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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La Embajada de la República Popular China en El Salvador dio detalles sobre el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), una de las principales obras impulsadas bajo la cooperación bilateral entre ambos países.
A través de publicaciones en la red social X, la representación diplomática aseguró que el área donde será construido el recinto ya fue definida y aclaró que no habrá más remoción de árboles en la zona intervenida.
“La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños”, publicó la embajada. Posteriormente, añadió que “el área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.
La sede diplomática también explicó que el complejo utilizará solo una parte del terreno total y que la mayoría del espacio será preservado como área ecológica.
“Según la parte salvadoreña, el proyecto ocupará únicamente el 30 % del terreno; el 70 % restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador”, detalló.
Las declaraciones surgen en medio de la polémica y las críticas generadas por trabajos de tala y remoción de árboles en la finca El Espino, donde será desarrollada la construcción.
Desde 2025, organizaciones ambientalistas y movimientos ciudadanos han expresado preocupación por el impacto ecológico de la obra.
En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa autorizó el traslado de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino a CIFCO para la construcción del nuevo recinto.
En agosto del mismo año, elsalvador.com publicó que dicha extensión equivale aproximadamente a 7.6 canchas del estadio Cuscatlán y representa cerca del 0.98 % del área total del Ecoparque El Espino.
En ese momento, integrantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” manifestaron, en una entrevista de la Radio YSUCA, que no se oponían al desarrollo de infraestructura, pero sí pedían alternativas que evitaran impactos ambientales en una de las principales zonas de recarga hídrica y biodiversidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
MOPT niega que proyecto esté dentro de área protegida
Horas antes de los mensajes publicados por la embajada china, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) negó oficialmente que el proyecto vaya a construirse dentro del área protegida de El Espino o del Parque Bicentenario.
La institución aseguró que el terreno destinado para el nuevo CIFCO está ubicado frente a Cancillería, en una zona urbanizada donde ya funcionan entidades como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ILEA, FEPADE y la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Además, el MOPT anunció una jornada de reforestación con la siembra de 20,000 árboles en El Espino, como parte de las medidas ambientales impulsadas tras los cuestionamientos ciudadanos.
El nuevo CIFCO forma parte de los proyectos financiados con cooperación no reembolsable de China, junto a otras obras emblemáticas como el nuevo Estadio Nacional que se construye en terrenos donde anteriormente funcionó la Escuela Militar.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
