Judicial
Pandilleros de la MS son condenados por extorsión agravada
La FGR por medio de la unidad de Patrimonio Privado de la sede en Chalatenango, lograron que el Tribunal de Sentencia de esa ciudad le impusiera a 12 pandilleros de la MS HLS, Hollywood Locos Salvatruchos, condenas a 5 años de prisión cada uno, por el delito de Extorsión, en perjuicio de varias victimas.
Entre los condenados están Nelson Ariel Rivas Alvarado alias “Rebelde” y Cristian Eduardo Salinas Gómez “alias Moreno y Pleso” , dos cabecillas de esa estructura.
Así mismo, Wilber Antonio Turcios Urrutia, alias “Tuerca”, Ever Esaú Pineda García, alias “Cheje”, Elmer Ernesto Linares Lizama, alias “Shifu”, Luis Antonio Merino Aguilar, alias “Diablo”, José Marvin López Menjívar, alias “Gatuso”, Mario Ernesto Escobar, alias “Shuek”, Ovidio Alexander Palma Martínez, alias “Trece”, Rafael Orellana Hércules, alias “Rafiki y Pantera”, Oscar Alexander Oliva Hernández, alias “Mosquito y Chilo”, Alberto José Ramirez Jiménez, alias “Pateada”.
Según la investigación, el delito se cometió en el municipio de San Miguel de Mercedes, Chalatenango, cuando los imputados amenazaban a las víctimas diciéndoles que las iban a matar si no entregaban US$100 mensuales, de renta que les habían impuesto.
La vista pública se desarrolló el pasado 5 de abril 2022, en el Tribunal de Sentencia de esa ciudad, donde el Juez avaló todas las pruebas, documental, pericial y testimonial, ofrecida por la fiscalía, dando el fallo condenatorio de cinco años de prisión para cada uno, también de $300.00 en concepto de responsabilidad civil para a cada uno de los imputados.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
