Judicial
Testigos incriminan a Juan Wright y Gerardo Balzaretti en manejo de fondos desviados
Dos testigos, ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron que Juan Tennant Wright y Gerardo Balzaretti manejaron los $10 millones de un donativo de Taiwán, que el expresidente Francisco Flores desvió de forma ilegal.
Los testigos Carlos Bosa y Federico Ávila Quehl “han venido a fundamentar el tema de Centro de Estudios Políticos relacionando siempre a las personas que tenían firma registrada”, en cuentas del Banco Cuscatlán donde se trianguló el donativo que Francisco Flores desvió ilegalmente, sostuvo el fiscal del caso.
Según el representante del ministerio público, los dos testigos reiteraron que los acusados Juan Tennant Wright, entonces tesorero de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Gerardo Balzaretti, en esa fecha director del Centro de Estudios Políticos José Rodríguez Porth, fueron los que dispusieron de los $10 millones que Taiwán donó para los damnificados por los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.
En el proceso judicial contra Francisco Flores, la FGR documentó que el donativo de Taiwán se trianguló a una institución financiera en Miami, Estados Unidos, de donde se transfirió a la sucursal del Banco Cuscatlán de Costa Rica y de ahí se depositó en cuentas del citado Centro de Estudios Políticos, para finalmente terminar en cuentas del partido tricolor denominadas “ARENA Día D” y “ARENA Casa por Casa”.
Las investigaciones del ministerio público evidencian que el dinero destinado inicialmente para ayudar a los damnificados por los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001, se empleó para financiar la campaña electoral que llevó a la presidencia de la República a Elías Antonio Saca, quien hoy cumple una condena de 10 años por el delito de lavado de dinero.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
