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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves sobre la captura de José Luis Hernández Cortez, de 41 años, acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa. De acuerdo con la institución, el detenido era requerido mediante una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el reporte policial, los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril en el cantón Concepción, distrito de Berlín, Usulután Norte. La PNC detalló que Hernández Cortez habría llevado con engaños a un hombre hasta una finca, donde presuntamente lo atacó con un trozo de madera, causándole graves lesiones en la cabeza.
La institución agregó que la víctima fue trasladada inconsciente a un hospital tras la agresión y que actualmente continúa recibiendo atención médica.
La Dirección Distrital de Ilopango, en coordinación con el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de la alcaldía de San Salvador Este, informó que atendió una denuncia presentada por habitantes de la colonia Vista al Lago, primera etapa, relacionada con la obstrucción de la vía pública por objetos inservibles.
Según la institución, como parte de la intervención se realizaron labores de retiro de estos objetos, con el objetivo de despejar el área y mejorar las condiciones de circulación en el sector. La Dirección Distrital señaló que estas acciones contribuyen a mantener espacios limpios, ordenados y seguros para los residentes.
Por otra parte, la alcaldía de San Salvador Este informó a través de redes sociales sobre la atención de una denuncia en el casco urbano del distrito de San Martín, donde funcionaba un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con los residentes de la zona, el lugar generaba condiciones de riesgo e insalubridad que afectaban a niños, jóvenes y familias. Ante esta situación, las autoridades procedieron al cierre definitivo del establecimiento.
“Seguimos actuando con firmeza para construir comunidades más seguras y ordenadas para todos”, expresó la autoridad municipal a través de redes sociales.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 11 de junio finalizó con cero homicidios registrados en el país. De acuerdo con la institución, esta jornada se suma a los 11 días sin asesinatos reportados en junio y a los 26 registrados durante mayo.
Según las estadísticas oficiales citadas por la PNC, abril concluyó con 27 jornadas sin homicidios, marzo contabilizó 23 días sin muertes a causa de la violencia, febrero registró 24 jornadas sin asesinatos y enero cerró con 27 días sin homicidios.
La corporación policial detalló que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan 1,125 días sin homicidios. Asimismo, señaló que durante 2026 se han registrado 137 jornadas sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente en la actualidad.
