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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
Un hombre fue sorprendido rompiendo el pavimento del Bypass, en las cercanías de Plaza Mundo Usulután, sin contar con la autorización del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que representa una infracción a la normativa vigente.
Según informaron las autoridades, el sujeto no había gestionado el permiso correspondiente, por lo que su acción se consideró ilegal.
Agentes del Cuerpo de Agentes Municipales de Usulután (CAM) intervinieron de inmediato para detener la destrucción de la vía.
“El procedimiento fue suspendido para que se realicen los trámites legales y técnicos correspondientes, y así recibir instrucciones adecuadas sobre cómo ejecutar este tipo de intervenciones”, detallaron fuentes municipales.
Equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del Fondo de Conservación Vial (Fovial) atendieron varias emergencias este sábado, luego de que las lluvias provocaran la caída de árboles en diferentes puntos del oriente del país.
Uno de los incidentes ocurrió en la calle que conduce hacia Santiago de María, en Usulután, donde cuadrillas del MOP realizaron trabajos para remover un árbol caído que obstruía parcialmente el paso. Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal en la zona.
Otro hecho se registró sobre la Carretera Panamericana, en el kilómetro 122, a la altura del desvío de Los Tanques, en el cantón El Papalón, Moncagua, departamento de San Miguel. El paso vehicular fue habilitado luego de que las cuadrillas retiraran por completo el árbol colapsado.
Asimismo, se atendió una emergencia en la carretera que conecta los municipios de Tecapán y California, Usulután, también afectada por la caída de un árbol que impedía el tránsito.
Las instituciones reiteran su compromiso de mantener las carreteras despejadas y seguras, y recomiendan precaución al conducir durante las lluvias.
El viceministro ad honorem de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que ya hay disponibilidad de insumos para combatir el gusano barrenador en todo el territorio salvadoreño, tanto de producción nacional como importados.
“Nuestro equipo se encuentra desplegado en jaripeos, ferias ganaderas y también a través de unidades móviles, acercando estos insumos a los productores. El país ya cuenta con todas las herramientas necesarias para enfrentar esta amenaza, ahora nos corresponde estar atentos y vigilar a nuestros animales”, indicó Domínguez.
El funcionario instó a los ganaderos a curar cualquier herida en sus animales y adquirir los sprays mata gusanos, disponibles desde los $10. Además, anunció que a partir del próximo mes iniciará la fabricación de un spray especializado para uso en caninos.
Para más información sobre disponibilidad y puntos de distribución, los interesados pueden comunicarse al número 6968-2973. Asimismo, para reportar casos o solicitar asistencia técnica, están habilitados los teléfonos 2202-0881 y 2202-0226.
