Judicial
FOTOS: Fiscalía incautó cuatro inmuebles y 30 vehículos valorados en más de 1 millón de dólares pertenecientes a una estructura delincuencial
Los inmuebles están ubicados en las cercanías de la frontera San Cristóbal y construidos estratégicamente en los límites entre El Salvador y Guatemala para facilitar tanto el paso de mercedaria de forma ilegal, así como el tráfico de personas; dijeron las autoridades fiscales.
En su conjunto los inmuebles tienen un valor aproximado de un millón de dólares, según el jefe de la Unidad Especializada de extinción de Dominio, Alexis Ayala, “lo que se busca con esta incautación de los bienes es evitar que estos sigan siendo utilizados para los delitos de contrabando de mercadería, tráfico ilegal de personas y otros delitos, con lo que se ataca el musculo financiero de la estructura”.
El fiscal explicó que dentro del marco de la ley de extinción de dominio una vez incautados los inmuebles pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, evitando para que estos estén a disposición de las personas que se dedicaban a las actividades ilícitas.
Ayala, agregó que hasta el momento lo incautado son cuatro inmuebles y 30 vehículos y no descartó que durante la investigación que continúa se realicen más incautaciones.
El operativo además ha dejado unas 40 capturas y se ha realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, así como con elementos de la fuerza Armada, PNC y el Ministerio Público de Guatemala.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
