Judicial
Mujer es condenada a 8 años de cárcel por tráfico ilegal de personas
Una condena de 8 años de prisión deberá cumplir una mujer que se venía lucrando del tráfico ilegal de personas indocumentadas, a quienes les aseguraba que llevaría a Los Estados Unidos de América, pero al final todo terminaba en estafas y engaños. Un tribunal la declaró culpable, y le impuso la condena de 8 años de cárcel, más el pago a favor de las víctimas.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Tráfico Ilegal y Trata de Personas dio a conocer que se trata de la señora Ana Silvia Reyes Beltrán, que fue llevada a la vista pública en la que fue encontrada culpable por el delito de Tráfico Ilegal de Personas en perjuicio de dos personas adultas y una menor de edad.
La FGR demostró durante la audiencia que la imputada cometió el delito que se le atribuyó, así como la existencia de este.
Caso que inició en febrero de 2019 cuando una de las víctimas acordó con un traficante de origen mexicano, que sería llevada a la nación norteamericana por un valor de $9,000 y para tal efecto Reyes Beltrán, fue la responsable de sacar del país y guiar a la víctima hasta México. Pero durante el trayecto fue aprehendida por autoridades migratorias norteamericanas que posteriormente la retornaron a nuestro país.
Como reparación del frustrado viaje, le ofrecieron a la ofendida que podrían llevarla nuevamente y esta vez acordaron llevar a una hija de la primera víctima y a su nieta, por lo que le entregaron $1,000 más a la imputada. Fue así como el 17 de mayo de 2019 emprendieron el nuevo viaje, pero también fueron detenidas por las autoridades mexicanas y enviadas a El Salvador.
Fue así como decidieron interponer las denuncias, y al establecer la participación de la imputada fue declarada penalmente culpable en juicio.
Ahora deberá cumplir los 8 años de prisión y además deberá responder con el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil a favor de las ofendidas.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
