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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
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CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
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España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
