Las partes conciliaron por disculpas públicas frente al juez y la entrega de $50,000 a Chicas.
Chicas interpuso la demanda contra Bukele luego que el exalcalde dijera, el 17 de octubre del 2017 en televisión, que el entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia violó a «su hija de crianza» sin que el partido oficialista se pronunciara al respecto. Chicas negó esas acusaciones desde el principio.
El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. A pesar que Bukele aseguró que no se disculparía con Chicas, finalmente las partes conciliaron por disculpas públicas frente al juez y la entrega de $50,000 al ex secretario. Bukele pidió una hora para entregar dinero.
«Por este medio hago una disculpa pública al señor Eugenio Chicas por mis opiniones vertidas en televisión y me comprometo a no volver a mencionar el tema», fueron las palabras que Bukele pronunció ante el juez.
Chicas dijo sentirse “totalmente satisfecho”. “Mucha alegría para mi familia, para mí, porque se ha hecho justicia por varias razones. En sede judicial ante juez se ha arribado a acuerdo que tiene tres componentes. El primer componente es el de una disculpa pública que se registra en acta ante sede judicial, en segundo lugar por compromiso público de no volverse a referir sobre el tema; compromiso que además de ser público consta en acta en sede judicial ante juez, y en tercer lugar lo de menor hecho es el 50 por ciento de la demanda que originalmente se había planteado. En definitiva es un hecho importante por todos los gastos en que hemos incurrido, pero más que todo es un hecho de justicia”, expresó.
Según el artículo 177 del Código Penal, «el que atribuyere falsamente a una persona la comisión de un delito o la participación en el mismo, será sancionado con multa de cien a doscientos días multa».
En principio, Bukele dijo que había decidido asistir sin sus abogados, pero luego el juez dio a conocer que los defensores Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires habían renunciado.
El Tribunal otorgó un receso para que Bukele nombrara un nuevo defensor para luego declararlo culpable. La abogada Bertha María De León, quien lo defendía al principio, retomó el cargo.
Bukele había solicitado una suspensión del proceso en su contra argumentando que contaba con fuero al ser elegido presidente; algo que el juez rechazó aclarando que aún no asume el cargo sino hasta el 1 de junio próximo y ordenó, por segunda vez, realizar el juicio este jueves 7 de marzo.
La defensa de Bukele había presentado una declaración jurada de la esposa de Chicas en la que supuestamente se respaldaban las aseveraciones de Bukele; sin embargo, el juez desestimó el documento como prueba y ordenó que ella acudiera a testificar al juicio.
La testigo denunció que era víctima de amenazas y hostigamiento y solicitó medidas de protección. Ahora, Bukele dijo que “lastimosamente” el sistema negó dar protección y que por tanto ya no presentará testigos.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
