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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
Cuatro pandilleros fueron condenados a 50 años de cárcel cada uno, por un feminicidio cometido en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, así resolvió el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador.
Los condenados son Ricardo Adalberto Cruz, alias zurdo; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias spoky; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias cricri, y Cristian Ángel Andrés, alias cusu.
La Fiscalía General de la República logró demostrar con prueba documental, pericial y testimonial que los pandilleros cometieron el delito en el 2022.
La investigación determinó que, aproximadamente a las 9:00 p.m., uno de los hombres llegó a la casa de la víctima, quien era una estudiante que residía en la comunidad La Campiña, y debido a la amistad que había entre ambos, ella aceptó salir con él.
«Minutos después, mientras caminaban juntos, llegaron los otros tres y, sin mediar palabra, la golpearon a puño cerrado. Por medio de la fuerza, la hicieron subir a un automóvil y se fueron en dirección a la carretera de Oro. El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente, tirado en una canaleta de la carretera, con un disparo en la cabeza».
Los delincuentes huyeron de la escena, pero tres de ellos fueron capturados en flagrancia posteriormente.
En la investigación también se reveló que la víctima había comenzado a sufrir represalias de la estructura debido a la amistad que tenía con una joven vinculada sentimentalmente a un miembro del grupo terrorista.
Fuentes judiciales explicaron que durante la vista pública se acreditó, a través de activación de antenas telefónicas, que la joven salió de su casa y se reunió con uno de los agresores. Además, el ataque y el momento en que se la llevaron por la fuerza fueron vistos por testigos que identificaron a cada uno de los agresores.
El ministerio público explicó que, a excepción de Andrés, los imputados están recluidos en centros penitenciarios desde donde conocieron la pena carcelaria impuesta.
Los cuatro condenados también están a la espera de otros procesos por su vinculación por agrupaciones ilícitas, al ser integrantes de la pandilla 18 Sureños.
La Asamblea Legislativa autorizó ayer, con 57 votos, la ratificación de un contrato de préstamo para la instalación masiva de luminarias led en ejes viales estratégicos a escala nacional.
Se trata de un préstamo por $23.7 millones otorgado por la empresa AGM El Salvador, firmado el pasado 29 de abril tras la autorización de los legisladores el día 15 del mismo mes, con el que se intervendrán con iluminación tramos críticos en algunas de las carreteras más transitadas del territorio, bajo un modelo de financiamiento de préstamo por la empresa contratista.
El proyecto prioriza la seguridad de los conductores y la eficiencia energética a través de la instalación de luminarias led, las cuales serán desplegadas en puntos estratégicos de la carretera Troncal del Norte, desde San Salvador hasta Apopa.
Además, en la autopista Este-Oeste, conocida como carretera de Oro, en el tramo que conecta a Apopa con el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
Asimismo, incluye la cobertura completa del periférico Claudia Lars y la ruta entre el redondel de Sacacoyo y el puerto de Acajutla, para asegurar que los principales corredores logísticos del occidente y el Área Metropolitana se encuentren iluminados adecuadamente, con ello se reducirá el riesgo de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el detalle del decreto aprobado, para ejecutar el proyecto, el Ministerio de Obras Públicas invertirá $26.4 millones y la empresa contratista otorgará un préstamo en especie por $23,785,985.87, mientras que el Gobierno aportará $2,642,887.32, lo que representa el 10 % del valor del contrato.
Según el dictamen 215, emitido por la comisión de hacienda y especial del presupuesto del congreso, «mediante decreto legislativo 550 esta Asamblea autorizó al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para que por medio de su titular o funcionario que designare suscribiere en nombre del Estado un convenio de préstamo en especie con la empresa contratista por el monto antes señalado».
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el fallecimiento del magistrado Rubén Alvarado, electo titular del organismo para el periodo 2024-2027.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó sus condolencias por la muerte de Francisco Rubén Alvarado Fuentes, electo magistrado titular de ese organismo para el periodo 2024-2027.
Alvarado fue electo de la terna propuesta por el partido FMLN a la Asamblea. Fue secretario para asuntos legislativos y jurídicos de la Presidencia de la República entre 2014 y 2019. Previamente fue director de Migración (2009-2012), y diputado suplente por el FMLN en las legislaturas 2003-2006 y 2006-2009. También fue asesor jurídico del TSE (1999-2008).
El partido de izquierdas rindió honor al magistrado, destacando labor profesional. Alvarado dijo en su entrevista de postulación que no formaba parte del instituto político desde 2019.
Tras la muerte del magistrado, asumiría el cargo su suplente, René Amilcar Claros, quien ha fungido como director de Capacitación y Educación Cívica del TSE y ha participado en 15 eventos electorales (desde 1998 a 2024).
Durante su entrevista de postulación en la Asamblea Legislativa, Claros propuso cambios a la estructura del tribunal y la implementación del voto electrónico a nivel nacional.
