Judicial
Juzgado finaliza audiencia preliminar en caso “Harrison”
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” finalizó esta mañana con la audiencia preliminar contra 123 imputados presentes, acusados por organizaciones terroristas, homicidios agravados, feminicidios, extorsión, financiación por actos de terrorismo y 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros.
En un inicio la diligencia estaba programada para que terminara hasta el 23 del presente mes, sin embargo, se logró terminar antes. La jueza interina manifestó que las partes técnicas y los imputados sabrán del resultado a las 8:30 a.m. de este próximo 6 de diciembre.
Dentro de las investigaciones existen tres casos de homicidio agravado. Uno de ellos fue en José Rafael Rodríguez Guzmán, de 45 años, a quien mataron por ser miembro de la pandilla contraria. Este hecho ocurrió el 7 de abril de 2015 en la colonia Harrison en San Jacinto. Asimismo, parte de los facinerosos mataron a un hombre no identificado, conocido por “El Hermano del 18”, en el interior de una casa destroyer, ubicada en la zona de la estructura.
Mientras tanto, 7 de octubre de 2016, en el interior del pasaje Subay, en San Jacinto, mataron a Walter Alexander Villeda Martínez, quien laboraba como ordenanza de la Policía Nacional Civil (PNC). Por último, parte de los 123 imputados, mató a Bryan Abraham Menjívar, el 10 de mayo de 2017. A él le dispararon porque se dedicaba a la venta de drogas en la zona limítrofe entre la colonia Santa Marta y Harrison, también pertenecía a una estructura contraria.
A parte de esos hechos hay tres casos de feminicidio agravado. Uno de ellos fue en Heidi Yesenia Flores Benítez, a finales de febrero de 2017 en la zona de la colonia Santa Marta. El móvil del crimen se dio porque, según los imputados, la víctima se quedaba con el dinero de la renta. Además, tenía relaciones con varios miembros de la estructura, sin embargo, antes había sido compañera de vida de Gabriel Alexis Osorio Umanzor, apodado como “El Ángel”, quien falleció antes que la PNC capturara a los pandilleros. A la víctima la dejaron un basurero, ubicado sobre calle a Huizúcar; días más tarde solo se encontraron osamentas y mediante estudios se determinó que se trataba de ella.
Asimismo, los facinerosos le dispararon a Josseline Guadalupe Morales Sánchez, el 25 de junio de 2017, en el redondel Poma en Antiguo Cuscatlán. El móvil fue idéntico al caso anterior y también querían dejar el cadáver de la ofendida en el mismo basurero, pero, debido a que la PNC montó un dispositivo en la zona, puesto que mediante llamadas telefónicas se supo del hecho, la bajaron del vehículo y luego le dispararon. Previo a eso la violaron sexualmente.
Por último, los acusados la atentaron contra la vida de Ana Cecilia Muñoz de Márquez. A ella la mató la estructura que opera en la colonia 22 de Abril. A través de una coordinación entre la “clica” de Harrison y la ya mencionada la mataron. El móvil se desconoce. Según la FGR, estos casos son feminicidios agravados puesto que se establecen los presupuestos de la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer tales como el menosprecio hacia el ente femenino, además, que consideraron que no son útiles las jóvenes para sus objetivos; también que las motivaciones son repetitivas y que los actores de los crímenes son más de dos.
Por otro lado, en lo que respecta a los 29 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, la Fiscalía manifestó que los objetivos eran matar a motoristas y cobradores de la ruta 45-AB, la cual hace su recorrido entre Apopa y Metrocentro. En la parada de conocida como “Centro Cultural” los acusados le dispararían a sus víctimas porque, según ellos, pertenecen a la pandilla contraria. Entre otros, casos., planeaban matar a una trabajadora del sexo, sobre la calle Gabriela Mistral, ya que supuestamente vendía drogas y era competencia para los imputados. De igual forma, se disponían a dispararle a un vigilante de un centro nocturno, ubicado sobre el boulevard de Los Héroes. Aparentemente se habían aliado con la estructura de la mencionada calle.
Agentes de la PNC les capturaron a los imputados en un operativo en la colonia Harrison en agosto de 2017.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
