Judicial
Fiscalía presentó requerimiento contra Siman Jacir por el delito de contaminación ambiental agravada
Foto: Archivo
En lo relativo al caso de contaminación de la quebrada El Piro, fiscales de la Unidad de Delitos de Medio Ambiente presentaron requerimiento en contra de Rolando Jorge Siman Jacir, presidente de la Junta Directiva de Industrias St. Jack’s, por el delito de Contaminación Ambiental Agravada, en perjuicio de la naturaleza y el medioambiente.
De acuerdo a la representación fiscal, Siman Jacir tenía conocimiento que los vertidos que realizaba la empresa estaba contaminando la quebrada El Piro así como las tuberías y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantillados (ANDA).
En ese sentido se explicó que “esta empresa obtuvo el permiso ambiental para operar desde el 2001, y dentro del diagnóstico presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prometieron -la empresa- la construcción de una planta de tratamiento para las aguas residuales de tipo especial que iban a generar como industria”.
Sin embargo, al realizar una serie de auditorías se constató que la empresa no cuenta con la planta para verter aguas contaminadas, es decir que nunca fue construida y que todo este tiempo las aguas residuales de tipo especial eran vertidas a las alcantarilladas sin ningun tipo de tratamiento, por lo que se contaminaban mantos acuíferos del país.
La problemática de no contar con el debido tratamiento de aguas residuales salió a la luz el pasado 4 de julio cuando estos residuos colapsaron y llegaron hacia la quebrada.
La Fiscalía General de la República cuenta con todos los elementos probatorios para demostrar la culpabilidad de Rolando Siman Jacir por contaminación ambiental. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
