Judicial
Una joven hizo el peor viaje de su vida al ser abusada sexualmente por dos sujetos
Como de costumbre, Brenda (nombre cambiado por protección a la víctima) tomó una unidad del transporte colectivo de la ruta 3-A para desplazarse, por lo que a las 7:00 de la mañana del 23 de enero de 2017 un encuentro con un descocido en un bus le cambió la vida por completo.
La joven abordó el bus en una estación situada en las cercanías de la colonia Atlacatl. Más adelante, José Adrián López, de aproximadamente 40 años de edad, también abordó el mismo medio de transporte.
Según el testimonio de la joven. el sujeto vio a Brenda, por lo que se sentó cerca de ella, pero a la menor oportunidad este se logró pasar a un asiento que lo dejó frente a la mujer.
La joven escuchó por parte de López una inusual pregunta que la dejó nerviosa: “¿Pertenecés a la MS?”.
El sujeto le indicó que él pertenecía a la pandilla 18 y le preguntó por qué se había puesto tan intranquila. De repente, López la tomó bruscamente del brazo y le ordenó que se bajara del bus, que hiciera como que lo conocía, porque de lo contrario la mataría.
En ese momento, Brenda recordó que nueve meses atrás vio a este mismo sujeto en otro bus, de la ruta 7-C, y portaba un arma de fuego. Por lo que sintió más temor y decidió obedecer sus órdenes al pie de la letra.
López le silbó al conductor de la 3-A para que detuviera la marcha, por lo que logró bajar a su víctima en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. En ese sitio, había una camioneta color gris esperando por ambos.
“Es una chera”, dijo López a José Martín Alvarado, el sujeto que condujo el automotor en donde Brenda fue ingresada a la fuerza.
El recorrido no pudo ser observado por la afectada, debido a las constantes amenazas que López ejercía en ella, aunado a las agresiones físicas a las que fue sometida durante el trayecto en el que solo pudo reconocer el parque Centenario, situado en la calle Juan Pablo II, en San Salvador.
El incómodo viaje culminó en un hospedaje, sitio en donde la mujer fue ingresada a una habitación, en donde ambos hombres procedieron a violarla.
Tras cometer los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa –violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas- amenazaron a Brenda con matarla a ella y a su familia si interponía una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), pues tenían los datos de su Documento Único de Identidad (DUI).
Luego de culminado el delito, la mujer fue ingresada nuevamente al vehículo y cinco minutos después fue bajada en la avenida Independencia para que retomara su camino.
El proceso judicial
Los dos sujetos fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos fueron procesados judicialmente, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia fue el que desarrolló el juicio, donde se conocieron los hechos y el testimonio de la víctima.
Tras un acuerdo entre las partes, Alvarado y López fueron juzgados bajo un procedimiento abreviado, por lo que tuvieron que declarar los hechos y aceptar cada uno su culpabilidad con los delitos.
Ante esto, el juez indicó que los dos imputados recibirían un total de seis años de prisión; tres años y 11 meses por el delito de violación agravada y dos años y un mes por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
