Judicial
Envían a prisión preventiva a pareja por maltratar y lesionar a sus hijos
Una pareja fue enviada a prisión preventiva por parte del Juzgado 11° de Paz de San Salvador, el cual resolvió instrucción formal contra los acusados de maltratar y causar lesiones a dos menores de edad.
Los imputados fueron identificados como Johana E. G., de 28 años; y Manuel A. C., de 27. Estos fueron acusados por, al menos, tres delitos estipulados en la Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia.
Según la información oficial, «el pasado 8 de enero del presente a las 21:40, un ciudadano se hizo presente a una delegación de la Policía Nacional Civil e interpuso denuncia en la que declaró que en una casa se escuchaba que unos niños recibían maltrato físico y verbal…», detalla un informe de Centros Judiciales.
Aproximadamente a las 10:00 de la noche los agentes llegaron al lugar y tocaron la puerta. Fue Johana quien atendió y uno de los agentes observó cómo un niño se escondía detrás de ella; “venimos por una denuncia permítanos observar los menores de este hogar” dijo el agente.
En la vivienda se encontraban dos menores, uno de 10 años y otro de siete, «tenían hematomas por todo su cuerpo, incluyendo el rostro, se podían observar fuertes golpes en sus ojos y uno de ellos incluso tenía una de sus orejas con marcas de mordidas» detalla la fuente.
En el lugar también se encontraba Manuel C., pareja de Johana G. y padrastro de los menores. Los agentes preguntaron «¿quién les había golpeado?», respondieron asustados que no podían decir pues los habían amenazado.
Tras estas evidencias, los niños fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) para el reconocimiento de las lesiones, un peritaje psicológico y un estudio social para determinar y verificar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
