Nacionales
Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este viernes, la captura de José David Machado Alvarado, de 27 años de edad, quien es el responsable de cometer un homicidio el jueves por la noche en Usulután, Usulután Este.
La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego.
La PNC detalló que dicha arma fue localizada envuelta en una bolsa plástica y cubierta con piedras.
Machado Alvarado fue arrestado en el distrito de Ozatlán, Usulután Este. Además, será remitido por el delito de homicidio.
«En El Salvador ningún crimen queda impune», enfatizó la PNC.
