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Fiscalía fortalecerá la Unidad de Investigación Financiera para el 2023
La Fiscalía General de la República (FGR) contará con $122.3 millones para ejecutar operaciones en el año 2023. De dicho presupuesto, aprobado por la Asamblea Legislativa, $78 millones serán destinados para el funcionamiento de la institución y $44.3 millones para inversión pública, según lo explicó el pasado 15 de diciembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado, a los diputados de la comisión de Hacienda.
El fiscal general indicó que de los $122.3 millones que serán otorgados a la institución para este año, un total de $523,379 serán destinados para el fortalecimiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que permitirá al Ministerio Público combatir delitos como lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Dicho monto será distribuido en: $434,199 para remuneraciones de profesionales jurídicos, analistas y motoristas; $36,000 para equipo de computo; $9,900 para mobiliario; y $43,280 para licencias y software.
Delgado también explicó que, del presupuesto aprobado utilizarán $14.5 millones para solventar algunas deficiencias operativas detectadas a lo largo del 2022.
«Del total del presupuesto, cerca de $14,562,660 han sido destinados para cubrir deficiencias operativas en áreas como: remuneraciones, arrendamiento de bienes inmuebles, vigilancia, servicios básicos, servicios tecnológicos, suministros de servicios, combustible, licencias y software, bienes uso y consumo, seguros e impuestos, y otros bienes y servicios», detalló el funcionario.
Agregó que además invertirán $1.1 millones para renovar la flota de vehículos para garantizar un mayor trabajo de campo en las zonas y casos que se necesite.
«Algunas prioridades de la institución serán fortalecer la operatividad del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, dotar a la institución de herramientas tecnológicas para la investigación de delitos, abrir plazas nuevas, capacitar a los empleados y mejorará las condiciones en las que desarrollan sus funciones», señaló Delgado.
En el presupuesto también se incluyen gastos generados por litigios. En total, los gastos ejecutados por litigios de 2021-2022 es de $4.9 millones y la necesidad para cubrir el pago de litigios para el 2023 asciende a los $5.4 millones.
Los diputados además aprobaron $7.2 millones adicionales a los $122.3 millones del presupuesto 2023 para financiar el déficit operativo. El monto fue solicitado por el titular del ministerio público.
«Durante la ejecución del 2023 solicitar una reconsideración para efecto que se nos incorpore $7.2 millones para tener suficientes recursos para la operatividad institucional», enfatizó Delgado.
Sobre el trabajo realizado durante el año pasado, Delgado aseguró que la Fiscalía incrementó los procesos en un 109 % con relación al 2021, lo que demuestra, según dijo, que el trabajo se intensificará en 2023.
El titular del Ministerio Público informó que, durante el 2022, la institución atendió 204,215 víctimas. Además, con la implementación del régimen de excepción se han capturado a 60,000 personas y, hasta el 31 de diciembre, a más de 3,300 se les dejó en libertad al haber quedado demostrado que no tenían pendientes con la justicia.
La recaudación de impuestos en El Salvador continúa mostrando una tendencia de crecimiento en los primeros meses de 2026. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $1,386.9 millones al 28 de febrero, lo que significó un incremento de $70.6 millones respecto al mismo período de 2025, equivalente a un alza del 5.4 %.
Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los ingresos tributarios, que alcanzaron los $1,334 millones, con un crecimiento interanual del 5.8 %. Dentro de este rubro, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolidó como la principal fuente de ingresos fiscales, al aportar $689.8 millones, lo que representó un incremento de $45.5 millones frente al año anterior, equivalente a un crecimiento del 7.1 %.
El comportamiento del IVA refleja el dinamismo del consumo interno, especialmente en las operaciones declaradas, que generaron $362.4 millones y crecieron un 16.1 %. En contraste, el IVA asociado a importaciones mostró una leve contracción del 1.5 %, situándose en $327.5 millones, lo que sugiere una moderación en el ritmo de compras externas.
