Nacionales
Guerra contra las maras llevó paz y tranquilidad a la comunidad La Granjita
Una zona en la que se traficaba droga al menudeo, un bastión de pandilleros dedicados a esa actividad delictiva y con frecuentes enfrentamientos armados entre los que cometían esos ilícitos, así era conocida la comunidad La Granjita hasta finales de marzo de 2022. Sin embargo, esa situación comenzó a cambiar para sus 3,700 habitantes con la implementación del combate frontal a las maras y la puesta en marcha de un cerco de seguridad que ha devuelto la tranquilidad a los residentes.
Los habitantes manifiestan que cuando el Gobierno del presidente Nayib Bukele emprendió la guerra contra los terroristas percibieron mejoras en la seguridad debido a que la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Fuerza Armada detuvieron a cientos de pandilleros que por muchos años controlaron la zona. El clima de paz se notó aún más cuando la administración de Bukele cercó la zona con más de 1,000 soldados y agentes policiales que permanecen en el lugar y ejecutan patrullajes todos los días.
En la actualidad, los residentes aseguran que se pueden mover de un pasaje a otro, los comerciantes incrementaron sus ganancias y las diferentes áreas de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad pueden ingresar a la localidad sin la autorización del jefe de la pandilla, como lo hacían en décadas pasadas.
Fabiola Arita tiene más de cinco años de vender pizzas en la comunidad y manifiesta que desde abril del año pasado sus ganancias se incrementaron porque ya no paga la extorsión a las maras. Además, expandió su negocio a otras comunidades donde antes era un «delito» ingresar.
«Por ejemplo, yo que tengo negocio aquí, con los domicilios uno ya puede entrar a las zonas de la parte de arriba, donde antes no podía entrar, que a veces los clientes pedían y uno tenía menos ingresos porque no podía llegar. Pensaban que a vigilar iba y uno andaba laborando», destaca la lugareña.
La comerciante cuenta que hace menos de un mes optó por ofrecer sus pizzas en Pedidos Ya, debido a que podían entrar con facilidad a otras colonias y comunidades liberadas de los terroristas. «Hace poco optamos por Pedidos Ya, desde que comenzaron con eso de las medidas nosotros empezamos a ver que se podía entrar a algunas zonas, decidimos optar por esa aplicación de domicilios para expandir a buena parte de San Salvador», dice.
Arita también indica que las mejoras en seguridad la ponen feliz porque su sobrina de cinco años se desarrollará en un ambiente libre de violencia pandilleril, podrá llegar a cualquier lugar sin el temor de sufrir un ataque. «Hoy que están los soldados se percibe más seguridad, se les va a llevar a cualquier parque, playa y uno no va a estar con el temor de que te puede salir alguien y no te deje entrar a x zona. Ya anteriormente nos pasó que fuimos a un balneario y nos sacaron así “chuloncitos”. Ahora, la verdad que está sumamente bien», enfatiza.
Uno de los promotores de la Unidad de Salud detalla que tiene años de trabajar con los habitantes de La Granjita y que los cambios en seguridad son evidentes desde 2022 cuando ya no tuvieron que pedir autorización a los terroristas para llevar los servicios al lugar.
«Cuando queríamos ingresar acá teníamos que ver que nos permitieran el ingreso. Ya con los nuevos cambios es fácil entrar, incluso a la enfermería y otras disciplinas se les permite la entrada y la población puede percibir eso, que han incrementado la seguridad», explicó.
El trabajador agrega que ahora la población está más presta a colaborar debido a que en la jornada de fumigación contra el zancudo, ejecutada el 31 de enero, la mayoría de los residentes abrieron las puertas para recibir el servicio.
Rafael Mármol también opina que la transformación de su comunidad es «rotunda» debido al plan de seguridad que ejecuta el Gobierno, pues ya los problemas que afrontaban cotidianamente pasaron a la historia.
«Ahora entramos y salimos sin ninguna preocupación, cosa que antes era una amenaza. Yo le agradezco al Gobierno y a todos los que están en esto por la ayuda que nos están dando. Todo el pueblo lo agradece, porque de lo contrario no lo hubieran hecho así, estuviéramos perdidos», valora Mármol.
GOBIERNO ACERCA LOS SERVICIOS MÉDICOS
Alrededor de 700 familias de la comunidad se beneficiaron con una jornada médica del Ministerio de Salud, con el fin de que los habitantes reciban diversas atenciones sin desplazarse de sus lugares de residencia.
El personal de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar San Antonio Abad benefició a niños y adultos con medicina general, odontología, control infantil, pruebas para detectar el VIH, atención psicológica, optometría, citologías y planificación familiar. Además, se contó con vacunación contra influenza, neumococo, hepatitis B, poliomielitis, pentavalente, difteria, tosferina y la COVID-19.
«El objetivo es brindar una atención integral a todas las familias. El servicio es gratis y está disponible para todos los habitantes y zonas aledañas», declaró la directora en funciones de la referida Unidad de Salud, Larisa Fuentes. Agregó que con estas acciones que a diario desarrollan en diferentes puntos del país el Gobierno del presidente Bukele garantiza que todos los salvadoreños accedan a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
