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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, identificado como miembro activo de la estructura criminal MS-13.
De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades mexicanas, lo que permitió ubicar al sospechoso y proceder con su captura.
El funcionario también detalló que Flores Sánchez había sido previamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Tras su captura, el sujeto ya se encuentra en territorio salvadoreño, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes por los delitos que se le atribuyen.
«Ahora que se encuentra en territorio salvadoreño, nos encargaremos de que pague por cada uno de los delitos que ha cometido», destacó el funcionario, quien añadió: «Contamos con todas las herramientas necesarias para poder detectarlos y asegurarnos de que lleguen a su único destino: la cárcel».
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) ubica al sector construcción de El Salvador como la actividad económica más fuerte en la región, con un crecimiento de 30.22 %, muy por encima de los sectores que empujaron las economías de los países vecinos.
El dato lo publicó la institución en el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025», bajo la medición del índice mensual de actividad económica (IMAE).
El IMAE en Centroamérica es un indicador estadístico de corto plazo que mide la evolución de la producción de bienes y servicios en la región, y funciona como un termómetro del producto interno bruto (PIB), pues muestra la variación de todos los sectores de la economía.
De acuerdo con el estudio, ninguna actividad económica en Centroamérica alcanzó el año pasado esas cifras de crecimiento, por ejemplo, indicó que Honduras registra su mayor impulso en actividades financieras, seguros y fondos de pensiones con 12.48 %; seguido por la electricidad y el agua (8.81%), con porcentajes sumamente inferiores a los generados por la construcción salvadoreña.
Mientras que el sector construcción en el vecino país creció solo 0.18 % interanual hasta diciembre, frente al 7.08 % que alcanzó en diciembre de 2024.
Nicaragua, por su parte, registró un repunte en el comercio con 11.54 % interanual, muy cerca del sector pecuario (10.17 %), y el sector construcción creció, según el informe, 6.17 % hasta diciembre de 2025.
Mientras que, en Costa Rica, el sector transporte y almacenamiento fue el más pujante con 7.02 %, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con un 6.14 %. En este país, el sector construcción registró un crecimiento bajo con 2.42 %, según el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025».
En El Salvador, el aporte del sector construcción al crecimiento económico en 2025 fue sustantivo, puesto que durante el primer trimestre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 2.4 %, en el segundo se elevó a 4.1 %, en el tercer trimestre alcanzó su máximo con 5.1 %, hasta ubicarse en 3.9 % al cierre del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), se contabilizan más de 680 proyectos en ejecución y por desarrollarse en el Área Metropolitana; de este total, 87 son construcciones en altura con diferentes tamaños, a los que se suman seis torres que superan los 35 niveles de altura.
Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, afirmó que este hito es el resultado de las estrategias del Gobierno del presidente Nayib Bukele, enfocadas en el despegue económico del país.
«El liderazgo de El Salvador a escala centroamericana en el sector construcción refleja este momento único, que ha sido estimulado por la seguridad pública, la inversión local y extranjera y un excelente clima de negocios que catapultan el rubro de la construcción como el motor de la economía, junto con el auge inmobiliario, la generación de empleo y todos los servicios relacionados, que suman más de $5,500 millones de inversión para 2026 en el Área Metropolitana de San Salvador», sostuvo.
Agregó que el aporte de la Opamss en el crecimiento de la industria refleja el trabajo coordinado con el sector constructor. «Nuestra visión es ser un facilitador y promotor para que el desarrollo sea continuo y cumpla un rol técnico e institucional que estimule a que el Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera de Surf City 1 sean entornos donde se combine infraestructura, crecimiento económico y bienestar para los salvadoreños», señaló Rodríguez.
