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Judicial

Testigos incriminan a Juan Wright y Gerardo Balzaretti en manejo de fondos desviados

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Dos testigos, ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron que Juan Tennant Wright y Gerardo Balzaretti manejaron los $10 millones de un donativo de Taiwán, que el expresidente Francisco Flores desvió de forma ilegal.

Los testigos Carlos Bosa y Federico Ávila Quehl “han venido a fundamentar el tema de Centro de Estudios Políticos relacionando siempre a las personas que tenían firma registrada”, en cuentas del Banco Cuscatlán donde se trianguló el donativo que Francisco Flores desvió ilegalmente, sostuvo el fiscal del caso.

Según el representante del ministerio público, los dos testigos reiteraron que los acusados Juan Tennant Wright, entonces tesorero de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Gerardo Balzaretti, en esa fecha director del Centro de Estudios Políticos José Rodríguez Porth, fueron los que dispusieron de los $10 millones que Taiwán donó para los damnificados por los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.

En el proceso judicial contra Francisco Flores, la FGR documentó que el donativo de Taiwán se trianguló a una institución financiera en Miami, Estados Unidos, de donde se transfirió a la sucursal del Banco Cuscatlán de Costa Rica y de ahí se depositó en cuentas del citado Centro de Estudios Políticos, para finalmente terminar en cuentas del partido tricolor denominadas “ARENA Día D” y “ARENA Casa por Casa”.

Las investigaciones del ministerio público evidencian que el dinero destinado inicialmente para ayudar a los damnificados por los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001, se empleó para financiar la campaña electoral que llevó a la presidencia de la República a Elías Antonio Saca, quien hoy cumple una condena de 10 años por el delito de lavado de dinero.

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Judicial

Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

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En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.

A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.

Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.

La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.

El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.

Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.

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Judicial

«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

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José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.

Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.

Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.

 

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Judicial

Seis años de cárcel para vendedor de droga

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Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.

En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.

Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.

El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.

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