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Autoridades ganan confianza de los salvadoreños por garantizar la seguridad
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y los efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (PNC) llevan a cabo su misión constitucional apegados al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y de respeto a los derechos humanos, según la opinión de los salvadoreños reflejada en la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El régimen de excepción, que refuerza la estrategia de seguridad pública Plan Control Territorial, del Gobierno del presidente Nayib Bukele, cuenta con el apoyo de soldados que junto con policías desarrollan tareas de seguridad y acompañamiento en todo el territorio nacional.
Los encuestados por el Iudop-UCA respondieron tres preguntas relacionadas con el trabajo de las fuerzas de seguridad: sobre si durante 2023 estuvieron expuestos a abuso policial o militar, si recibieron amenazas de aplicarles el régimen de excepción o si fueron detenidos injustificadamente.
El 98.4 % de los salvadoreños aseguró que no recibió maltrato físico ni fue golpeado por un agente policial, el 93.5 % afirmó no haber recibido maltrato verbal o insulto por parte de los agentes, mientras que el 83.9 % respondió no haber visto a policías maltratar físicamente a otra persona.
Según el mismo sondeo, el 98 % de los consultados dijo que no fue maltratado verbalmente ni recibió insulto de soldados durante el año pasado, el 99.2 % respondió que ningún soldado lo maltrató físicamente o lo golpeó, y el 88.2 % aseguró no haber visto a soldados maltratando físicamente a otra persona.
Asimismo, en los resultados de la encuesta del Iudop-UCA se consignó que el 93.9 % de la población expresó que durante el año recién pasado ni policías ni soldados le amenazó con aplicar el régimen de excepción o detenerlo injustificadamente.
Solo el 6.1 % opinó lo contrario.
La encuesta universitaria tuvo como objetivo evaluar la situación del país en 2023. Fue hecha del 9 al 22 de diciembre último a 1,280 personas a escala nacional, con un nivel de confianza de 95 %.
De acuerdo con la evaluación, los salvadoreños otorgaron una nota de 8.02 al trabajo de la Fuerza Armada, mientras que la Policía recibió una calificación de 7.84.
«Mientras más segura o muy segura se siente la gente en el país, y mientras más opine que la inseguridad disminuyó, es mejor la opinión y la confianza que tienen [los salvadoreños] con respecto a la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil [PNC]», comentó Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, al referirse a la ponderación que reciben la institución policial y la castrense.
Estos resultados, obtenidos de un estudio llevado a cabo por una institución académica crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, contrasta el discurso de la oposición política y organismos afines, que afirman que las fuerzas de seguridad tienen mala evaluación por parte de la población debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas con la aplicación del régimen de excepción.
Para los sociólogos y analistas René Martínez y Mauricio Rodríguez, tanto la Policía como la Fuerza Armada juegan un rol muy distinto al de décadas anteriores. «Hoy están en función de respetar los derechos del pueblo, en función social, y de construir democracia combatiendo el crimen y la corrupción», manifestó Martínez.
Rodríguez señaló que como salvadoreños «hoy tenemos una Policía Nacional Civil y una Fuerza Armada más capacitadas en el tema de derechos humanos, pero también más capacitadas en combatir delincuencia».
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
