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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La recaudación de impuestos en El Salvador mantuvo una tendencia de crecimiento en los primeros meses de 2026, y superó incluso las proyecciones presupuestarias. De acuerdo con el informe de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda (MH) hasta el 31 de marzo, los ingresos corrientes y las contribuciones del Gobierno central alcanzaron $2,100.3 millones, lo que significó un incremento de $161.1 millones respecto al mismo período de 2025.
El desempeño no solo fue positivo comparado con el año anterior, sino que también se situó por encima de la meta establecida en el presupuesto. Los ingresos corrientes y las contribuciones superaron en $74.1 millones (+3.7 %) lo programado para el trimestre, un sobrecumplimiento explicado por el dinamismo de los ingresos tributarios.
En ese escenario, los ingresos tributarios y las contribuciones sumaron $2,108.4 millones y un crecimiento interanual del 8.3 %. Frente al presupuesto, estos ingresos dejaron un excedente de $97.4 millones (+5.1 %), y se convierten en el principal soporte de las finanzas públicas en el arranque del año.
El impuesto al valor agregado (IVA) se mantuvo como la mayor fuente de recursos fiscales y totalizó $1,048 millones; es decir, $106.2 millones más que en el primer trimestre de 2025 (+11.3 %), y superó en $64.4 millones la previsión presupuestaria. Las operaciones declaradas reflejaron la fortaleza del consumo interno, con $518.3 millones y un destacado crecimiento de 17.2 % ($76 millones adicionales).
Por su parte, el IVA asociado a las importaciones alcanzó los $529.8 millones, un 6.0 % superior al año previo, con un repunte particular en marzo, cuando ingresaron $202.3 millones, que se convirtió en el monto mensual más alto del trimestre en ese rubro. También confirmó un renovado impulso de las compras externas tras la moderación observada en febrero.
El impuesto sobre la renta (ISR) sumó $748 millones, un 3.7 % más que el año anterior y quedó en $10.3 millones por encima de lo presupuestado. En este impuesto, el componente de pago a cuenta fue el más dinámico con un aumento del 8.5 %, que evidencia mayor actividad empresarial y anticipos más elevados.
Las retenciones crecieron 3.4 %; en tanto que las declaraciones presentaron una caída de 9.0 %, lo que indica una menor contribución en este segmento específico.
Por su parte, los derechos arancelarios a la importación totalizaron $98.4 millones, con un significativo incremento del 14.3 % ($12.3 millones), reflejo del mayor volumen de las importaciones. Mientras que los impuestos selectivos al consumo crecieron 15.1 % y se situaron en $64.6 millones impulsados por aumentos en cerveza (+13.7 %), cigarrillos (+15.8 %), bebidas no carbonatadas (+5.1 %) y productos alcohólicos (+5.6 %).
El trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo ha mantenido y profundizado su función como estadista, consideró el politólogo Óscar Martínez Peñate; agregó que ello se debe a su visión para lograr beneficios para los salvadoreños.
Martínez señaló que durante los casi siete años de administración el mandatario ha priorizado la atención de diversas áreas, lo que ha generado el respaldo de la población ante los resultados de las acciones implementadas.
«Desde el primer día que accedió a la presidencia inició su mandato de estadista en función única y exclusivamente del bienestar del ciudadano salvadoreño y esa función, además de ser invariable, se ha profundizado», aseveró.
Esto, indicó, se ha consolidado con hechos, muy lejos de los discursos populistas o de demagogia que caracterizaron a los gobiernos del pasado que únicamente se quedaban en promesas incumplidas.
«Significa que Bukele predica con resultados exitosos y no con demagogia ni populismo. El éxito de la gestión presidencial de Bukele ha transcendido las fronteras nacionales y ahora es la envidia de ciudadanos de casi todos los países de América Latina y del mundo», afirmó el politólogo.
Durante la entrevista Panorama, Martínez Peñate afirmó ayer que el trabajo del presidente Bukele sobrepasa las demandas sociales de diferentes sectores de la población con la inversión que ejecuta, por ejemplo, en educación.
