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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
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Detienen provisionalmente a tres acusados de administración fraudulenta por más de $1.2 millones
El Juzgado Tercero de Instrucción ordenó el jueves la detención provisional de María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez (los dos últimos de nacionalidad guatemalteca), por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de dos sociedades.
La medida se dictó en una audiencia especial de revisión de medidas cautelares. Los tres imputados venían enfrentando el proceso en libertad, pero al no presentarse a la diligencia, el tribunal ordenó girar las órdenes de captura correspondientes.

Según la Fiscalía General de la República, los procesados, junto a otras cuatro personas, habrían sustraído $1,284,274.39 entre 2016 y 2020. Los imputados, en sus cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos que, según la acusación, carecían de justificación documental.
La investigación se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía presentó la acusación contra siete personas por presuntas irregularidades en la administración de recursos de las sociedades Tierras Nacionales LTDA y otra empresa vinculada. Entre los imputados figuran Jorge Leonel Gaitán Paredes (fallecido) y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro, además de Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade. Para estos últimos no se solicitó revisión de medidas en la audiencia de este viernes.

En marzo de 2025, las autoridades guatemaltecas capturaron a padre e hijo Gaitán con fines de extradición a El Salvador por este mismo caso. Durante el proceso se han realizado peritajes informáticos para analizar correos electrónicos y sistemas contables de las empresas involucradas.
La detención provisional de Umaña Velásquez, Echeverría Cabrera de Reyes y Berger Giménez se mantendrá mientras avanzan las diligencias de instrucción.

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Fuerza Armada recibe a 63 nuevos cadetes
En el marco del 202 aniversario de la fundación de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presidió el acto de juramentación de 63 cadetes de la Escuela Militar «Capitán General Gerardo Barrios».
«Es grato dirigirme a ustedes en la conmemoración del día del Soldado Salvadoreño, donde hemos presenciado la juramentación ante la bandera nacional de nuestros cadetes y la entrega de bastones de mando a los señores generales recién ascendidos, una solemne ceremonia que reviste un profundo significado institucional de tradiciones militares», fueron las primeras palabaras del ministro.
Merino Monroy recordó a los nuevos cadetes que en los más de dos siglos de fundación de la Fuerza Armada, la institución se mantiene firme en el cumplimiento de su misión constitucional, consolidándose como una institución disciplinada al servicio del pueblo salvadoreño, que ahora también ayuda al mantenimiento del orden y la seguridad pública.
«En los últimos años su participación ha sido determinante en la generación de condiciones de paz y seguridad, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad nacional y al fortalecimiento del Estado de Derecho impulsado por el señor presidente de la república y comandate general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele», indicó el ministro.
El funcionario reafirmó a los cadetes, que el acto de juramentación a la bandera nacional, realizado este jueves, constituye uno de los momentos más trascendentales de su formación militar.
«A partir de este momento ustedes dejan de ser únicamente aspirantes y se convierten en portadores de una tradición de honor y servicio», enfatizó Merino Monroy.
En el acto también se entregó el bastón de mando a tres generales recién ascendidos.
«Señores generales, el ascenso que hoy se oficializa es el justo reconocimiento a una trayectoria marcada por su servicio lealtad institucional y la perseverancia», dijo el ministro.
Agregó «a quienes hoy ostentan estas nuevas jerarquías les exhorto a ejercer su autoridad con la prudencia, firmeza y un elevado sentido del deber, honrando la confianza que la nación ha depositado en ustedes».
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Habilitan carril en Zona Rosa mientras obra de mitigación llega al 98 % de avance
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que este jueves se ha habilitado un carril en el sector de la Zona Rosa, donde actualmente se desarrollan trabajos de mitigación enfocados en disminuir afectaciones provocadas por lluvias intensas.
La intervención se realiza sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa, en San Salvador Centro, un punto que ha registrado problemas de acumulación de agua e inundaciones en temporada invernal.
«Este proyecto ya registra el 98 % de avance y prácticamente está terminado», detalló el funcionario, quien agregó que se espera que la obra culminé la próxima semana.
De acuerdo con el funcionario, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua en la zona y disminuir el impacto de las lluvias.
«La obra consiste en una caja de detención con capacidad para 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y una intervención de 182 metros de longitud», expresó Rodríguez.
«Estamos ejecutando una obra de drenaje con una inversión de $3 millones, para reducir inundaciones en un sector vulnerable», añadió.
El titular del MOP detalló que los trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación que impulsa el Gobierno en distintos puntos del país considerados vulnerables ante emergencias climáticas.
«Esta es una de las muchas obras que desarrollamos como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026. Además, hemos intervenido cárcavas en sectores de Soyapango e Ilopango para reducir riesgos y proteger a las familias», dijo.




