Judicial
Expresidente Elias Antonio Saca condenado a 10 años de presión por corrupción

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente, Elías Antonio Saca, a cumplir una pena de 10 años de cárcel por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos por un monto de más $300 millones durante su gestión de 2004-2009.
En este mismo fallo, también fue condenado el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix quien recibió una condena de 10 años de prisión, mientras que César Daniel Funes Durán, Julio Humberto Rank, Jorge Alberto Herrera Castellanos, Francisco Rodríguez Arteaga recibieron una condena de cinco.
En el caso de Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a16 años de prisión
Saca y los demás imputados negociaron con la Fiscalía General de la República (FGR) aceptar un juicio abreviado en su contra, lo que les dio posibilidad de purgar la condena mínima de cárcel por confesar que cometieron los delitos.
De esta manera, Saca se convierte en el primer expresidente de la República de El Salvador en ser condenado penalmente por robar dinero de fondos públicos.
El tribunal de sentencia también estableció que los condenados deberán devolver los $300 millones.
En el caso de Elias Antonio Saca deberá devolver $260,732,171.64, el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, deberá pagar $15 millones de responsabilidad; mientras que el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, deberá devolver $8,381,130.39 y el exsecretario de Juventud, César Funes, tendrá que dar $886,697.97.
Asimismo, el de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Jorge Alberto Herrera Castellanos fue condenado a devolver $3 millones; el jefe de tesorería de la UFI, Francisco Rodríguez Arteaga, tendrá que pagar $7 millones y el auxiliar contable de la UFI, Pablo Gómez, tendrá una responsabilidad civil de $5 millones.
Judicial
Condenan a 10 mareros por atacar a dos hombres por su corte de cabello
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.