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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
