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Presidente Bukele afirma ya se embargaron $4 millones a ASTALDI
Ayer martes 4 de agosto, el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, visitó la presa El Chaparral, en San Luis de la Reina, San Miguel, para verificar los avances de la Obra.
El mandatario informó que su administración ha logrado recuperar $4 millones de los $108.5 millones que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagó, en julio de 2012, a la empresa italiana ASTALDI, que fue contratada hace más de 10 años para ejecutar la presa El Chaparral.
“Además de los importantes avances que llevamos en la obra, más de un 20% sólo en nuestro primer año de Gobierno, quiero informarle a los salvadoreños que ya recuperamos $4 millones que el gobierno de Funes le pagó a Astaldi como parte de un arreglo directo que fue un claro ejemplo de su corrupción: esto es algo que se logró luego de que pedimos ser parte de la querella porque esto afectó al país y a su gente”, expresó Bukele.
En diciembre del 2019, el Juzgado Noveno de Instrucción se trasladó de San Salvador a San Luis de La Reina, en San Miguel. El propósito era analizar el estado actual de los bienes que la empresa Astaldi dejó en la presa hidroeléctrica El Chaparral, ligada a una red de sobornos que, según la Fiscalía General de la República (FGR), encabezó el expresidente Mauricio Funes, en 2012.
Bukele confirmó que la OEA-CICIES está en la fase final de la auditoria sobre la corrupción y las irregularidades de los gobiernos del FMLN sobre El Chaparral y que el informe “robustecerá” la investigación fiscal en curso que va por buen camino porque la FGR ha estado “muy activa y participativa”.
“Vamos a recuperar todo lo robado, la Fiscalía ha estado diligente y la OEA-CICIES está por terminar el reporte final para incorporarlo a la querella de la que formamos parte, ese documento de auditoría será internacional y será vinculante al caso penal que lleva el Ministerio Público”, agregó.
El jefe de Estado informó que El Chaparral “dejará de ser un monumento a la corrupción”; así como también comunicó, que su Gobierno lo terminará en marzo del próximo año (la obra civil) para generar energía limpia y renovable para más de 200,000 familias en todo el país, junto con obras sociales, y proyectos de desarrollo económico y bienestar para los municipios de San Luis de La Reina y Carolina, en San Miguel.
“La corrupción de los gobiernos del FMLN sobre El Chaparral es tan increíble que ni pudieron construir las obras sociales, las calles, las clínicas y las escuelas para beneficiar a los lugareños, todo eso cambiará porque ya destinamos partidas presupuestarias para ayudar a la gente y se está trabajando con total transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó el gobernante.
Por su parte, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, aseguró que el avance realizado durante un año es de un 20.51%, y en total, el proyecto cuenta con un avance de 87.07 %.
“Con la pandemia, por más de cinco meses, logramos tener un avance significativo» (en la presa El Chaparral), manifestó Álvarez.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
