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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
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Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
