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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves sobre la captura de José Luis Hernández Cortez, de 41 años, acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la institución, el detenido era requerido mediante una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en el cantón Concepción, distrito de Berlín, Usulután Norte. La PNC detalló que Hernández Cortez habría llevado con engaños a un hombre hasta una finca, donde presuntamente lo atacó con un trozo de madera, causándole graves lesiones en la cabeza.
La institución agregó que la víctima fue trasladada inconsciente a un hospital tras la agresión y que actualmente continúa recibiendo atención médica.
La Dirección Distrital de Ilopango, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la alcaldía de San Salvador Este, informó que atendió una denuncia presentada por habitantes de la colonia Vista al Lago, primera etapa, relacionada con la obstrucción de la vía pública por objetos inservibles.
Según la institución, como parte de la intervención se realizaron labores de retiro de estos objetos, con el objetivo de despejar el área y mejorar las condiciones de circulación en el sector. La Dirección Distrital señaló que estas acciones contribuyen a mantener espacios limpios, ordenados y seguros para los residentes.
Por otra parte, la alcaldía de San Salvador Este informó a través de redes sociales sobre la atención de una denuncia en el casco urbano del distrito de San Martín, donde funcionaba un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con los residentes de la zona, el lugar generaba condiciones de riesgo e insalubridad que afectaban a niños, jóvenes y familias. Ante esta situación, las autoridades procedieron al cierre definitivo del establecimiento.
“Seguimos actuando con firmeza para construir comunidades más seguras y ordenadas para todos”, expresó la autoridad municipal a través de redes sociales.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 11 de junio finalizó con cero homicidios registrados en el país. De acuerdo con la institución, esta jornada se suma a los 11 días sin asesinatos reportados en junio y a los 26 registrados durante mayo.
Según las estadísticas oficiales citadas por la PNC, abril concluyó con 27 jornadas sin homicidios, marzo contabilizó 23 días sin muertes a causa de la violencia, febrero registró 24 jornadas sin asesinatos y enero cerró con 27 días sin homicidios.
La corporación policial detalló que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan 1,125 días sin homicidios. Asimismo, señaló que durante 2026 se han registrado 137 jornadas sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente en la actualidad.
