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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a ocho años de cárcel a Boris Stanley R. G., tras encontrarlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.
«Durante la vista pública, el Tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y testimoniales, e impuso una condena civil», señaló el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad.
«Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y cometer los hechos», explicó el fiscal.
En otro caso a 16 años de prisión fue condenado Santos Rivas Portillo por tocar el cuerpo de una niña. Los hechos ocurrieron en el distrito de Jicalapa, municipio de La Libertad Costa, entre 2012 y 2019.
Rivas Portillo convivía en la misma casa de la víctima y se aprovechaba del vínculo cercano para tocarla.
Carlos Alberto Guillén Molina fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones, entre el 2023 y el 2024 en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
«Según consta en el expediente de la Fiscalía, Guillén en septiembre del 2023, convenció a la joven de 14 años para que trabajara en su casa y que también cuidara a su hijo de siete años de edad, la víctima por la necesidad económica de su familia, aceptó», explicó la fiscal del caso.
El imputado comenzó a acosar a la víctima, luego de tres meses de estar realizando trabajos domésticos, Guillén Molina la violó en varias ocasiones.
«En junio del 2024, producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada. Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró la condena y el pago $600 a favor de la víctima», indicó la fiscal.
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Vicepresidente Ulloa participa en cátedra de Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos en México
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en un conversatorio sobre Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos, en el marco de la Cátedra Dong Nguyen Huu, desarrollada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, en México. En la actividad, el Director de este Instituto, Jorge Pascacio junto a la comunidad académica, brindó una cordial bienvenida al Vicemandatario y afirmó que este es un espacio orientado a la reflexión y al diálogo sobre los principales desafíos de la región.
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa agradeció a las autoridades universitarias por la invitación y por abrir este debate para compartir la experiencia de El Salvador en materia de seguridad, subrayando que no se trata de exportar un modelo, sino de dar a conocer los esfuerzos emprendidos por el país para recuperar la paz, el orden y la institucionalidad.
En ese contexto, el Vicemandatario hizo un repaso por la historia reciente de El Salvador, señalando que, tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, en la Ciudad de México, en Castillo de Chapultepec, el país transitó por un prolongado período de postguerra marcado por la debilidad institucional, la corrupción y la expansión de estructuras criminales. Indicó que, al inicio del actual proceso de transformación, el Gobierno enfrentó severas limitaciones políticas y legislativas que dificultaban impulsar las reformas de fondo que el país requería.
Asimismo, destacó que, bajo el #RégimenDeExcepción, y haciendo uso del jus ad bellum, el Presidente Nayib Bukele tomó acciones determinantes, logrando una paz que ha permitido más de 1,170 días con cero homicidios. Señaló que, también se adoptaron medidas extraordinarias para restablecer la seguridad y proteger a la población, haciendo énfasis, que esta decisión respondió a circunstancias excepcionales y se enmarca en la obligación del Estado de garantizar la vida, la libertad y la tranquilidad de sus ciudadanos. De igual forma, subrayó que la población salvadoreña continúa respaldando esta medida.
Finalmente, mencionó que la segunda fase de esta transformación, tras alcanzar el milagro de la seguridad, se centra en impulsar el milagro económico, con una apuesta inédita por la innovación, la modernización del Estado y la formación de servidores públicos más eficientes, así como por el fortalecimiento de la educación mediante la entrega de dispositivos electrónicos a estudiantes para mejorar su preparación académica.
Como parte del diálogo, también se abordaron los desafíos de la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional. Recalcó que la seguridad es una preocupación compartida por los países del continente y valoró positivamente toda iniciativa orientada a homologar esfuerzos de preparación policial, cooperación judicial e intercambio estratégico, al considerar que el combate a estas amenazas demanda respuestas coordinadas entre los Estados.
Con su participación en este encuentro, el Vicepresidente Ulloa reafirmó la disposición de El Salvador de contribuir al debate académico e institucional sobre los retos de la seguridad, los derechos humanos y la gobernanza democrática, compartiendo su experiencia nacional desde una perspectiva de diálogo, respeto a la soberanía de los Estados y búsqueda de soluciones conjuntas.
