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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La Defensoría del Consumidor (DC) informa sobre el retiro voluntario de cocinas de gas de la marca Frigidaire, comunicado la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC) y la Agencia de Salud de Canadá, debido a un
riesgo de quemaduras para los usuarios.
Según las entidades norteamericanas de protección al consumidor, los hornos de las cocinas pueden presentar un encendido retardado del quemador, lo que podría provocar quemaduras.
Este retiro abarca las cocinas de gas de las líneas Frigidaire, Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional, correspondientes a modelos: FCFG3083AS, FCRG3083AD, FCRG3083AS, GCFG3060BD, GCFG3060BF, GCFG3070BF, GCRG3060BD, GCRG3060BF, PCFG3080AF, FCFG3062AB, FCFG3062AS, FCFG3062AW, FCRG3051BB, FCRG3051BS, FCRG3051BW, FCRG3052BB, FCRG3052BS, FCRG3052BW, FCRG3062AB, FCRG3062AS, FCRG3062AW, FCRG306LAF y GCFG3059BF.
Los números de serie comprendidos en esta alerta van de VF52200000 a VF54399999. El modelo y número de serie pueden verificarse en la placa de identificación ubicada en el cajón inferior del horno.
De acuerdo con la CPSC, en Estados Unidos se comercializaron aproximadamente 174,800 unidades entre junio de 2025 y enero de 2026, mientras que en Canadá se vendieron 5,318 unidades en el mismo período. La empresa reportó 62 incidentes relacionados con el encendido retardado del quemador en Estados Unidos, incluidos 30 casos de quemaduras, y tres incidentes en Canadá hasta el 11 de marzo de 2026.
La Defensoría del Consumidor ha solicitado información a proveedores locales para verificar la posible presencia de estos productos en el mercado nacional, así como la cantidad de consumidores que pudieron haberlos adquirido y las medidas que se
implementarán para su retiro e información al público.
Cualquier consulta o aviso relacionado con esta alerta puede realizarse a través del WhatsApp 7844-1482 o del teléfono 910.
Principal
Vicepresidente Ulloa se reune con ministra de Justicia de Portugal para exponer el «Modelo Bukele»
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcão Júdice, con el propósito de intercambiar experiencias y perspectivas sobre los avances institucionales en materia de justicia y seguridad.
Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas relacionados con la evolución de los procesos judiciales en El Salvador, así como las acciones impulsadas para enfrentar la delincuencia y fortalecer la administración de justicia. En ese contexto, el Vicepresidente Ulloa, destacó la separación entre las instancias judiciales que identifican delitos comunes y aquellas especializadas en casos de terrorismo, a fin de fortalecer la eficacia del sistema judicial salvadoreño.
Por su parte, la Ministra Rita Alarcão Júdice compartió los avances que Portugal ha desarrollado en el ámbito de la justicia, particularmente en lo relativo a los procesos institucionales, así como en la incorporación de innovación y tecnología para fortalecer la gestión y modernización del sector.
Finalmente, este encuentro reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre El Salvador y Portugal, mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas estratégicas como la justicia, la modernización institucional y la innovación.
En el encuentro también participó la Embajadora de El Salvador en Portugal, Rhina Bardi.
El Despacho de la Primera Dama Gabriela de Bukele y el Ministerio de Salud (Minsal) lanzaron este día la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Por medio de esta estrategia, el Gobierno busca promover hábitos saludables desde la etapa preconcepcional, con el fin de fortalecer el bienestar de la niñez y la adolescencia desde el inicio de la vida.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, aseguró que el Gobierno reconoce los desafíos que aún persisten para que la primera infancia goce de un presente y un futuro que les permita alcanzar su máximo potencial.
En ese sentido, se refirió al sobrepeso y la obesidad e indicó que lejos de mejorar, ha mostrado una tendencia creciente, por lo que exige una respuesta inmediata.
«Bajo el liderazgo de la primera dama, Gabriela de Bukele, iniciamos una apuesta decidida para asegurar las condiciones que garanticen una salud integral para todos los salvadoreños desde la primera infancia», afirmó.
De acuerdo con el Sistema de Morbimortalidad en Línea (Simmow), hasta diciembre de 2025, el 12.7 % de las mujeres embarazadas presentaron obesidad.
Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENS), hasta 2021 un 8.3 % de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad.
Asimismo, según la estrategia Crecer y Aprender Saludable (CAS), en 2025 un 38.9 % de escolares también tenía sobrepeso u obesidad.
Además, de acuerdo con el Simmow, hasta 2024 se registraron 1,159 casos de diabetes mellitus y 909 de hipertensión en niños y jóvenes de 8 a 19 años.
La Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia contempla acciones concretas que se llevarán a cabo para reducir las cifras de obesidad y sobrepeso en el país, entre ellas, la territorialización del proyecto, el lanzamiento de una guía de refrigerios saludables, el lanzamiento de la Norma Técnica del Registro y Etiquetado de los Sucedáneos de la leche materna y la actualización de las guías alimentarias para las familias salvadoreñas basadas en sistemas alimentarios sostenibles.
La implementación de esta estrategia cuenta con el respaldo del Gobierno de Canadá y el acompañamiento de aliados como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Movimiento Scaling Up Nutrition (SUN) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
