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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó la detección de múltiples conductores que fueron sancionados mediante el sistema de fotomultas por circular a excesiva velocidad en dos de las principales vías del país: la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En la autopista a Comalapa se identificaron varios casos de conducción a velocidades superiores a las permitidas, entre ellos vehículos que circulaban a 125, 130, 136 e incluso 164 kilómetros por hora, según el registro de las autoridades.
Las placas sancionadas en este tramo son M 963 702, P 792 074, P 90 BAF y P 54 B68, todos detectados excediendo los límites establecidos en la vía, lo que representa un alto riesgo para la seguridad vial.
En la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de la curva del Papaturro, también se registraron infracciones similares. Entre las velocidades figuran 100, 103, 104, 119 y hasta 134 kilómetros por hora.
Las placas multadas en este punto incluyen P 113 FB5, P 37 E2D, P 26 79A, M 394 308, M 21 0AC y P 111 B1C, de acuerdo con el sistema de control automatizado implementado en la zona.
Las autoridades reiteraron que la excesiva velocidad constituye la segunda causa de fallecidos por siniestros viales en El Salvador, por lo que hicieron un llamado a respetar los límites establecidos.
Más del 75 % de los estudiantes de último año de bachillerato de institutos públicos se han inscrito en el Proceso Formativo que impulsa el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración, con el objetivo de acceder a becas de educación superior y continuar su formación en universidades o escuelas técnicas del país.
Para 2026, la matrícula de alumnos de último año de bachillerato asciende a aproximadamente 49,000 jóvenes, de los cuales el 75.83 % se ha registrado en el programa, lo que equivale a 36,869 aspirantes a una beca universitaria.
«De alrededor de 49,000 jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato en las 679 escuelas públicas, más del 70 % de los jóvenes se han inscrito, y esto significa más de 35,000 bachilleres y todavía falta una semana más para que se terminen de anotar aquellos interesados», afirmó Alejandro Gutman, presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, en entrevista con «Diario El Salvador».
El funcionario destacó además el incremento en la participación comparado con 2025, cuando de 42,000 estudiantes matriculados 19,000 se incorporaron al Proceso Formativo, equivalente al 45 %. En comparación, este año la cifra casi se duplica en términos de cobertura e interés estudiantil.
Los mayores niveles de inscripción se registran en los departamentos de Cabañas, con el 84.91 %; Chalatenango, con el 80.64 %; y La Unión, con el 80.34 % del total de su estudiantado de último año de bachillerato.
«Los lugares que más abandonados estuvieron históricamente en el país, como Chalatenango, La Unión y Cabañas, son los que reportan más jóvenes interesados en el Proceso Formativo para continuar sus estudios universitarios. Esta cifra está mostrando una nueva forma de hacer política pública con la participación del pueblo», señaló Gutman.
Asimismo, explicó que el programa incluye un trabajo de acompañamiento territorial para motivar a estudiantes, docentes, directores y familias, con el fin de fortalecer la continuidad educativa y ampliar el acceso a oportunidades de formación.
«Actualmente hay más de 16,000 jóvenes en las 37 universidades y escuelas técnicas de El Salvador que hoy están estudiando, con nombre, apellido, escuela, carrera, todo en la Dirección de Integración. Yo espero que para el año que viene [2027] alrededor de 20,000, o tal vez hasta 25,000, hayan cumplido con los requisitos para ingresar», expresó. Finalmente, Gutman indicó que se analiza la incorporación de carreras virtuales en el programa, para ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la participación de jóvenes que residen en zonas alejadas del país.
La Fiscalía General de la República informó la captura de Caleb Isaac Díaz Mejía, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos sexuales que cometió en perjuicio de una menor de edad.
De acuerdo al expediente fiscal, Díaz Mejía retornó a El Salvador, después de cometer los delitos en la nación norteamericana, pero, luego de un proceso investigativo, fue ubicado el pasado 28 de abril en la final avenida Don Bosco del centro urbano Libertad, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oste, departamento de San Salvador.
En el estado de Texas, en Estados Unidos, al imputado se le atribuyen los delitos de agresión sexual agravada infantil e indecencia con un menor, tipos penales previstos y sancionados en las secciones 22.021 y 22.11 del Código Penal de este estado.
Según la Fiscalía, estos delitos son equiparables con el tipo penal de violación en menor o incapaz del Código Penal de El Salvador.
Los hechos delictivos fueron cometidos entre el 22 y el 23 de enero de 2022, cuando la menor tenía 12 años, informó la Fiscalía. En el proceso de ubicación y captura participó la Policía Internacional (Interpol) y el acusado será extraditado a Estados Unidos.
«El extraditable tenía rutinas estrictas para no ser detectado por la justicia requirente (Estados Unidos). El extraditable será presentado ante las autoridades judiciales para seguir los trámites de extradición», informó la Fiscalía.
