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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
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El Vaticano nombra a monseñor Giancarlo Dellagiovanna como nuevo nuncio apostólico para El Salvador
La Nunciatura Apostólica en El Salvador informó este sábado que su santidad el papa León XIV ha nombrado nuevo nuncio apostólico en el país a Giancarlo Dellagiovanna, arzobispo titular de Sistroniana.
El nuevo representante diplomático de la Santa Sede sustituirá en el cargo al anterior nuncio Luigi Cona y asumirá la misión de fortalecer las relaciones entre el Vaticano y el Estado salvadoreño, así como de acompañar a la Iglesia católica local.
Monseñor Dellagiovanna, de origen italiano, cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio de la Santa Sede. Ingresó al cuerpo diplomático en 2005 y ha desempeñado funciones en diversas nunciaturas alrededor del mundo, incluyendo países de América Latina y Europa. Además, ha trabajado en la Secretaría de Estado del Vaticano, órgano clave en la gestión de las relaciones internacionales de la Iglesia.
Fue ordenado sacerdote en 1999 y posteriormente se especializó en Derecho Canónico. En 2025 fue elevado al rango de arzobispo y designado nuncio apostólico en Burkina Faso, experiencia que refuerza su perfil diplomático dentro de la estructura vaticana.
El cargo de nuncio apostólico implica una doble función: actuar como embajador del papa ante el gobierno del país y servir como enlace directo con la Iglesia católica local, participando incluso en procesos relevantes como el nombramiento de obispos.
Con este nombramiento, la Santa Sede reafirma su presencia diplomática en El Salvador en un contexto de retos sociales y pastorales, donde la figura del nuncio desempeña un papel clave en el diálogo entre Iglesia, Estado y sociedad.
Se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre la fecha de llegada de monseñor Dellagiovanna al país y su agenda inicial.
El antiguo sistema legal funcionó muy bien en la Europa que existió post Segunda Guerra Mundial hasta la época de propagación de la COVID-19, en 2019, y solo en pocos países, pero actualmente «ya no funciona», afirmó ayer el presidente Nayib Bukele.
«Los sistemas legales responden a contratos sociales y los contratos sociales son, por definición, diferentes en diferentes sociedades y cambian constantemente», indicó el mandatario en su cuenta de X.
Su mensaje fue en reacción a una nota periodística de la agencia Reuters en la que se afirma que «cientos de presuntos miembros de pandillas se sentaron frente a pantallas de televisión dentro de la notoria megaprisión Cecot de El Salvador mientras comenzaba un juicio virtual masivo, con los reclusos esposados y encadenados por los tobillos».
Dicho proceso ha sido criticado por oenegés nacionales e internacionales, así como medios de comunicación afines, dejando entrever que se está come tiendo una injusticia en contra de los cabecillas de pandillas.
Pero Bukele señaló: «Ni siquiera es tamos aplicando un sistema diferente aquí. Estos “juicios masivos” y la persecución de los líderes de organizaciones criminales por los delitos cometidos por sus miembros no son una innovación le gal; son una doctrina reconocida en el derecho internacional».
Explicó que esta «se llama “responsabilidad de mando” y fue aplica da por los países aliados en los Juicios de Núremberg», que fueron realiza dos en contra de los nazis que cometieron abusos y crímenes en nombre del Tercer Reich.
Previamente, el mandatario respondió de forma similar a un mensaje de Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y ahora profesor de la Universidad de Princeton, quien cuestionó los juicios masivos.
Según Roth, se trata de un «lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas».
Ante esto, Bukele respondió: «No inventamos ese principio. Se llama “responsabilidad de mando”, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg. ¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplican do la lógica de “está bien para mí, pero no para ti”?».
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, destacó el crecimiento económico que ha experimentado El Salvador durante 2025, impulsado por las estrategias promovidas por el Presidente Nayib Bukele, las cuales han fortalecido la inversión y la competitividad del país.
Las declaraciones fueron brindadas durante su participación como panelista en el Fireside Chat denominado “Atracción de Inversión y Competitividad: construcción de una agenda público-privada para el crecimiento socioeconómico”, espacio en el que resaltó que El Salvador se posiciona entre las economías con mayor dinamismo de la región, al registrar un crecimiento del 3.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025.
El titular de Hacienda señaló que el Gobierno continúa impulsando medidas orientadas a fortalecer el clima de inversión mediante una nueva generación de incentivos fiscales, entre ellos la aprobación de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones.
“Hemos estructurado un esquema que de alguna forma otorga un beneficio proporcional al monto de inversión de la expansión. Y creamos estos tres tramos: de uno a 10 millones, un 10 % de crédito tributario; de 10 a 20 millones, un 20 %; y de 20 millones en adelante, un 30 %. Pero no solo creamos estos incentivos, sino que también protegimos la ley ante posibles abusos que se puedan dar”, explicó el ministro Jerson Posada.
De acuerdo con el funcionario, la normativa abre oportunidades para diversos sectores estratégicos del país, permitiendo el acceso a exenciones y créditos fiscales que buscan incentivar la expansión empresarial y fortalecer el crecimiento económico nacional.
Asimismo, destacó que estas disposiciones permitirán que las empresas hagan uso adecuado de los beneficios contemplados en la ley, generando mayores oportunidades de inversión y contribuyendo al desarrollo económico sostenible de El Salvador.
