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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
Principal
Depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.8 % a febrero y superan los $22,600 millones
El sistema bancario de El Salvador cerró febrero de 2026 con un saldo de depósitos de $22,619.6 millones, lo que representa un incremento de $3,259.3 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a una variación interanual de 16.8 %, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) compilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El crecimiento no se limitó a una comparación anual favorable. Frente a diciembre de 2025, los depósitos aumentaron $494.7 millones, y respecto a enero de 2026, la captación sumó $313.2 millones adicionales, lo que refleja una tendencia sostenida en los primeros meses del año.
El segmento que más contribuyó al crecimiento en términos absolutos fue el de depósitos a la vista, que alcanzó $13,986.5 millones al cierre de febrero, con un alza interanual de $2,119.7 millones, equivalente a 17.9 %. Este tipo de cuenta representa cerca del 62 % del total captado por el sistema y agrupa tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes de personas y empresas.
Los depósitos a plazo de hasta un año también mostraron dinamismo, con un saldo de $7,389.1 millones y un crecimiento interanual de 16.2 %, aportando $1,029.9 millones adicionales en el período. En contraste, los depósitos pactados a más de un año registraron un avance más moderado de 4.7 % interanual, para ubicarse en $813.7 millones.
En cuanto a la distribución por institución, Banco Agrícola mantuvo el liderazgo del sistema con $5,875.1 millones en depósitos, seguido por Banco Cuscatlán con $3,997 millones y BAC Credomatic con $3,274.4 millones. Davivienda ocupó el cuarto lugar con $2,969 millones, mientras que Banco Hipotecario cerró el grupo de los cinco principales con $1,554.4 millones.
Un sistema que crece en activos, crédito y rentabilidad
El comportamiento de los depósitos se inscribe en una expansión más amplia del sistema financiero salvadoreño. Los activos totales del sector alcanzaron $28,889.3 millones en febrero de 2026, un incremento interanual de $3,189.9 millones equivalente a 12.4 %.
Por su parte, los préstamos brutos sumaron $19,238.7 millones, con un crecimiento de 9 % respecto al mismo mes de 2025, impulsados principalmente por los sectores de consumo, que concentró el 31.5 % de la cartera, y construcción, que registró el mayor dinamismo relativo con un alza interanual de 32.2 %.
La brecha entre el ritmo de crecimiento de los depósitos y el del crédito sugiere que el sistema acumula una base de fondeo más amplia que la requerida por la demanda actual de financiamiento, lo que en principio ofrece condiciones favorables para sostener la expansión crediticia en los próximos meses.
En materia de calidad de cartera, el índice de morosidad se ubicó en 1.4 % en febrero de 2026, por debajo del 1.7 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que la cobertura de reservas sobre préstamos vencidos alcanzó 155 %.
La feria Integra llegó al centro escolar sor Henríquez, de Ilobasco, en Cabañas Oeste, y según la Dirección de Integración, se brindaron más de 1,500 atenciones en diferentes servicios, entre estos consultas médicas generales, odontológicas y de oftalmología.
Durante la jornada fueron beneficiados los estudiantes, personal docente y administrativo, así como los vecinos del centro educativo que se acercaron para aprovechar la asistencia gratuita.
«Estamos muy satisfechos con esta actividad que es de mucho beneficio para los estudiantes y demás personas que requieren de estos servicios. Yo pasé consulta en medicina general y he recibido una atención magnifica», expresó el subdirector de la institución educativa, Humberto Quintanilla.
En cuanto a la asistencia legal, hubo profesionales que atendieron a la población sobre diversos casos.
También hubo espacio para actividades lúdicas como talleres de pintura, pintacaritas y juegos tradicionales para los menores.
