En San Salvador, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso hasta 60 años de prisión a 57 terroristas de la Mara Salvatrucha de Chalatenango, en el inicio de un expediente colectivo iniciado contra cientos de integrantes de esa estructura que durante los próximos dos años, serán llevados ante el juez dos de esa sede para enfrentar la audiencia única abierta.

Los mareros de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de ese departamento enfrentaron los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.

Según la Fiscalía General de la República, entres los condenados hay homeboys y colaboradores, quienes consumaron los delitos ejerciendo funciones que la jerarquía superior de la pandilla les asignó.

Los perfiles criminales elaborados por agentes especializados en investigación de estructuras terroristas, sirvió para ilutar al juez que durante años formaron parte de la célula criminal Hollywood.

La mayor condena fue para Carlos Antonio Chacón, alias «Discreto», por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», recibieron 45 años por agrupaciones ilícitas, ambos eran cabecillas dentro de la pandilla.

Otros 54 mareros fueron condenados a penas que van de 15 a 30 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, así como agrupaciones ilícitas.

En el fallo el juez dijo que para emitir la condena tuvo acceso a prueba que demostró la participación criminal colectiva e individual. Por ejemplo, los tatuajes eran más que evidentes para concluir que son miembros activos de la MS, además colectivamente se dedicaban a trasladar droga y estaban bajo el mando de cabecillas de esa organización delictiva.

Hubo también herramientas especiales de investigación, entre ellas escuchas telefónicas y perfiles delincuenciales que científicamente probó que la pertenencia a la Mara Salvatrucha.

En enero de 2026, más de seis condenas de estructuras han sido emitidas por los tribunales contra el crimen organizado que abrieron audiencias únicas para comenzar a depurar los expedientes de aquellos pandilleros que según informes de la Fiscalía ya estaban listos para ser enjuiciados.

Una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2025, ordena a los jueces habilitar audiencias únicas abierta, en contra de estructuras de pandillas acusados de agrupaciones ilícitas y delitos conexos.

En El Salvador, esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso junto a la Fiscalía General de la República para agilizar y depurar los expedientes iniciados la segunda semana de abril de 2022, luego de instaurarse el régimen de excepción, el 27 de marzo de ese año y que ha sido prorrogado en 47 ocasiones.

Entre el 1 16 de enero, dos tribunales contra el Crimen Organizado de San Salvador y uno de Santa Ana, han iniciado audiencias únicas abiertas y hasta han dictado condenas de hasta más de 100 años para terroristas que cometieron homicidios, privaron de libertad y desaparecieron personas. También como un delito de crimen organizado han condenado en esos expedientes masivos por el delito de extorsión agravada.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador (UES) acordó dejar sin efecto la aprobación de un bono de $400 para empleados con salarios superiores a $1,500, que no estaban incluidos en la Quincena 25, una iniciativa del Gobierno para beneficiar a trabajadores con salarios bajos.

La revocatoria quedó establecida en el Acuerdo No. 011–2025-2027 IX-1), tomado en sesión ordinaria el 12 de febrero, luego de que el jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI), Enrique Pérez, solicitara formalmente anular el acuerdo anterior (N.º 010-2025-2027 (V-1)), mediante el cual se había autorizado el beneficio económico.

Según el nuevo acuerdo, el bono carece de respaldo presupuestario y su aplicación pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. La UFI argumentó que, tras un análisis financiero conjunto con las administraciones de las facultades, se determinó que la prestación no cuenta con asignación en el rubro 51 —correspondiente a remuneraciones— para el ejercicio fiscal 2026.

El informe técnico señala además que la universidad enfrenta un déficit superior a $875,000 como resultado del financiamiento de la Quincena 25, prestación que, según el Decreto Legislativo N.º 499, debía cubrirse con las asignaciones ordinarias del presupuesto institucional.

No obstante, la decisión ha generado cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. La aprobación inicial del bono fue difundida, pero después de varias críticas el Consejo dio marcha atrás, alegando que no existía disponibilidad financiera suficiente, lo cual deja en evidencia que el acuerdo original fue adoptado sin contar con un análisis presupuestario definitivo o sin haber incorporado todos los compromisos financieros vigentes.

El propio informe reconoce que, posterior a la aprobación del bono, se identificaron compromisos presupuestarios adicionales en varias facultades que no habían sido considerados en el estudio previo, lo que comprometería obligaciones ordinarias ya adquiridas. Esto plantea dudas sobre la rigurosidad de la evaluación financiera antes de autorizar la prestación.
La UFI advirtió que algunas facultades presentan históricamente déficit presupuestario y requieren apoyo financiero desde Rectoría, por lo que asumir una nueva carga económica podría profundizar los desequilibrios internos.

El informe recomienda que cualquier beneficio de esta naturaleza sea gestionado previamente ante el Ministerio de Hacienda para asegurar una asignación específica de recursos.
La revocatoria fue aprobada con 30 votos a favor y 4 abstenciones, y se instruyó a las unidades de Recursos Humanos suspender cualquier proceso relacionado con la elaboración de planillas.

Mario Vásquez, alcalde de San Salvador Sur, aseguró que sostuvo una reunión con la población indígena que reside en los cantones Azacualpa, San Isidro, Troncones y Crucitas, del distrito de Panchimalco.

El funcionario explicó que el objetivo de este encuentro es para conocer de primera mano las necesidades y retos que enfrenta este grupo poblacional.

«Realizamos una importante asamblea con la población indígena, un espacio de diálogo y participación para escuchar sus necesidades y fortalecer el trabajo conjunto», aseguró.

Vásquez detalló que durante la reunión con los pobladores también tuvieron la participación y el acompañamiento de Raquel Caballero de Guevara, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «con quien reafirmamos el compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos de nuestras comunidades».

El funcionario agregó que en el conversatorio se abordaron temas prioritarios como el acceso a los servicios de agua, educación y salud, entre otros.

Además, señaló que este encuentro sentó las bases para organizarse junto con las comunidades e «impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de todas las familias».

La reunión también sirvió para que instituciones gubernamentales llevaran a cabo una jornada de salud a través de la cual se proporcionaron más de 500 atenciones en consulta general, pediatría, odontología y otros servicios.