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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
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España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
La Procuraduría General de la República desplegó su primera Procuraduría Auxiliar Móvil, acercando sus servicios de asistencia jurídica y sicológica a zonas donde la población tiene dificultades para desplazarse a las sedes institucionales.
Para este proyecto la institución dispone de dos camiones, dos microbuses y profesionales del derecho y de sicología que atenderán casos de familia, laborales, niñez y adolescencia, mediación, derechos patrimoniales, atención a la mujer y atención psicosocial.
Además «contempla la posibilidad de realizar visitas domiciliarias en aquellos casos en que, por condiciones de salud u otras circunstancias debidamente valoradas, las personas no puedan trasladarse a una sede institucional», informó la PGR.
Esta modalidad de servicio inició este 27 de febrero en el distrito de San Jorge, en San Miguel y se irá desplazando a otros lugares.
Agenda de despliegue:
Para el 3 de marzo, la Procuraduría Auxiliar Móvil será instalada en el distrito de Guazapa, en el departamento de San Salvador; el 9 de marzo en el distrito de Santiago Texacuangos, San Salvador, y el 13 de marzo en la comunidad Isla La Pirraya, Usulután.
Estas unidades atenderán de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en puntos accesibles para la población, informó la institución.
