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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
