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Autoridades ganan confianza de los salvadoreños por garantizar la seguridad
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (PNC) llevan a cabo su misión constitucional apegados al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de respeto a los derechos humanos, según la opinión de los salvadoreños reflejada en la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El régimen de excepción, que refuerza la estrategia de seguridad pública Plan Control Territorial, del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cuenta con el apoyo de soldados que junto con policías desarrollan tareas de seguridad y acompañamiento en todo el territorio nacional.
Los encuestados por el Iudop-UCA respondieron tres preguntas relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad: sobre si durante 2023 estuvieron expuestos a abuso policial o militar, si recibieron amenazas de aplicarles el régimen de excepción o si fueron detenidos injustificadamente.
El 98.4 % de los salvadoreños aseguró que no recibió maltrato físico ni fue golpeado por un agente policial, el 93.5 % afirmó no haber recibido maltrato verbal o insulto por parte de los agentes, mientras que el 83.9 % respondió no haber visto a policías maltratar físicamente a otra persona.
Según el mismo sondeo, el 98 % de los consultados dijo que no fue maltratado verbalmente ni recibió insulto de soldados durante el año pasado, el 99.2 % respondió que ningún soldado lo maltrató físicamente o lo golpeó, y el 88.2 % aseguró no haber visto a soldados maltratando físicamente a otra persona.
Asimismo, en los resultados de la encuesta del Iudop-UCA se consignó que el 93.9 % de la población expresó que durante el año recién pasado ni policías ni soldados le amenazó con aplicar el régimen de excepción o detenerlo injustificadamente.
Solo el 6.1 % opinó lo contrario.
La encuesta universitaria tuvo como objetivo evaluar la situación del país en 2023. Fue hecha del 9 al 22 de diciembre último a 1,280 personas a escala nacional, con un nivel de confianza de 95 %.
De acuerdo con la evaluación, los salvadoreños otorgaron una nota de 8.02 al trabajo de la Fuerza Armada, mientras que la Policía recibió una calificación de 7.84.
«Mientras más segura o muy segura se siente la gente en el país, y mientras más opine que la inseguridad disminuyó, es mejor la opinión y la confianza que tienen [los salvadoreños] con respecto a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil [PNC]», comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, al referirse a la ponderación que reciben la institución policial y la castrense.
Estos resultados, obtenidos de un estudio llevado a cabo por una institución académica crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, contrasta el discurso de la oposición política y organismos afines, que afirman que las fuerzas de seguridad tienen mala evaluación por parte de la población debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con la aplicación del régimen de excepción.
Para los sociólogos y analistas René Martínez y Mauricio Rodríguez, tanto la Policía como la Fuerza Armada juegan un rol muy distinto al de décadas anteriores. «Hoy están en función de respetar los derechos del pueblo, en función social, y de construir democracia combatiendo el crimen y la corrupción», manifestó Martínez.
Rodríguez señaló que como salvadoreños «hoy tenemos una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada más capacitadas en el tema de derechos humanos, pero también más capacitadas en combatir delincuencia».
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó la detección de múltiples conductores que fueron sancionados mediante el sistema de fotomultas por circular a excesiva velocidad en dos de las principales vías del país: la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En la autopista a Comalapa se identificaron varios casos de conducción a velocidades superiores a las permitidas, entre ellos vehículos que circulaban a 125, 130, 136 e incluso 164 kilómetros por hora, según el registro de las autoridades.
Las placas sancionadas en este tramo son M 963 702, P 792 074, P 90 BAF y P 54 B68, todos detectados excediendo los límites establecidos en la vía, lo que representa un alto riesgo para la seguridad vial.
En la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de la curva del Papaturro, también se registraron infracciones similares. Entre las velocidades figuran 100, 103, 104, 119 y hasta 134 kilómetros por hora.
Las placas multadas en este punto incluyen P 113 FB5, P 37 E2D, P 26 79A, M 394 308, M 21 0AC y P 111 B1C, de acuerdo con el sistema de control automatizado implementado en la zona.
