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Todo «casi listo» para inicio de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023
A menos de dos semanas de la edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, todo parece marchar de manera correcta para su celebración. El Salvador, sede del evento avanza de manera acelerada para tener listos los últimos detalles, al igual que la República Dominicana, la cual es sub-sede de la competencia internacional y tendrá algunas de las competiciones que se disputarán durante la misma.
El Salvador surgió como una sede de último minuto, debido a la cancelación por parte de la anterior sede, lo que dio poco tiempo para la preparación del evento, sin embargo Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, organización que lleva vela por la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, conversó con los medios de prensa en la República Dominicana, asegurando que todo está prácticamente listo para la competición que se estará llevando a cabo entre el 23 de junio y el 8 de julio.
Mejía Oviedo indicó dos temas importantes a tener en cuenta con relación a la vigesimocuarta edición de los premios. El primero de ellos es que a pesar de que la fecha inaugural es el 23 de junio, dos días antes, tenis de mesa, voleibol de playa y boxeo iniciarán con su primera fase. El segundo y todavía más relevante tema, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 otorgan clasificación directa a los XIX Juegos Panamericanos de Chile, que se disputarán entre octubre y noviembre de este año.
Una de las preguntas realizadas por la prensa presente es si República Dominicana se encuentra en condiciones de ser sub-sede, debido al estado en que muchas de sus instalaciones se encuentran. Mejía Oviedo detalló que se han hecho importantes inversiones en reparación de instalaciones y en el área de la Villa Olímpica.
“Se le han estado dando los toques finales a la sede de Santo Domingo, se han hecho transformaciones. Se cambió el piso de las canchas de racquetbol y hockey sobre césped. Este último no se cambiaba desde 2003. Se le entregaron máquinas nuevas a las instalaciones de tiro al plato y se ha acondicionado el Estadio Olímpico Félix Sánchez para recibir pentatlón”, señaló el presidente de Centro Caribe Sports.
Mejía Oviedo no entró en detalles de la inversión económica que se está realizando en estos momentos, pero sí indicó que las mismas servirán para 2026, cuando República Dominicana será la sede principal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Finalmente, se tocó el tema de la seguridad en San Salvador. Mejía Oviedo elogió al presidente de El Salvador por el trabajo de seguridad que se ha hecho, realizando una anécdota personal de las últimas veces en que ha tenido que viajar, por lo que aseguró que San Salvador es segura y que tendrán al personal necesario en las instalaciones para velar porque la competencia también lo sea.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
