Judicial
Expresidente Elias Antonio Saca condenado a 10 años de presión por corrupción
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente, Elías Antonio Saca, a cumplir una pena de 10 años de cárcel por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos por un monto de más $300 millones durante su gestión de 2004-2009.
En este mismo fallo, también fue condenado el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix quien recibió una condena de 10 años de prisión, mientras que César Daniel Funes Durán, Julio Humberto Rank, Jorge Alberto Herrera Castellanos, Francisco Rodríguez Arteaga recibieron una condena de cinco.
En el caso de Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a16 años de prisión
Saca y los demás imputados negociaron con la Fiscalía General de la República (FGR) aceptar un juicio abreviado en su contra, lo que les dio posibilidad de purgar la condena mínima de cárcel por confesar que cometieron los delitos.
De esta manera, Saca se convierte en el primer expresidente de la República de El Salvador en ser condenado penalmente por robar dinero de fondos públicos.
El tribunal de sentencia también estableció que los condenados deberán devolver los $300 millones.
En el caso de Elias Antonio Saca deberá devolver $260,732,171.64, el exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, deberá pagar $15 millones de responsabilidad; mientras que el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, deberá devolver $8,381,130.39 y el exsecretario de Juventud, César Funes, tendrá que dar $886,697.97.
Asimismo, el de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Jorge Alberto Herrera Castellanos fue condenado a devolver $3 millones; el jefe de tesorería de la UFI, Francisco Rodríguez Arteaga, tendrá que pagar $7 millones y el auxiliar contable de la UFI, Pablo Gómez, tendrá una responsabilidad civil de $5 millones.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
