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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
Expertos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informaron sobre un sismo sensible para la población.
De acuerdo con el reporte de elementos del MARN, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.2 grados en la escala de Richter.
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Un aparatoso accidente se registró la madrugada del este jueves 1 de enero entre el paseo General Escalón, San Salvador y la 79ª avenida Norte.Historia
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Una niña de 7 años de edad falleció ahogada, este 1 de enero, en una piscina en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután.
De acuerdo con la información preliminar, Briana ingresó a unas de las piscinas naturales del río y, minutos después, ocurrió el incidente que le provocó la muerte.
Personas presentes intentaron auxiliarla y se realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, la menor no respondió.
De manera extraoficial, se indicó que la niña sería originaria del cantón Montañita. El caso se encuentra en proceso de verificación por las instancias correspondientes.
