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Guerra contra las maras llevó paz y tranquilidad a la comunidad La Granjita

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Una zona en la que se traficaba droga al menudeo, un bastión de pandilleros dedicados a esa actividad delictiva y con frecuentes enfrentamientos armados entre los que cometían esos ilícitos, así era conocida la comunidad La Granjita hasta finales de marzo de 2022. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar para sus 3,700 habitantes con la implementación del combate frontal a las maras y la puesta en marcha de un cerco de seguridad que ha devuelto la tranquilidad a los residentes.

Los habitantes manifiestan que cuando el Gobierno del presidente Nayib Bukele emprendió la guerra contra los terroristas percibieron mejoras en la seguridad debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada detuvieron a cientos de pandilleros que por muchos años controlaron la zona. El clima de paz se notó aún más cuando la administración de Bukele cercó la zona con más de 1,000 soldados y agentes policiales que permanecen en el lugar y ejecutan patrullajes todos los días. 

En la actualidad, los residentes aseguran que se pueden mover de un pasaje a otro, los comerciantes incrementaron sus ganancias y las diferentes áreas de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad pueden ingresar a la localidad sin la autorización del jefe de la pandilla, como lo hacían en décadas pasadas. 

Fabiola Arita tiene más de cinco años de vender pizzas en la comunidad y manifiesta que desde abril del año pasado sus ganancias se incrementaron porque ya no paga la extorsión a las maras. Además, expandió su negocio a otras comunidades donde antes era un «delito» ingresar. 

«Por ejemplo, yo que tengo negocio aquí, con los domicilios uno ya puede entrar a las zonas de la parte de arriba, donde antes no podía entrar, que a veces los clientes pedían y uno tenía menos ingresos porque no podía llegar. Pensaban que a vigilar iba y uno andaba laborando», destaca la lugareña.

Cotidianidad. Los pobladores llevan a cabo sus actividades con toda normalidad.

La comerciante cuenta que hace menos de un mes optó por ofrecer sus pizzas en Pedidos Ya, debido a que podían entrar con facilidad a otras colonias y comunidades liberadas de los terroristas. «Hace poco optamos por Pedidos Ya, desde que comenzaron con eso de las medidas nosotros empezamos a ver que se podía entrar a algunas zonas, decidimos optar por esa aplicación de domicilios para expandir a buena parte de San Salvador», dice.

Arita también indica que las mejoras en seguridad la ponen feliz porque su sobrina de cinco años se desarrollará en un ambiente libre de violencia pandilleril, podrá llegar a cualquier lugar sin el temor de sufrir un ataque. «Hoy que están los soldados se percibe más seguridad, se les va a llevar a cualquier parque, playa y uno no va a estar con el temor de que te puede salir alguien y no te deje entrar a x zona. Ya anteriormente nos pasó que fuimos a un balneario y nos sacaron así “chuloncitos”. Ahora, la verdad que está sumamente bien», enfatiza.  

Uno de los promotores de la Unidad de Salud detalla que tiene años de trabajar con los habitantes de La Granjita y que los cambios en seguridad son evidentes desde 2022 cuando ya no tuvieron que pedir autorización a los terroristas para llevar los servicios al lugar. 

«Cuando queríamos ingresar acá teníamos que ver que nos permitieran el ingreso. Ya con los nuevos cambios es fácil entrar, incluso a la enfermería y otras disciplinas se les permite la entrada y la población puede percibir eso, que han incrementado la seguridad», explicó. 

El trabajador agrega que ahora la población está más presta a colaborar debido a que en la jornada de fumigación contra el zancudo, ejecutada el 31 de enero, la mayoría de los residentes abrieron las puertas para recibir el servicio. 

Rafael Mármol también opina que la transformación de su comunidad es «rotunda» debido al plan de seguridad que ejecuta el Gobierno, pues ya los problemas que afrontaban cotidianamente pasaron a la historia. 

«Ahora entramos y salimos sin ninguna preocupación, cosa que antes era una amenaza. Yo le agradezco al Gobierno y a todos los que están en esto por la ayuda que nos están dando. Todo el pueblo lo agradece, porque de lo contrario no lo hubieran hecho así, estuviéramos perdidos», valora Mármol. 

Apoyo. Los soldados también colaboran con los comerciantes.

 GOBIERNO ACERCA LOS SERVICIOS MÉDICOS 

Alrededor de 700 familias de la comunidad se beneficiaron con una jornada médica del Ministerio de Salud, con el fin de que los habitantes reciban diversas atenciones sin desplazarse de sus lugares de residencia. 

El personal de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad benefició a niños y adultos con medicina general, odontología, control infantil, pruebas para detectar el VIH, atención psicológica, optometría, citologías y planificación familiar. Además, se contó con vacunación contra influenza, neumococo, hepatitis B, poliomielitis, pentavalente, difteria, tosferina y la COVID-19. 

«El objetivo es brindar una atención integral a todas las familias. El servicio es gratis y está disponible para todos los habitantes y zonas aledañas», declaró la directora en funciones de la referida Unidad de Salud, Larisa Fuentes. Agregó que con estas acciones que a diario desarrollan en diferentes puntos del país el Gobierno del presidente Bukele garantiza que todos los salvadoreños accedan a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador

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Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.

De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.

Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.

Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.

En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.

Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).

En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.

Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.

Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.

Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.

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Fosalud recibe certificación por su gestión antisoborno

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El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.

El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.

De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.

Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.

También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.

 

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Cancillería ofrece becas a salvadoreños en el exterior

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El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.

Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.

La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.

Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.

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