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Cinco pandilleros fueron capturados tras ser deportados de Estados Unidos
Un grupo de cinco pandilleros salvadoreños fueron deportados en los últimos días desde Estados Unidos, informó este jueves el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien señaló que pesé a que el país norteamericano no los perfila como integrantes de maras, el sistema salvadoreño tiene un registro, los identifica y, proceden a ejecutar las capturas inmediatamente, «en cuando ponen un pie en nuestro territorio».
«Contamos con registros policiales elaborados durante 20 años con los datos de estos pandilleros archivados en los gobiernos fallidos anteriores; sin embargo, nuestros investigadores nunca dejaron de asociarlos y agruparlos», dice el titular de Seguridad.
Los pandilleros son José Miguel Ángel Ramírez Hernández, de la MS13; David Alfredo Trujillo Chacón, alias «El Serio», de la MS13; Santos Saúl Moreno Barahona, alias «El Negro», de la 18R; Óscar Armando Huezo Mancia, alias «Cuto» de la 18R y Jaquelin Yesenia Meléndez, alias «Colocha» de la MS13.
Los cuatro hombres fueron capturados por pertenecer a grupos terroristas, mientras que la pandillera tiene una orden judicial de captura.
Contamos con registros policiales elaborados durante 20 años con los datos de estos pandilleros archivados en los gobiernos fallidos anteriores; sin embargo, nuestros investigadores nunca dejaron de asociarlos y agruparlos.
A estos criminales, Estados Unidos los deporta sin… pic.twitter.com/JUBTfA7u9h
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) March 6, 2024
Villatoro explicó que «estos terroristas son miembros de las estructuras MS13 y 18 Revolucionarios, con rangos de: homeboy, colaboradores y paro, uno de ellos posee orden judicial de captura y los demás son capturados por pertenecer a grupos terroristas». Los cuatro que serán procesados por organizaciones terroristas podrían enfrentar condenas de 20 años de prisión, solo por ser pandilleros.
Funcionarios han reiterado a la población que no descansarán hasta poner al último pandillero en las cárceles y se asegurarán de que no salgan de prisión ni tengan beneficios como en gobiernos anteriores.
«Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la justicia deberá pagarlas. Esta guerra contra pandillas sigue y estamos comprometidos en garantizar que estos criminales que han causado temor por años no vuelvan a poner un pie en las calles. No vamos a permitir que estos terroristas sigan atentando contra la población y los vamos a encontrar en cualquier lugar donde se escondan», dice Villatoro.
Honduras, Guatemala, Belice, México y Colombia son algunos de los países con los que las autoridades salvadoreñas han trabajado para ubicar y traer a pandilleros que se habían escondido en esos lugares.
El Centro Antipandillas Transnacional juega un papel fundamental en este tipo de operaciones que combinan cruce de información de inteligencia con policías de la región para ir tras pandilleros.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
