Judicial
Estudiante del INFRAMEN fue asesinado por pandilleros de la MS, donde estaba uno a quien llamaba su «amigo»
Dentro de una bolsa y atado de pies y manos, así fue como pandilleros de la Mara Salvatrucha acabaron con un estudiante del Instituto Nacional “General Francisco Menéndez” (INFRAMEN) luego de privarlo de libertad en una colonia de Apopa, en San Salvador. Uno de los que participó dijo llamarse su amigo.
Wilmer Edenilson Juárez era un estudiante de bachillerato de 21 años de edad, y que por las noches asistía a clases en el INFRAMEN. A pesar de la situación de violencia que vivía en su colonia, buscaba formas para salir adelante. Meses antes pandilleros de la MS llegaron a su casa y bajo amenazas exigieron que fuera parte de la pandilla, pero él se opuso ya que no quería ser como el resto de sus amigos.
Uno de ellos era un joven conocido como “Taison”, ambos se consideraban buenos amigos sin embargo, este había escogido otro camino: ser miembro de la pandilla. Él se había convertido en un “poste” de uno de los pasajes de la zona, sin imaginar que meses después sería uno de los testigos de la muerte de Wilmer.
Según la relación de los hechos, todo ocurrió el 12 de agosto del 2016. Eran las 2:30 de la tarde cuando “El maniaco”, el palabrero del lugar, le ordenó que fuera a vigilar el pasaje sin imaginar lo que el resto de sus compinches tenía preparado.
El reloj marcaba las 8:30 de la noche, “Taison” observó que en la cúspide de una colina apareció su amigo cuando regresaba del instituto, quien caminaba despacio por un camino marcado por las luces del alumbrado público. A pocos pasos de llegar a su casa, un taxi con varios sujetos a bordo el cual se detuvo a un costado de él.
“Taison” señaló que dentro del vehículo se conducían Elfido C., “Fido”; Manuel P., “Chunga”; Kevin G., “el zurdo”; Luis B., “El Killer” y Alfonso H., un empleado de una empresa de taxis de Santa Tecla.
De un forma violenta, uno de los sujetos se bajó y a punta de pistola le dijo que se subiera al vehículo. Wilmer no tuvo otra opción más que someterse a la voluntad de los sujetos con la esperanza de lograr sobrevivir, en ese instante pensó lo peor.
Metros abajo de la calle, el taxi se aproximó al lugar donde estaba “Taison”, le pidieron que subiera al carro. Él y Wilmer se vieron sin decir nada. El taxi siguió su rumbo hasta llegar a una casa abandonada lejos de la concurrida colonia; era una vivienda de dos plantas, sin puertas ni ventanas y con decenas de grafitis de pandillas en las paredes. Con la poca luz y lo solitario del lugar daba la sensación lúgubre.
El camino hacia la muerte
El joven fue tomado de los brazos por dos sujetos que lo jalaron hasta dentro de la vivienda mientras el resto caminaba detrás de él como si se tratara de un acto fúnebre. “Maniaco” le dijo a «Taison» que se quedara afuera para vigilar. Esa fue la última vez que vio a su amigo con vida mientras este se perdía en la oscuridad de la casa.
Los gritos de dolor interrumpieron el silencio de la noche. “Comenzaron a pegarle en varias partes del cuerpo: en el estómago, en la cabeza, en los brazos. El ‘Zurdo’ y el ‘Fido’ lo ataron de manos y pies con un lazo amarillo mientras que el ‘Killer’ lo amarraba del cuello. Ellos me dijeron que era para matarlo”, confesó «Taison» en la sala de audiencia durante el desarrollo del juicio en contra de sus tres compinches el pasado 26 de septiembre.
El silencio volvió a reinar en la casa abandonada, Wilmer estaba muerto. Uno de los pandilleros que estaba adentro salió y sacó del taxi una bolsa negra, donde metieron el cadáver para luego meterlo dentro del baúl del vehículo.
“Ándate a postear a la cancha”, le ordenó el palabrero a “Taison” cuando los otros se subían al vehículo. Comenzó a caminar 50 metros adelante mientras observaba como se alejaban.
“Ellos fueron a dejar el cuerpo carretera a Mariona. Pase de 9 a 10 minutos esperando moverme hasta que el ‘Maniaco’ me llamó para que me retirara de la zona porque ya se habían desecho del cuerpo”, señaló el testigo.
El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la causa de la muerte del joven estudiante fue causado por estrangulamiento producto de una soga que le fue encontrado en el cuerpo de la víctima.
En la vista pública
Los cinco imputados se presentaron a las 9:30 de la mañana en la sala donde se mostraron tranquilos ante la confesión en su contra que “Taison” realizó frente al juez del Primero de Sentencia de San Salvador.
– ¿Sabe usted por qué se encuentra este día? -preguntó la representación de la Fiscalía General de la República.
– Sí, soy testigo de la muerte de Wilmer -contestó.
– ¿Quién es Wilmer?” -volvió a cuestionar.
– Es un amigo que llegaba a la cancha, yo ahí lo conocí -respondió el testigo con un tono pausado.
Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa de Manuel y Alfonso solicitaron que sus jefes pasaran a testificar como parte de su prueba de descargo, quienes explicaron que ellos estaban trabajando a la hora en la que sucedieron los hechos.
Los imputados solicitaron que se revisaran las pruebas donde aseguraron que sus huellas no estaban en la bolsa donde, según el testigo, introdujeron el cadáver.
“Ese día yo venía de trabajar. De lo que se me está acusando, yo en ningún momento ahí. Mis horarios de trabajo van de 6:00 de la mañana y a veces no tenemos horas de salida”, señaló Alfonso.
Se espera que el proceso judicial continúe la próxima semana donde el tribunal determinará la responsabilidad penal de los sujetos. El testigo «Taison», quien también fue cómplice del asesinado, no esta siendo procesado, pues decidió colaborar con la Fiscalía.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
