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Guerra contra las maras llevó paz y tranquilidad a la comunidad La Granjita
Una zona en la que se traficaba droga al menudeo, un bastión de pandilleros dedicados a esa actividad delictiva y con frecuentes enfrentamientos armados entre los que cometían esos ilícitos, así era conocida la comunidad La Granjita hasta finales de marzo de 2022. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar para sus 3,700 habitantes con la implementación del combate frontal a las maras y la puesta en marcha de un cerco de seguridad que ha devuelto la tranquilidad a los residentes.
Los habitantes manifiestan que cuando el Gobierno del presidente Nayib Bukele emprendió la guerra contra los terroristas percibieron mejoras en la seguridad debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada detuvieron a cientos de pandilleros que por muchos años controlaron la zona. El clima de paz se notó aún más cuando la administración de Bukele cercó la zona con más de 1,000 soldados y agentes policiales que permanecen en el lugar y ejecutan patrullajes todos los días.
En la actualidad, los residentes aseguran que se pueden mover de un pasaje a otro, los comerciantes incrementaron sus ganancias y las diferentes áreas de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad pueden ingresar a la localidad sin la autorización del jefe de la pandilla, como lo hacían en décadas pasadas.
Fabiola Arita tiene más de cinco años de vender pizzas en la comunidad y manifiesta que desde abril del año pasado sus ganancias se incrementaron porque ya no paga la extorsión a las maras. Además, expandió su negocio a otras comunidades donde antes era un «delito» ingresar.
«Por ejemplo, yo que tengo negocio aquí, con los domicilios uno ya puede entrar a las zonas de la parte de arriba, donde antes no podía entrar, que a veces los clientes pedían y uno tenía menos ingresos porque no podía llegar. Pensaban que a vigilar iba y uno andaba laborando», destaca la lugareña.
La comerciante cuenta que hace menos de un mes optó por ofrecer sus pizzas en Pedidos Ya, debido a que podían entrar con facilidad a otras colonias y comunidades liberadas de los terroristas. «Hace poco optamos por Pedidos Ya, desde que comenzaron con eso de las medidas nosotros empezamos a ver que se podía entrar a algunas zonas, decidimos optar por esa aplicación de domicilios para expandir a buena parte de San Salvador», dice.
Arita también indica que las mejoras en seguridad la ponen feliz porque su sobrina de cinco años se desarrollará en un ambiente libre de violencia pandilleril, podrá llegar a cualquier lugar sin el temor de sufrir un ataque. «Hoy que están los soldados se percibe más seguridad, se les va a llevar a cualquier parque, playa y uno no va a estar con el temor de que te puede salir alguien y no te deje entrar a x zona. Ya anteriormente nos pasó que fuimos a un balneario y nos sacaron así “chuloncitos”. Ahora, la verdad que está sumamente bien», enfatiza.
Uno de los promotores de la Unidad de Salud detalla que tiene años de trabajar con los habitantes de La Granjita y que los cambios en seguridad son evidentes desde 2022 cuando ya no tuvieron que pedir autorización a los terroristas para llevar los servicios al lugar.
«Cuando queríamos ingresar acá teníamos que ver que nos permitieran el ingreso. Ya con los nuevos cambios es fácil entrar, incluso a la enfermería y otras disciplinas se les permite la entrada y la población puede percibir eso, que han incrementado la seguridad», explicó.
El trabajador agrega que ahora la población está más presta a colaborar debido a que en la jornada de fumigación contra el zancudo, ejecutada el 31 de enero, la mayoría de los residentes abrieron las puertas para recibir el servicio.
Rafael Mármol también opina que la transformación de su comunidad es «rotunda» debido al plan de seguridad que ejecuta el Gobierno, pues ya los problemas que afrontaban cotidianamente pasaron a la historia.
«Ahora entramos y salimos sin ninguna preocupación, cosa que antes era una amenaza. Yo le agradezco al Gobierno y a todos los que están en esto por la ayuda que nos están dando. Todo el pueblo lo agradece, porque de lo contrario no lo hubieran hecho así, estuviéramos perdidos», valora Mármol.
GOBIERNO ACERCA LOS SERVICIOS MÉDICOS
Alrededor de 700 familias de la comunidad se beneficiaron con una jornada médica del Ministerio de Salud, con el fin de que los habitantes reciban diversas atenciones sin desplazarse de sus lugares de residencia.
El personal de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad benefició a niños y adultos con medicina general, odontología, control infantil, pruebas para detectar el VIH, atención psicológica, optometría, citologías y planificación familiar. Además, se contó con vacunación contra influenza, neumococo, hepatitis B, poliomielitis, pentavalente, difteria, tosferina y la COVID-19.
«El objetivo es brindar una atención integral a todas las familias. El servicio es gratis y está disponible para todos los habitantes y zonas aledañas», declaró la directora en funciones de la referida Unidad de Salud, Larisa Fuentes. Agregó que con estas acciones que a diario desarrollan en diferentes puntos del país el Gobierno del presidente Bukele garantiza que todos los salvadoreños accedan a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
