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Petición de quince días de cuarentena cumple un mes en Asamblea Legislativa
El 24 de junio pasado funcionarios de Casa Presidencial llegaron a la Asamblea Legislativa con la petición de una Ley de Régimen de Excepción que permitiera al gobierno poder contener la escalada, que tras el limbo jurídico en el que ya estaba el país, pudiese volver a confinar a una población cada vez más abocada a las calles.
Los diputados en ese momento, solicitaron de nuevo a los funcionarios que se volvieran a reunir para poder discutir el tema, pese a que ya habían pasado encerrados por largas jornadas por seis días, analizando y discutiendo acaloradamente cada uno de los artículos de una ley, que nació muerta.
La respuesta desde el ejecutivo ha sido contundente, no van a sentarse a discutir de nuevo en el reciento legislativo, puntos que ya están claros y que, en su interpretación, solo busca dilatar el tiempo, mientras los hospitales están al punto del desborde.
La petición del ejecutivo lleva un mes en la espera de que se debata en el pleno, hace 21 que la Comisión Política dijo que dejaba abierta su cesión de trabajo para abordar el tema.
Ayer se agregó otro ingrediente a este complicado panorama, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite la controversia constitucional sobre el decreto legislativo 661 que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia covid-19, por petición del ejecutivo.
El decreto fue aprobado el 11 de junio y posteriormente fue vetado por el presidente Nayib Bukele bajo con argumentos de inconstitucionalidad en los artículos 16 y 17 que regulan las actividades permitidas en diferentes fases de reapertura.
Lo agravante del caso, es la Sala da 10 días a ambos órganos del Estado, para que expongan y expliquen el porqué de su decisión, mientras tanto el Ministerio de Salud seguirá sin herramientas para contener a la población, que evidentemente no atiende las indicaciones, ni las peticiones de no salir de casa si no es necesario.
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este viernes, la captura de José David Machado Alvarado, de 27 años de edad, quien es el responsable de cometer un homicidio el jueves por la noche en Usulután, Usulután Este.
La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego.
La PNC detalló que dicha arma fue localizada envuelta en una bolsa plástica y cubierta con piedras.
Machado Alvarado fue arrestado en el distrito de Ozatlán, Usulután Este. Además, será remitido por el delito de homicidio.
«En El Salvador ningún crimen queda impune», enfatizó la PNC.