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) alcanzó los $498.8 millones, con un crecimiento interanual del 2.4 %. Dentro de este, el componente de pago a cuenta registró un aumento del 7.7 %, mientras que las retenciones crecieron de forma más moderada, con un 0.7 %. En contraste, las declaraciones presentaron una caída del 9.2 %, lo que evidencia una menor contribución en este segmento específico.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $62.4 millones, con un crecimiento del 11.7 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron los $44.4 millones, con un incremento del 13.2 %. En este último rubro, destacan los aumentos en bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos, así como en bebidas no carbonatadas.
El Estado ha recibido más ingresos por impuestos y contribuciones durante 2022, producto del ataque a la evasión. Foto DES/ Sofía Mazariego.
Asimismo, los impuestos diversos, como la transferencia de bienes raíces, aportaron $23.1 millones, con un crecimiento del 13.9 %, destacando particularmente el aumento del 20.3 % en las operaciones de transferencia de inmuebles. Este comportamiento puede estar vinculado a una mayor actividad en el sector inmobiliario durante el período analizado.
En cuanto a las contribuciones especiales, estas totalizaron $15.5 millones, con un incremento del 12.9 %, impulsadas principalmente por los aportes destinados al transporte público y la promoción del turismo.
Por otro lado, los ingresos no tributarios registraron una caída del 5.5 %, al situarse en $52.8 millones, reflejando menores transferencias corrientes e ingresos financieros. Sin embargo, algunos componentes, como las contribuciones a la seguridad social y la venta de bienes y servicios, mostraron variaciones positivas.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
La Comisión Electoral Nacional de ARENA convocó oficialmente a elecciones internas para seleccionar a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como a diputados de la Asamblea Legislativa y miembros de los Concejos Municipales, ambos procesos para 2027.
El anuncio marca el inicio de un proceso clave para el partido tricolor, que intenta reorganizarse de cara a los próximos comicios. Sin embargo, la convocatoria se da en un contexto complicado, caracterizado por una profunda crisis interna, marcada por disputas entre sus dirigentes, pérdida de cohesión y una notable disminución de sus bases.
En los últimos años, ARENA ha enfrentado constantes señalamientos de corrupción que han impactado su imagen pública. Estos casos han contribuido a erosionar la confianza de los salvadoreños, debilitando su posicionamiento político frente a otros partidos y consolidando la percepción de desgaste institucional.
A nivel interno, las divisiones han sido evidentes, con conflictos que han dificultado la construcción de una estrategia unificada, lo que se ha reflejado en resultados electorales desfavorables.
Actualmente, ARENA cuenta únicamente con dos diputados en la Asamblea Legislativa, una reducción significativa en comparación con su histórica influencia política en el país. Este escenario evidencia el retroceso del partido, que durante décadas fue una de las principales fuerzas políticas de El Salvador.
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador autorizó la prórroga del plazo de la etapa de investigación del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal y José Gerardo Rodríguez, por los delitos de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, así como estafa en perjuicio de la fe pública y del guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
Según la resolución, se amplía por seis meses la fase de instrucción que vencía el 1 de abril y se traslada el plazo hasta para el 1 de octubre de 2026, a partir de esa fecha el ministerio público dispondrá de cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación [investigación final del expediente].
El juez ha encomendado a la Fiscalía tomar las medidas pertinentes para garantizar que todas las diligencias estén concluidas en el término de instrucción prorrogado y las presente en esa sede judicial oportunamente.
La petición de ampliación fue presentada por el ministerio público, según consta en el expediente. Al mismo tiempo, el juzgado declaró ha lugar -aceptó- la solicitud de querella presentada para ejercer la acusación particular en conjunto con la Fiscalía por parte del abogado Orestes David Ortez Quintanar, en contra de Jorge Schafik Hándal.
Este proceso es iniciado porque el exdiputado junto a José Gerardo Rodríguez, se apropiaron y vendieron una finca con cuatro inmuebles que no les pertenecía en su totalidad, el 50% había sido adquirido legalmente por el ciudadano guatemalteco-israelí, según señala Fiscalía.
