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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias de 21 lotificaciones, de diferentes puntos de El Salvador, quienes fueron estafadas por la corporación Argoz.
De acuerdo con las autoridades son 137 escrituras de propiedad entregadas estregadas este día, lo que garantiza la seguridad jurídica de los afectados por la Corporación Argoz S.A. de C.V.
«Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso han esperado hasta 43 años por este documento», detalló la funcionaria.
Con la entrega de estas escrituras, el Ministerio de Vivienda recupera aproximadamente $1.4 millones en favor de las familias.
«Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en 7 departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones», destacó la ministra durante la entrega de escrituras.
Las familias beneficiadas residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.
«Le doy gracias a Dios y al presidente Nayi Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo», dijo Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, Santa Ana.
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.
