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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
