Judicial
Mujer que enfrenta cargos por estafa en venta de vehículos a través de Facebook es acusada por Setenta y seis personas más
Nuevamente, por el delito de estafa a más de 76 personas, con una venta de carros a través de Facebook, se encuentra acusada Ángela Graciela Canjura Arévalo.
La mujer permanece en la cárcel desde el 20 de noviembre de 2019, cuando fue señalada por primera vez de estafar a 37 personas.
Fue en el Juzgado 5° de Paz de San Salvador donde se instaló la audiencia inicial contra Canjura Arévalo y donde se le leyeron los nuevos casos que deberá enfrentar.
Lo denunciado por las 76 víctimas coincide con que lo expusieron las víctimas anteriores: la mujer operaba una supuesta venta de carros, de nombre Grupo Bellota, ubicado en la calle San Antonio Abad en San Salvador.
La ahora arrestada decía a los interesados que si querían un vehículo debían depositar una prima no menor a los $500 y que las cuotas mensuales iban a variar dependiendo del precio del automotor.
El problema era que después de que los clientes entregaban el dinero, la mujer no les daba los carros ni les devolvía el dinero excusándose con supuestos problemas con los seguros.
Cuando fue capturada, en noviembre de 2019, y presentada a las autoridades judiciales muchas víctimas se acercaron al juzgado para dar detalles de lo ocurrido.
En esa ocasión algunos de los estafados narraron que había personas que habían dado hasta $2,500 de prima.
«Hay víctimas que entregaron de prima hasta 2,500 dólares en efectivo, otras, en cambio, dejaron su vehículo a cambio que la imputada les diera dinero en efectivo, efectuando un primer pago, pero después ya no cancelaba», detalló una fuente fiscal en ese entonces.
El primer caso de estafa contra la mujer es llevado por el Juzgado 7° de Instrucción, por cuya orden está recluida en cárcel de mujeres y el nuevo requerimiento en el Juzgado 5° de Paz, ambos de la capital.
Nota: El Salvador Times
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
