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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) dio a conocer los nuevos precios de referencia para los combustibles, los cuales estarán vigentes del 18 al 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con el reporte oficial, en la zona central del país el precio por galón será de $4.91 para la gasolina superior, $4.58 para la regular y $4.59 para el diésel.
En las zonas occidental y oriental, los precios registran una variación mínima. La gasolina superior tendrá un costo de $4.92 por galón, mientras que la gasolina regular y el diésel se comercializarán a $4.59.
Las autoridades explicaron que los precios están influenciados por diversos factores internacionales, entre ellos los ataques de grupos hutíes contra una refinería de Arabia Saudita, situación que mantiene la incertidumbre en el mercado global de hidrocarburos.
Asimismo, la industria petrolera internacional enfrenta tensiones adicionales debido a los nuevos ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa, lo que impacta directamente los precios de los derivados del crudo a nivel mundial.
A pesar del panorama internacional, la DGEHM destacó que un buen manejo de las gestiones en el mercado interno ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios de los combustibles.
Manuel Adán Hernández Barrera, señalado como pandillero de la facción Revolucionarios de la pandilla 18 y con un amplio récord delictivo, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la corporación policial, Hernández Barrera tenía la función de gatillero dentro de la organización criminal, es decir, era el encargado de cometer homicidios y ejecutar ataques armados bajo las órdenes directas de los cabecillas de la pandilla.
Las autoridades lo vinculan con un historial delictivo por los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer.
«Delinquía para la clica Shadows Park Locos, presumiendo los tatuajes de su pandilla, que en la actualidad se cubrió con otros diseños para intentar evadir la justicia», detalló la Policía.
Agentes policiales capturaron a Hernández Barrera durante un control vehicular, cuando se trasladaba por las inmediaciones del kilómetro 90½ de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Ahuachapán.
El detenido será remitido a un tribunal contra el crimen organizado por el delito de agrupaciones ilícitas, debido a su pertenencia a la organización terrorista de la pandilla 18.
La Fiscalía General de la República lo acusará en un expediente único para que sea incluido en un proceso colectivo y enfrente la audiencia única en los próximos dos años.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Marcos, al sur de San Salvador, a Alvin Asael Martínez Mancía, de 21 años, acusado de intentar asesinar a su compañera de vida, quien se encuentra en su cuarto mes de embarazo.
De acuerdo con la corporación policial, Martínez Mancía intentó asfixiar a la víctima sujetándola del cuello. Las autoridades señalaron que, durante la investigación, establecieron que el detenido se encontraba bajo los efectos de droga y que, por celos hacia su pareja, inició una discusión con ella, posteriormente la lanzó contra una pared y la amenazó de muerte.
«Intentó asfixiar a su compañera de vida sujetándola del cuello, la víctima se encuentra en su cuarto mes de embarazo», publicó la PNC tras efectuar la captura.
Según la Policía, la víctima logró evadir al agresor y pidió auxilio. Los agentes acudieron de inmediato a la vivienda ubicada en la colonia San Antonio 4, en San Marcos, San Salvador Sur, donde procedieron con la detención de Martínez Mancía. La mujer fue trasladada a un hospital.
El imputado será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá un plazo máximo de 15 días para presentar la acusación. Según la PNC, será remitido inicialmente por el delito de intento de homicidio; sin embargo, el Ministerio Público podría procesarlo por intento de feminicidio agravado.
El caso será presentado ante un juzgado de lo criminal. De acuerdo con el texto, al acusado podrían aplicársele las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, que contemplan la cadena perpetua si llega a ser encontrado culpable en la etapa final del juicio.
