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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a un adolescente de 17 años identificado como Steven N. por el presunto delito de posesión y tenencia de droga, durante un patrullaje realizado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este.
De acuerdo con la información proporcionada, el menor de edad intentó huir al percatarse de la presencia policial; sin embargo, fue interceptado por los agentes, quienes le realizaron un registro para verificar si portaba algún ilícito.
Durante la inspección, las autoridades le decomisaron varias porciones de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Tras su captura, Steven N. será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que en los próximos días iniciará el proceso penal en su contra por el delito de posesión y tenencia.
Las autoridades señalaron que, durante la primera audiencia, un juez determinará las medidas cautelares que se le impondrán y podrá ordenar que permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso penal.
El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, informó la mañana de este miércoles, que en lo que va del período de vacaciones agostinas la institución ha recibido un promedio de 1,500 llamadas de emergencia.
El funcionario detalló que, de ese total, casi 600 corresponden a siniestros viales, en los que los equipos del SEM han atendido a 80 personas lesionadas y a 280 motociclistas.
«Un dato preliminar, en atención de llamadas llevamos más o menos 1,500 llamadas hasta la fecha, en esas 1,500 llamadas hay más de 1,100 atenciones primarias que se pueden derivar principalmente de siniestros viales que andan en casi 600 siniestros viales que hemos atendido», expresó Orellana.
Asimismo, señaló que durante el período vacacional el Sistema de Emergencias Médicas también ha brindado atención a personas con distintos padecimientos. Según indicó, se ha asistido a un promedio de 6,000 personas por infección respiratoria aguda, a más de 80 pacientes por neumonía y a más de 1,300 personas por diarrea y gastroenteritis.
El director del SEM agregó que también se han registrado más de 100 casos sospechosos de dengue sin signos de alarma, menos de 20 casos de dengue con signos de alarma y más de 100 personas expuestas al riesgo de rabia tras la mordedura de un mamífero, como perros o gatos.
Por otra parte, Orellana informó que el Sistema de Emergencias Médicas mantiene una unidad permanente instalada en la feria de diversiones Sivarland para garantizar la seguridad de la población y atender cualquier emergencia que pueda presentarse.
«Desde meses atrás, nos estamos preparando para Sivarland, atendemos y nos movilizamos para brindar atención ante cualquier emergencia», afirmó el funcionario.
Como parte del plan de seguridad vial implementado durante las vacaciones de agosto, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha reforzado los controles vehiculares en todo el país con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito.
Los controles han sido instalados en las principales carreteras para promover una conducción responsable y proteger la vida de los salvadoreños y de los visitantes extranjeros.
Durante las inspecciones, policías y gestores de tránsito verifican la documentación de los conductores, las condiciones de los vehículos y el cumplimiento del uso de los artículos de seguridad obligatorios, entre ellos extintor, conos y otros implementos establecidos en la normativa.
Las autoridades también recordaron que los conductores que incumplan las disposiciones contempladas en la ley pueden ser sancionados con multas de hasta $150. Entre las infracciones consideradas graves por el Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial se encuentra conducir sin portar licencia.
Asimismo, unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen presencia en las principales carreteras y terminales de autobuses del país como parte de las acciones de seguridad desarrolladas durante el período vacacional.
«Día a día trabajamos para que la población viaje sin inconvenientes. Con presencia en puntos de abordaje al transporte colectivo y acompañamiento al interior de las distintas rutas, velamos por un desplazamiento seguro», publicó la PNC.
