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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre la sanción impuesta a dos conductores que fueron detectados utilizando teléfonos celulares mientras conducían, una conducta que representa un riesgo para la seguridad vial.
Entre los sancionados se encuentra el motorista de un autobús de la ruta 328, que realiza su recorrido entre Perquín y San Miguel, quien fue sorprendido haciendo uso de su dispositivo móvil mientras manejaba. Asimismo, las autoridades impusieron una sanción al conductor de un camión repartidor de agua por la misma infracción.
Según el VMT, el uso del teléfono celular al volante constituye una de las principales causas de distracción al conducir, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito y pone en peligro a pasajeros, peatones y demás usuarios de la vía.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) compartió un video en el que se observa a una cuadrilla de FOVIAL realizando labores de limpieza en un tragante ubicado en San Salvador Centro, del cual fue extraída una considerable cantidad de basura acumulada.
Entre los desechos retirados se encontraban vasos desechables, bolsas plásticas, envases y otros residuos que, según la institución, habrían sido arrojados a la vía pública. A través de la publicación, el MOP destacó que la obstrucción de los sistemas de drenaje no es causada por un único desecho, sino por la acumulación constante de basura depositada en calles y aceras.
Las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpios los espacios públicos y evitar prácticas que contribuyan al deterioro de la infraestructura de drenaje.
Asimismo, advirtieron que los residuos son arrastrados por las lluvias hacia los tragantes, provocando taponamientos que dificultan el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Por ello, reiteraron la importancia de no arrojar basura en la vía pública, incluso cuando se trate de objetos pequeños.
Una adulta mayor identificada como Marta Leiva fue auxiliada por autoridades y ciudadanos de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, luego de ser encontrada deambulando en la vía pública en condiciones de vulnerabilidad.
Tras conocer la situación, las autoridades coordinaron su traslado al hospital local, donde recibe atención médica y los cuidados necesarios mientras se desarrollan las gestiones orientadas a garantizar su bienestar y protección.
De acuerdo con la información proporcionada, la señora manifestó tener familiares en el distrito de Victoria, por lo que se inició un proceso para localizar a sus parientes y facilitar el reencuentro familiar.
Las autoridades hicieron un llamado a cualquier familiar o persona que pueda brindar información sobre Marta Leiva para que se comunique con las instituciones competentes y contribuya a agilizar las diligencias en curso.
Mientras tanto, la adulta mayor permanece bajo resguardo y atención médica, a la espera de que se logre ubicar a sus seres queridos y garantizar el acompañamiento que requiere.
