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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
Industrias Plásticas S.A. de C.V. (IPSA) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Industrial de El Salvador de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como parte de la consolidación de una industria cada vez más unida, sólida y orientada al desarrollo de El Salvador.
La adhesión de IPSA fortalece la institucionalidad del Consejo Industrial, cuya agenda estratégica, enfoque técnico y capacidad de incidencia continúan atrayendo a empresas líderes comprometidas con la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de El Salvador.
Con más de 67 años de trayectoria, IPSA es una empresa salvadoreña referente en la fabricación de empaques plásticos flexibles y soluciones de empaque para alimentos, reconocida por su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad. Su incorporación aporta experiencia en procesos industriales, gestión ambiental, economía circular y desarrollo de cadenas de valor, elementos clave para la consolidación de una industria moderna y responsable.
La firma de la declaración de principios del Consejo Industrial representa para IPSA un paso firme para convertir el compromiso en acción, sumando capacidades con otros actores del sector para impulsar una agenda industrial que genere inversión, empleo, competitividad y bienestar para el país.
«Con esta nueva incorporación, el Consejo Industrial reafirma su carácter multisectorial y su misión de ser una plataforma efectiva de articulación entre empresas, gremiales e instituciones, orientada a incidir en políticas públicas y a construir condiciones favorables para el desarrollo productivo de El Salvador», explicó la entidad a través de un comunicado.
Por otra parte, afirmó que El Salvador necesita una industria fuerte, unida y visionaria, por lo que IPSA se suma al esfuerzo colectivo con la convicción de contribuir activamente a un futuro más competitivo, sostenible y próspero para el país.
Principal
El Salvador emite advertencia por fuertes vientos y restringe acceso al cráter del volcán de Santa Ana
Ráfagas de hasta 61 km/h obligan a extremar precauciones en todo el país y podrían impedir el acceso al cráter del volcán de Santa Ana durante recorridos turísticos.
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador advirtió este martes sobre la presencia de vientos fuertes en el territorio nacional, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 72 horas de impacto, y alertó que las visitas al volcán de Santa Ana podrían no llegar hasta el cráter por razones de seguridad.
Según la institución, las condiciones atmosféricas, asociadas a vientos del norte, incrementan el riesgo de caída de árboles y vallas publicitarias en las próximas 24, 48 y 72 horas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.
En el caso del volcán de Santa Ana, uno de los destinos turísticos más visitados del país, el Ministerio señaló que, debido a los vientos intensos, existe la posibilidad de que los recorridos sean limitados y no alcancen el cráter. «Esta medida se aplicará por seguridad de los visitantes», indicó, al tiempo que pidió acatar las indicaciones del personal de guardarecursos en el lugar.
El Observatorio Ambiental informó que, en las últimas horas, se han registrado ráfagas máximas de hasta 61.1 kilómetros por hora en Apaneca, departamento de Ahuachapán. Otras localidades también reportaron velocidades elevadas, superiores a los 40 km/h, especialmente en áreas altas y expuestas.
Las autoridades reiteraron que el pronóstico está basado en impactos y que los vientos pueden generar incidentes como la caída de árboles u objetos inestables, por lo que recomendaron tomar precauciones, en especial a quienes planean actividades al aire libre o visitas a zonas naturales.
«Por tu seguridad, consulta previamente las condiciones del tiempo y sigue las recomendaciones», señaló el Ministerio, al subrayar que la prevención es clave para reducir riesgos mientras persista este episodio de vientos fuertes.
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador inició el cuarto año consecutivo de Misión Océano, una estrategia permanente de protección, restauración y gestión responsable de los ecosistemas marinos, que articula acciones desde la cordillera hasta la costa.
Durante una actividad en el Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, subrayó el valor ecológico, social y económico de este sitio, reconocido como el octavo humedal de importancia internacional Ramsar del país. «Estamos en uno de los tesoros naturales más valiosos de nuestro país, no solo por su belleza, sino por su enorme importancia ecológica, social y económica que Los Cóbanos tiene para El Salvador», afirmó.
El funcionario destacó que este ecosistema, de origen volcánico, alberga arrecifes coralinos y sistemas costero-marinos clave que funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación para especies emblemáticas como tortugas marinas, cetáceos y una amplia diversidad de peces. «Proteger Los Cóbanos es proteger la biodiversidad, el sustento de las comunidades, la economía local y el patrimonio natural», sostuvo.
López enfatizó que Misión Océano trasciende el discurso y se enfoca en la acción directa, enmarcada en la Política Nacional de Educación Ambiental. «No estamos aquí para hablar de educación ambiental, estamos aquí para ejercerla», dijo, al señalar que la premisa central es «pasar del papel a la acción».
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro explicó que, por cuarto año consecutivo, esta conmemoración en El Salvador se traduce en intervenciones concretas. «Eso es lo que refleja Misión Océano», señaló, al definirla como una estrategia del Ministerio para proteger la biodiversidad marina y fortalecer las economías locales.
Entre los principales resultados, destacó el retiro de redes fantasma, limpiezas de playas con voluntarios, fortalecimiento de la vigilancia costera y acciones que han generado condiciones más seguras para especies como la ballena jorobada y las tortugas marinas. También mencionó la capacitación a emprendedores costeros para reducir plásticos de un solo uso y mejorar la separación de residuos, impulsando prácticas sostenibles.
Desde el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, el Ministerio capacitó a guías comunitarios, elaboró el primer Plan de Acción para la Atención de Varamientos y desarrolló una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable. «No son iniciativas aisladas: son reglas claras, conocimientos que se están aplicando y educación ambiental en acción», afirmó.
En cuanto a las tortugas marinas, López resaltó el fortalecimiento de viveros, el respaldo a viveristas y las liberaciones públicas con comunidades y turistas. Asimismo, informó que gracias a patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil, guardarrecursos, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, se ha logrado una articulación interinstitucional sostenida.
Uno de los hitos más relevantes fue el registro de nacimientos de tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción, un hecho que no se reportaba en El Salvador desde hace más de una década. «Este resultado no es casualidad; es reflejo del trabajo técnico, la vigilancia constante y el compromiso sostenido», afirmó.
Solo en el Complejo Los Cóbanos, a través de tres corrales de incubación del Ministerio, se han incubado más de 450 nidos y protegido más de 38,000 huevos durante la temporada 2025–2026. Estas acciones se complementan con esfuerzos a lo largo de toda la costa, mediante permisos de conservación, recolección controlada de huevos, traslado a viveros y marcaje de hembras anidantes para generar información científica.
«Misión Océano no es un proyecto aislado. Es una visión de país», concluyó el ministro, al asegurar que el Gobierno de El Salvador continuará demostrando que «cuando actuamos con decisión, la conservación es posible».
