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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La PNC reportó la captura de José Manuel Barrientos Romero, de 25 años de edad, señalado de agredir a otro hombre durante una discusión.
De acuerdo con el informe, el hecho ocurrió mientras ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, momento en el que se generó un altercado que terminó en violencia.
Según las autoridades, Barrientos Romero lesionó a la víctima en la frente utilizando un envase de vidrio, provocándole heridas.
Tras el incidente, equipos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al sospechoso sobre la calle principal del cantón San Miguel Ingenio, donde fue intervenido.
El detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes y remitido por el delito de lesiones.
En vez de marcar el número 913 para reportar emergencias reales al Cuerpo de Bomberos, muchas personas usan la línea para hacer bromas o llamadas falsas.
Entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026, la operadora telefónica ha recibido 24 comunicaciones de falsas emergencias, que afectan el trabajo de la institución.
«Hemos ido a una emergencia a gastar recursos innecesarios, pero lo más importante, hago referencia, es que nos pudimos haber alejado de una emergencia real, una persona que está atrapada, una persona que necesita que vayamos a extinguir el incendio de su casa, de su negocio y por estar atendiendo una llamada falsa nos hemos alejado», lamentó el director de Bomberos, Baltazar Solano.
El 2025 fue complicado para el Cuerpo de Bomberos. Durante ese año recibió 528 llamadas de falsas emergencias. En el 2024 había recibido 276 llamadas de ese tipo.
En el periodo del 1 de enero al 22 de marzo de 2025 hubo 86 llamadas falsas y si se compara con las 24 recibidas en el mismo periodo de 2026, hay una reducción de casos de 72%, reporta Bomberos.
«No sé cuál es el objetivo, quizá ver el camión pasar, burlarse de nosotros, que estamos yendo y que es falsa la llamada. No pudiese dar un diagnóstico, pero pido que no nos hagan este tipo de llamadas», ha instado Solano.
Por delitos de crimen organizado, 271 integrantes de la Mara Salvatrucha del departamento de Cabañas, son enjuiciados desde el lunes en audiencia única abierta, como parte de las reformas que faculta a los jueces procesarlos como estructura.
Los pandilleros forman parte de la célula territorial, Park View Locos Salvatruchos que tuvo presencia en varios distritos de ese departamento, la agrupación afectó por décadas a residentes de Sensuntepeque, Victoria y Guacotecti, del municipio de Cabañas Este.
La organización delictiva también se había expandido en lo distritos de San Isidro e Ilobasco, de Cabañas Oeste, junto a la estructura Francis Locos Salvatruchos estaban conectados para planificar y coordinar la ejecución de una serie de hechos delictivos.
Entre ambas agrupaciones se protegían para evitar que las autoridades ubicaran a sus integrantes, cuando mareros de una de las células estaba en problemas por delitos cometidos en su zona, se trasladaba al sector de la otra clica para refugiarse y que lo protegieran, así delinquía la Mara Salvatrucha en ese departamento.
De los 271 enjuiciados, uno es cabecilla y por tener ese rango el tribunal lo puede llegar a condenar hasta con 60 años de prisión, si la Fiscalía General de la República logra probar que tenía ese nivel de jerarquía.
También son acusados 88 terroristas con el rango de homeboy y quienes podrían recibir 30 años de prisión. Otros 182 señalados de ser colaboradores serían condenados a una pena mínima de 20 años, si se acredita esa calidad durante la audiencia.
El delito en común para todos es agrupaciones ilícitas, otros enfrentan tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito, así como delitos conexos de crimen organizado.
Las detenciones fueron efectuadas por las fuerzas de seguridad en el marco del régimen de excepción que está vigente en El Salvador, desde el 27 de marzo de 2022 y que ha sido prorrogado en 48 ocasiones.
Con el inicio de la audiencia única abierta el tribunal que tiene esta causa enjuiciará en los próximos años al resto de los integrantes de la estructura, el ministerio público solicitará el juicio cuando ya haya recopilado la suficiente información.
