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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
El nuevo Laboratorio de Calidad del Agua que construye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en San Miguel; supera el 90 % de avance. Los equipos continúan trabajando en acabados, instalaciones eléctricas y obras complementarias que darán paso a un espacio moderno para el control y análisis del agua.
«Cada avance nos acerca a procesos más ágiles para reforzar la calidad del agua en la zona oriental», señaló la autónoma.
Este proyecto forma parte del Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca fortalecer el control y aseguramiento de la calidad del agua en la zona oriental.
Este laboratorio con certificaciones internacionales tiene una inversión de $1.3 millones garantizará la mejor calidad de agua para más de 452,000 salvadoreños de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a seis años de cárcel a Diego Alberto Montano González por el delito de tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Pablo Tacachico, en el municipio de La Libertad Norte.
Según la investigación, el imputado fue sorprendido mientras transportaba droga oculta en una motocicleta.
De acuerdo al expediente judicial, el 11 de junio de 2025, miembros de la Fuerza Armada que realizaban un patrullaje preventivo, le hicieron alto a Montano, quien se conducía en una motocicleta color rojo.
Durante un procedimiento de registro, los militares encontraron 113.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de $399, en la cajuela del vehículo
Durante el juicio, con pruebas periciales y documentales, la Fiscalía comprobó que el procesado no solo transportaba droga para el consumo personal, sino que también lo hacía con fines de comercialización.
La Fiscalía General de la República informó que el salvadoreño José Leonel Castellón fue extraditado al estado de Florida, en Estados Unidos, en donde es requerido para que enfrente la justicia por el delito de homicidio en contra de su pareja.
De acuerdo a la versión de la Fiscalía, Castellón mantenía frecuentes discusiones y actos de violencia en contra de la víctima. Según el expediente judicial, el 21 de octubre de 2023, ambos salieron de la vivienda y nadie volvió a saber de ellos. Días después la mujer fue encontrada fallecida y en estado de descomposición dentro de una camioneta, en las cercanías de una línea férrea próxima al aeropuerto de Miami, en Florida.
Mientras tanto, Castellón huyó a El Salvador en donde fue capturado a finales de abril de 2024. De acuerdo a la legislación salvadoreña, el imputado ha cometido el delito de feminicidio agravado.
Frente al requerimiento de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, a través del juzgado Sexto de Paz de San Salvador, autorizó la extradición, no sin antes realizar un proceso para evitar impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres.
Previo a realizar el proceso, la Fiscalía informó que verificó que el imputado no tuviera expedientes pendientes con la justicia salvadoreña.
