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Exfuncionarios de FMLN inflaron precios de productos en cárceles para que familiares dieran más dinero y se incrementara la extorsión
Los exfuncionarios de Seguridad de los gobiernos del Fmln subieron los precios de los productos de las tiendas en las cárceles para que los familiares dieran más dinero a los reclusos, al mismo tiempo que éstos dieran órdenes de incrementar las extorsiones a los salvadoreños, confirmó esta mañana el fiscal general Rodolfo Delgado.
Delgado explicó que estos exfuncionarios no solo son culpables de apropiarse de millones de dólares provenientes de las tiendas penitenciarias, sino que además del alza de extorsiones, por parte de pandillas, a familias trabajadoras.
“Incrementaron deliberadamente la cifra de dinero que un reo puede tener en un centro penitenciario, afectando a la sociedad al promover la extorsión en las calles… Se inflaban los precios de los productos, aumentando la presión sobre los familiares de los privados de libertad, que debían dar una cifra mayor de dinero a los reos”, reiteró en la entrevista AM de canal 10.
De acuerdo con el fiscal general, durante la gestión de los extitulares de Seguridad, capturados ayer, se acumuló una deuda de $2.9 millones con los pequeños empresarios que abastecían las tiendas penitenciarias.
Para no ser descubiertos, dijo Delgado, se inventaron un mecanismo para que la Corte de Cuentas no los auditara, y así desviar los millones de dólares, a través de Asociación Yo Cambio.
“ASOCAMBIO estaba destinada a la reinserción y posteriormente, fue parte del mecanismo de enriquecimiento ilícito de los anteriores funcionarios”, añadió el fiscal general.
Ayer fueron capturados 10 exfuncionarios del gobierno del FMLN, vinculados a la asociación ASOCAMBIO, entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, y exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de Seguridad, Raúl López; el exdirector General de Centros Penales, Marco Tulio Lima; el exjurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Sergio Ernesto Chicas.
También el exjurídico del MJSP, José Roberto Nóchez; el exdirector ejecutivo del MJSP, Luis Alonso Barrera; el exinspector general de Centro Penales, Ramón Fernando Roque y la excoordinadora de las tiendas penitenciarias, Flor Hernández, entre otros.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