Las autoridades reiteraron que la excesiva velocidad constituye la segunda causa de fallecidos por siniestros viales en El Salvador, por lo que hicieron un llamado a respetar los límites establecidos.
Más del 75 % de los estudiantes de último año de bachillerato de institutos públicos se han inscrito en el Proceso Formativo que impulsa el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración, con el objetivo de acceder a becas de educación superior y continuar su formación en universidades o escuelas técnicas del país.
Para 2026, la matrícula de alumnos de último año de bachillerato asciende a aproximadamente 49,000 jóvenes, de los cuales el 75.83 % se ha registrado en el programa, lo que equivale a 36,869 aspirantes a una beca universitaria.
«De alrededor de 49,000 jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato en las 679 escuelas públicas, más del 70 % de los jóvenes se han inscrito, y esto significa más de 35,000 bachilleres y todavía falta una semana más para que se terminen de anotar aquellos interesados», afirmó Alejandro Gutman, presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, en entrevista con «Diario El Salvador».
El funcionario destacó además el incremento en la participación comparado con 2025, cuando de 42,000 estudiantes matriculados 19,000 se incorporaron al Proceso Formativo, equivalente al 45 %. En comparación, este año la cifra casi se duplica en términos de cobertura e interés estudiantil.
Los mayores niveles de inscripción se registran en los departamentos de Cabañas, con el 84.91 %; Chalatenango, con el 80.64 %; y La Unión, con el 80.34 % del total de su estudiantado de último año de bachillerato.
«Los lugares que más abandonados estuvieron históricamente en el país, como Chalatenango, La Unión y Cabañas, son los que reportan más jóvenes interesados en el Proceso Formativo para continuar sus estudios universitarios. Esta cifra está mostrando una nueva forma de hacer política pública con la participación del pueblo», señaló Gutman.
Asimismo, explicó que el programa incluye un trabajo de acompañamiento territorial para motivar a estudiantes, docentes, directores y familias, con el fin de fortalecer la continuidad educativa y ampliar el acceso a oportunidades de formación.
«Actualmente hay más de 16,000 jóvenes en las 37 universidades y escuelas técnicas de El Salvador que hoy están estudiando, con nombre, apellido, escuela, carrera, todo en la Dirección de Integración. Yo espero que para el año que viene [2027] alrededor de 20,000, o tal vez hasta 25,000, hayan cumplido con los requisitos para ingresar», expresó. Finalmente, Gutman indicó que se analiza la incorporación de carreras virtuales en el programa, para ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la participación de jóvenes que residen en zonas alejadas del país.
La Fiscalía General de la República informó la captura de Caleb Isaac Díaz Mejía, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos sexuales que cometió en perjuicio de una menor de edad.
De acuerdo al expediente fiscal, Díaz Mejía retornó a El Salvador, después de cometer los delitos en la nación norteamericana, pero, luego de un proceso investigativo, fue ubicado el pasado 28 de abril en la final avenida Don Bosco del centro urbano Libertad, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oste, departamento de San Salvador.
En el estado de Texas, en Estados Unidos, al imputado se le atribuyen los delitos de agresión sexual agravada infantil e indecencia con un menor, tipos penales previstos y sancionados en las secciones 22.021 y 22.11 del Código Penal de este estado.
Según la Fiscalía, estos delitos son equiparables con el tipo penal de violación en menor o incapaz del Código Penal de El Salvador.
Los hechos delictivos fueron cometidos entre el 22 y el 23 de enero de 2022, cuando la menor tenía 12 años, informó la Fiscalía. En el proceso de ubicación y captura participó la Policía Internacional (Interpol) y el acusado será extraditado a Estados Unidos.
«El extraditable tenía rutinas estrictas para no ser detectado por la justicia requirente (Estados Unidos). El extraditable será presentado ante las autoridades judiciales para seguir los trámites de extradición», informó la Fiscalía.
