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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), Ariel Torres, ha sido seleccionada para participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026 de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, Estados Unidos.
Su ingreso al programa fue posible gracias a su destacado proyecto de Comunicación y Trayectoria Satelital, una propuesta de investigación enfocada en el desarrollo de redes de pequeños satélites.
«Mi participación en el IASP 2026 fue considerada gracias a mi proyecto que consiste en la comunicación y trayectoria satelital que estos son como pequeños satelites que se comunican a través de una red. Este proyecto va de la mano junto con el proyecto presentado en 2025 en la edición en la que participó mi compañera también de la UES, Ángela Pineda», explicó Torres.
De acuerdo a la alumna, esta gran oportunidad se realizará gracias al apoyo que está dando la Universidad de El Salvador a su gran proyecto «y también como estudiante me siento muy agradecida de que se me ha dado la infraestructura y también los medios para poder realizar mi investigación correspondiente al IASP 2026», comentó la joven.
Para la UES es muy destacable que sus estudiantes estén viajando con proyectos innovadores a representar a El Salvador en lugares de renombre internacional: «Este hito consolida a nuestra institución como un verdadero ecosistema de innovación y apoyo a la investigación científica, demostrando que el talento UES no tiene fronteras», se lee en un mensaje publicado en las redes sociales de la UES.
Torres se siente agradecida con la UES por el apoyo e invita a otros jóvenes a desarrollar proyectos innovadores: «Así que gracias a la Universidad de El Salvador he podido llegar a la NASA e invito a todos los estudiantes a creer en sus sueños ya que no hay oportunidad pequeña, no hay sueño pequeño ni loco, todas tus ideas se pueden hacer realidad, solamente hay que ser preseverante y también muy curioso», aconsejó la futura ingeniera mecánica.
Luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de 20 años, José Walter Cruz fue condenado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro agravado ocurrido en octubre de 2001 en San Salvador.
De acuerdo con la Físcalia General de la República (FGR), la víctima transitaba por el redondel San Benito cuando fue interceptada por Cruz y otros sujetos, quienes utilizando armas de fuego la privaron de libertad.
Durante los 10 días que permaneció secuestrado, los captores exigieron a sus familiares una suma millonaria en efectivo a cambio de su liberación. Finalmente, la víctima logró recuperar su libertad.
Aunque el resto de los implicados ya habían sido procesados y condenados anteriormente por este mismo caso, Cruz logró evadir a las autoridades durante más de dos décadas, hasta que su captura se hizo efectiva en 2025.
El tribunal lo declaró culpable del delito de secuestro agravado y le impuso una pena de 35 años de cárcel.
Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada reportaron la captura de Cristian Ernesto Flores Sibrian, de 32 años de edad, por el delito de contrabando de mercadería.
Según reportó la policía, en la vivienda de Flores Sibrian encontraron seis cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo.
«Tras un registro de prevención de allanamiento girado por un juez de Santa Ana, encontramos en su vivienda 6 cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo», detallaron.
El hombre fue ubicado y capturado en el cantón San Jacinto, de Coatepeque, Santa Ana Este.
