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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele y el Ministerio de Salud (Minsal) lanzaron este día la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Por medio de esta estrategia, el Gobierno busca promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional, con el fin de fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el inicio de la vida.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, aseguró que el Gobierno reconoce los desafíos que aún persisten para que la primera infancia goce de un presente y un futuro que les permita alcanzar su máximo potencial.
En ese sentido, se refirió al sobrepeso y la obesidad e indicó que lejos de mejorar, ha mostrado una tendencia creciente, por lo que exige una respuesta inmediata.
«Bajo el liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, iniciamos una apuesta decidida para asegurar las condiciones que garanticen una salud integral para todos los salvadoreños desde la primera infancia», afirmó.
De acuerdo con el Sistema de Morbimortalidad en Línea (Simmow), hasta diciembre de 2025, el 12.7 % de las mujeres embarazadas presentaron obesidad.
Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS), hasta 2021 un 8.3 % de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.
Asimismo, según la estrategia Crecer y Aprender Saludable (CAS), en 2025 un 38.9 % de escolares también tenía sobrepeso u obesidad.
Además, de acuerdo con el Simmow, hasta 2024 se registraron 1,159 casos de diabetes mellitus y 909 de hipertensión en niños y jóvenes de 8 a 19 años.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia contempla acciones concretas que se llevarán a cabo para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país, entre ellas, la territorialización del proyecto, el lanzamiento de una guía de refrigerios saludables, el lanzamiento de la Norma Técnica del Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la leche materna y la actualización de las guías alimentarias para las familias salvadoreñas basadas en sistemas alimentarios sostenibles.
La implementación de esta estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de aliados como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
El Ministerio de Salud (Minsal) inauguró el lunes la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB).
El nuevo espacio busca fortalecer la atención especializada a la primera infancia, afirmó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien destacó: «Definitivamente viene a darle un soporte a toda la niñez salvadoreña ante situaciones en las cuales se requieren ingresos en áreas monitorizadas con toda la tecnología».
Durante el acto, el titular del Minsal estuvo acompañado por la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero; el director del hospital, Ángel Alvarado; y representantes de la Fundación Benjamín Bloom, quienes recorrieron las instalaciones.
Alabi explicó que la unidad beneficiará directamente a pacientes pediátricos posquirúrgicos, incluidos niños intervenidos de cirugías cardiovasculares, neurológicas o procedimientos de menor complejidad que requieren monito reo constante, con soporte ventilatorio limitado o de transición, sin necesidad de ventilación mecánica invasiva.
El área dispone de ocho camas hospitalarias, seis columnas cielíticas equipadas, ocho monitores de signos vitales y tres reguladores de succión. Además, cuenta con ocho conexiones de oxígeno suplementario, ocho de aire comprimido, conexiones eléctricas para ventila dores mecánicos y lámparas de reconocimiento.
La inversión fue de $2,029,334, financiados con fondos del hospital Benjamín Bloom, el apoyo de la Fundación Benjamín Bloom y socios estratégicos.
Jonathan Isaac Barrera Barrera y Steven Orlando Castro Ayala, quienes son procesados por el delito de receptación (comprar y vender artículos robados), seguirán en prisión mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones, así resolvió el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador.
De acuerdo con la acusación, ambos fueron denunciados por una empresa que detectó un faltante de productos tras realizar un inventario. Entre los artículos están cámaras de videovigilancia, micrófonos, audífonos, micrófonos para karaoke, adaptadores Lightning y cargadores para consolas de juegos PS5, entre otros.
Fuentes judiciales informaron que fue hasta el 26 de marzo de 2026 «que el jefe de seguridad de la empresa encontró en redes sociales la venta de artículos similares a los reportados como faltantes, por lo que entabló comunicación con el oferente para simular una compra».
Al coordinar la compra de los productos en un punto estratégico del Centro Histórico San Salvador, llegaron los dos procesados con una caja igual a la utilizada por la empresa, situación que alertó a la Policía Nacional Civil, que procedió a interceptarlos
El ministerio público detalló que ninguno de los dos sujetos pudo justificaron la legalidad de los productos valorados en $3,500.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía ofreció suficiente prueba de cargo en contra de los dos imputados por lo que se ordenó sigan en la cárcel para ampliar y fortalecer la investigación.
