Nacionales
Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.
Un autobús de la ruta 216 estuvo a punto de caer a un barranco en la zona del desvío El Conejo, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes preliminares, la rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, al lograr maniobrar la unidad y evitar que se precipitara al vacío.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área. Algunos de los ocupantes sufrieron crisis nerviosas y golpes leves.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un reporte oficial sobre el incidente.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
