Judicial
FOTOS: Fiscalía incautó cuatro inmuebles y 30 vehículos valorados en más de 1 millón de dólares pertenecientes a una estructura delincuencial
Los inmuebles están ubicados en las cercanías de la frontera San Cristóbal y construidos estratégicamente en los límites entre El Salvador y Guatemala para facilitar tanto el paso de mercedaria de forma ilegal, así como el tráfico de personas; dijeron las autoridades fiscales.
En su conjunto los inmuebles tienen un valor aproximado de un millón de dólares, según el jefe de la Unidad Especializada de extinción de Dominio, Alexis Ayala, “lo que se busca con esta incautación de los bienes es evitar que estos sigan siendo utilizados para los delitos de contrabando de mercadería, tráfico ilegal de personas y otros delitos, con lo que se ataca el musculo financiero de la estructura”.
El fiscal explicó que dentro del marco de la ley de extinción de dominio una vez incautados los inmuebles pasan a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, evitando para que estos estén a disposición de las personas que se dedicaban a las actividades ilícitas.
Ayala, agregó que hasta el momento lo incautado son cuatro inmuebles y 30 vehículos y no descartó que durante la investigación que continúa se realicen más incautaciones.
El operativo además ha dejado unas 40 capturas y se ha realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, así como con elementos de la fuerza Armada, PNC y el Ministerio Público de Guatemala.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
