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Judicial

Testigos incriminan a Juan Wright y Gerardo Balzaretti en manejo de fondos desviados

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Dos testigos, ofrecidos por la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron que Juan Tennant Wright y Gerardo Balzaretti manejaron los $10 millones de un donativo de Taiwán, que el expresidente Francisco Flores desvió de forma ilegal.

Los testigos Carlos Bosa y Federico Ávila Quehl “han venido a fundamentar el tema de Centro de Estudios Políticos relacionando siempre a las personas que tenían firma registrada”, en cuentas del Banco Cuscatlán donde se trianguló el donativo que Francisco Flores desvió ilegalmente, sostuvo el fiscal del caso.

Según el representante del ministerio público, los dos testigos reiteraron que los acusados Juan Tennant Wright, entonces tesorero de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Gerardo Balzaretti, en esa fecha director del Centro de Estudios Políticos José Rodríguez Porth, fueron los que dispusieron de los $10 millones que Taiwán donó para los damnificados por los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001.

En el proceso judicial contra Francisco Flores, la FGR documentó que el donativo de Taiwán se trianguló a una institución financiera en Miami, Estados Unidos, de donde se transfirió a la sucursal del Banco Cuscatlán de Costa Rica y de ahí se depositó en cuentas del citado Centro de Estudios Políticos, para finalmente terminar en cuentas del partido tricolor denominadas “ARENA Día D” y “ARENA Casa por Casa”.

Las investigaciones del ministerio público evidencian que el dinero destinado inicialmente para ayudar a los damnificados por los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001, se empleó para financiar la campaña electoral que llevó a la presidencia de la República a Elías Antonio Saca, quien hoy cumple una condena de 10 años por el delito de lavado de dinero.

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Judicial

FGR presenta acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.

Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.

Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.

Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.

El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.

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Judicial

Combate a las pandillas: resumen de las recientes condenas contra estructuras criminales

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El combate frontal contra las pandillas continúa dejando resultados contundentes. En las últimas horas, diferentes tribunales del país emitieron sentencias condenatorias contra varios integrantes de estructuras criminales, responsables de diversos delitos que van desde homicidios agravados hasta extorsión y agrupaciones ilícitas.

Comenzamos…

Condenan a 30 años de prisión a cuatro pandilleros de la MS por homicidio agravado en Santa Ana

Cuatro miembros de la estructura criminal MS fueron condenados a 30 años de cárcel cada uno, tras ser hallados culpables del delito de homicidio agravado. El crimen fue cometido en el departamento de Santa Ana, donde los pandilleros llegaron armados a la vivienda de su víctima y, tras una discusión, le dispararon hasta causarle la vida.

Los sentenciados han sido identificados como Erick Fernando Ruperto García, Nelson Amílcar Polanco Hernández, Carlos Isaías Sánchez García y Jonathan José López Barahona. Según informó la Fiscalía General de la República, los condenados enfrentan además otros procesos judiciales, por lo que sus penas podrían incrementarse en los próximos meses.

Pandillero del barrio 18 condenado a 20 años por extorsión en Santa Ana

A 20 años de prisión fue condenado el pandillero del barrio 18, William Alexander Valencia Salazar, tras demostrarse con abundantes evidencias que extorsionó a una víctima en diciembre de 2021 y enero de 2022. De acuerdo con las investigaciones, Valencia amenazó a su víctima para exigirle grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad física.

Estos hechos ocurrieron en Santa Ana. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de dicho departamento, mientras que Valencia continuará enfrentando otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

 

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Judicial

Cárcel para narcotraficante que operaba en zonas de Mejicanos

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El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar

 

Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.

En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.

Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.

 

La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.

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