Señaló que la última entrega de 70 centros educativos renovados demuestra el compromiso del Gobierno por dignificar la calidad educativa del sector público, con el objetivo de garantizar el futuro de niños y jóvenes.
«Estos son centros escolares que nada tienen que envidiarle a países del primer mundo, sumamente equipados y modernos. Muchos colegios aquí en El Salvador ni siquiera tienen esas condiciones. También esto viene a dignificar al magisterio, a los profesores. Todas estas inversiones sociales sobrepasan las peticiones del movimiento social, el magisterio no pedía escuelas de primer mundo y se están haciendo», afirmó el analista.
También consideró que con la inversión pública efectuada en el sector educativo se está garantizando un «excelente futuro» para contar con profesionales de alto nivel y con comportamiento ético. Destacó que el país también tiene avances en el sector salud, además de la seguridad que ha posicionado a El Salvador en la mira de otras naciones que toman de referente el modelo implementado por Bukele
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, se reunió la semana pasada con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, para explorar cómo El Salvador puede integrarse en las cadenas de valor estadounidenses bajo la nueva política comercial del gobierno de Donald Trump. Entre los sectores identificados como oportunidad destacan los insumos para productos tecnológicos.
«Lo que veíamos era justamente cómo El Salvador se puede incorporar cada vez más en las cadenas de valor de Estados Unidos con la nueva política comercial que ha sido lanzada por el gobierno de Estados Unidos», declaró Hayem en una entrevista radial este lunes.
La funcionaria señaló que los insumos tecnológicos y la manufactura con transferencia de tecnología son los rubros prioritarios, por generar los salarios más elevados en comparación con otras industrias. Esta apuesta cobra especial relevancia con la vigencia de la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura Tecnológica, que ofrece exenciones fiscales por 15 años a empresas nacionales y extranjeras que desarrollen nuevas inversiones en ese sector.
La reunión contó también con la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), agencia del gobierno estadounidense que provee financiamiento al sector privado para proyectos de inversión en el exterior.
El encuentro incluyó representantes de 75 empresas estadounidenses de sectores como banca, hotelería y aviación, entre otros. En la semana previa, el gobierno salvadoreño realizó una gira en Florida acompañado de ocho empresas privadas nacionales, entre ellas Agrisal.
Durante la reunión con Orr, el subsecretario describió a El Salvador como uno de los países con mejor clima de negocios del hemisferio occidental: «El Salvador es un socio crítico de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. El milagro de ley y orden del presidente Nayib Bukele no solo ha traído libertad y seguridad para el pueblo salvadoreño, sino que está creando uno de los mejores climas de inversión en toda la región. Nuestro interés en política exterior es que las empresas estadounidenses participen y ayuden a impulsar el renacimiento de El Salvador».
Hayem respaldó el posicionamiento con cifras del primer trimestre de 2026: las exportaciones crecieron 4 % respecto al mismo período de 2025, las importaciones un 6 % y las remesas un 7 %. Al comparar marzo con febrero de este año, los incrementos son más pronunciados: exportaciones al alza en 12 %, importaciones en 26 % y remesas en 19 %.
La ministra atribuyó este desempeño a la mejora en seguridad pública, la modernización del marco regulatorio —que incluye leyes de ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial y activos digitales—, la reducción de trámites burocráticos y el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos, siendo El Salvador el primer país de América Latina en suscribir bajo la actual administración norteamericana.
En materia de empleo e inversión, Hayem informó que el mercado laboral formal supera el millón de personas y que en 2025 más de 8,300 nuevas empresas se registraron en el país. La inversión extranjera directa del año pasado alcanzó $475 millones, con un crecimiento del 13% en la rentabilidad empresarial y 15 de 19 sectores económicos en expansión.
La funcionaria también mencionó el proyecto Air City, un espacio bajo esquema de zona franca orientado a atraer empresas del sector aeronáutico, y señaló que el sector privado salvadoreño impulsa de forma independiente una iniciativa para integrarse a la cadena de suministro de semiconductores.
