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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
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Claudia Ortiz vota en contra de prorrogar el Régimen de Excepción
Durante la sesión plenaria la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, emitió su voto en contra de la nueva prórroga del régimen de excepción, medida que ha sido extendida de forma continua desde marzo de 2022.
A pesar de su voto en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen con una amplia mayoría, permitiendo que continúe vigente por 30 días más.
La diputada ha sido una de las pocas voces dentro del órgano legislativo que se ha mantenido firme en su posición de no acompañar las prórrogas, argumentando la importancia del respeto a los Derechos Humanos fundamentales y el fortalecimiento institucional.
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Avanza ampliación de carretera Panamericana: clave para mejorar la movilidad hacia el Occidente
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de pavimentación y ampliación de la Carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, continúa avanzando como una de las obras viales más importantes del país. Según la institución, estas intervenciones permitirán mejorar la movilidad del comercio, el turismo y de miles de familias que utilizan diariamente esta ruta estratégica entre Santa Tecla, Colón y el occidente del territorio.
El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 15 kilómetros de carretera, la construcción del viaducto Francisco Morazán, una estructura de más de un kilómetro diseñada para alejar la vía de las zonas de mayor riesgo, y la modernización integral del corredor vial con drenajes, señalización, iluminación y nueva capa de pavimento.
Autoridades del MOP detallan que los trabajos incluyen obras de terracería, estabilización de taludes, cimentación profunda para el viaducto y preparación de los nuevos carriles. Esta fase forma parte del proceso de transformación de la Carretera Panamericana en un corredor más amplio, seguro y resistente a las condiciones climáticas que históricamente han afectado la zona.
El proyecto no solo busca aumentar la capacidad vehicular, sino también reducir tiempos de viaje, mejorar la conectividad logística hacia el occidente y fortalecer la seguridad vial en un tramo caracterizado por su alta vulnerabilidad a deslizamientos.
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Régimen de Excepción se extiende otra vez sin los votos de ARENA
La Asamblea Legislativa aprobó otra prórroga del Régimen de Excepción por otros 30 días. Una vez más, los dos diputados propietarios del partido ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no estuvieron presentes en el hemiciclo al momento de la votación.
El Régimen de Excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la captura de más de 85 mil presuntos pandilleros y la reducción histórica de homicidios en el país.
Con esta nueva extensión, el Régimen de Excepción continuará vigente hasta finales de diciembre de 2025, consolidándose como la herramienta central del Plan Control Territorial del gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La oposición queda nuevamente señalada por no presentar una alternativa clara ni participar activamente en uno de los temas que, según las encuestas, goza del mayor respaldo ciudadano en materia de seguridad.








