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ARENA presenta una reforma a la ley General de Educación que consiste en prohibir a los estudiantes tener celulares dentro de los centros estudiantiles
El partido ARENA presentó una reforma a la Ley General de Educación para efectuar decomisos de celulares o tablets a estudiantes durante las jornadas académicas en escuelas y colegios.
Esta iniciativa es uno de los archivos que tienen en discusión los legisladores que conforman la Comisión de Cultura y Educación.
Según lo planteado en el documento, lo que se pretende es evitar que los alumnos tengan acceso a contenidos que no abonan en su proceso de educación o que los aparatos se conviertan en distractor para su aprendizaje al momento de recibir clases.
“Se ha constatado que a pesar del esfuerzo de los docentes por controlar el uso inadecuado de estos dispositivos en las aulas, persiste el hecho de que algunos alumnos utilizan estos aparatos durante las horas clases (…) distraídos chateando, viendo pornografía y jugando con sus celulares, inclusive interfiriendo en la atención y realizando ciberbullying (ciberacoso) a otros estudiantes”, detalla el documento.
La reforma, que fue firmada por las diputadas tricolores Silvia Ostorga y Lucy de León, considera que los alumnos de educación básica no deben usar los aparatos en las escuelas y que estas deben tener filtros informáticos para evitar que se accedan “contenidos nocivos”.
“Queda terminantemente prohibido para los estudiantes de los niveles de educación inicial, parvularia y básica de centros educativos oficiales y privados el uso de dispositivos móviles e inalámbricos personales, con los que puedan conectarse a Internet, tales como celulares o tablets de todos los tipos y modelos”, establece la reforma al artículo 116-A de la citada ley.
La propuesta exceptúa de la prohibición a los docentes y estudiantes con discapacidad, así como cuando los aparatos sean utilizados o requeridos para efectos pedagógicos como actividades escolares o extracurriculares.
Reforma contempla faltas
En el artículo 116 literal B se establecen ciertas conductas como faltas leves, graves o muy graves no solo de los estudiantes, sino que de los padres de familia.
Es considerada falta leve que los alumnos de educación inicial, parvulario y básica utilicen celulares en los centros escolares, mientras que para los de educación media la falta es el uso fuera de los procesos educativos.
“(Es falta leve) la utilización al interior de los centros educativos de dispositivos móviles por parte de los estudiantes de educación media, para fines distintos a los relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje”, indica la propuesta.
Como falta grave se considera la reincidencia y se agrega la difusión de “material nocivo” a la salud mental, moral, autoestima o dignidad de estudiantes, docentes u otros de la comunidad educativa.
Al hablar de falta muy grave, la normativa establece incumplir de manera reiterada lo dispuesto y que los padres de familia no tomen carta en el asunto.
“(Es falta muy grave) la falta de toma de medidas correctivas por parte del padre, madre o cuidador responsable de los estudiantes”, agrega.
Celulares decomisados serán parte del inventario de las escuelas
Las sanciones que se establecen por haber cometido las faltas anteriores van desde amonestaciones verbales, con notificaciones a los padres de familia, hasta el decomiso definitivo del dispositivo móvil.
Las amonestaciones y avisos a las padres es para los casos en los que el joven haya cometido una falta leve, como haber portado (aplica para educación inicial, parvularia o básica) o usado el aparato (educación media).
Quienes reincidan o que hayan utilizado los dispositivos para difundir “material nocivo” se les decomisará el dispositivo un mes y serán notificados los padres de familia.
De constatar una falta muy grave “se les decomisará el aparato, el cual pasará a ser utilizado en las actividades académicas de la institución, debiendo registrarlo en el inventario correspondiente”, según el artículo 166-C.
La diputada Lucy de León dijo que la iniciativa «está en proceso de consultas» y que esperan opinión del Ministerio de Educación y de la Asociación de Colegios Privados.
La actividad económica de El Salvador, medida a través del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), presentó un buen desempeño el año pasado impulsado por sectores como la construcción.
De acuerdo al último informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre de 2025, el principal impulsor de este índice fue la construcción, apartado que registró un 29.8 %, es decir, casi diez veces más que el 3 % reportado en octubre.
Con esta remontada, el sector continuó con la tendencia de crecimiento a doble dígito observada durante los primeros meses del año.
Otro sector con favorable desempeño en el período en análisis es el de comercio, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicios de comida, el cual reportó un 6.5 %, una mejora de 2.6 % desde el 3.9 % del mes anterior.
Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, de apoyo, y otros servicios que reflejaron un crecimiento del 5.2 %, una variación de 0.9 puntos porcentuales respecto a octubre cuando alcanzó un 6.1 %.
Mientras la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y otras actividades industriales registró, un 3.4 %, un crecimiento de 2.7 %, dado que en el décimo mes del año obtuvo un 0.7 %.
En diciembre del año pasado, el BCR dio a conocer que, hasta el tercer trimestre, el comportamiento de la economía salvadoreña medida en términos de producto interno bruto (PIB) fue del 5.1 %.
La medición supera la correspondiente al primero y segundo trimestre que fueron de 2.4 %, y 4.1 %, respectivamente.
Asimismo, supera en un 4 % a los resultados obtenidos por el país para el tercer trimestre de 2024.
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su marco institucional al recibir oficialmente la certificación del sistema de gestión antisoborno basada en la norma internacional ISO 37001, otorgada por AENOR Centroamérica, durante un acto institucional celebrado este martes.
La certificación ISO 37001 acredita que la CNAD cuenta con procesos formales, controles internos y una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el soborno, alineados con estándares internacionales de transparencia, ética y buenas prácticas de gobernanza. Este reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde El Salvador busca consolidarse como un hub regional para los activos digitales y la innovación financiera.
Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión, destacó que la certificación no es un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica coherente con la naturaleza de la tecnología blockchain y con la visión institucional del regulador.
«Desde que asumí la presidencia de la Comisión dije que nuestro enfoque debía ser transparente, justo y el mismo para todos. Esa es precisamente la tecnología con la que trabajamos: blockchain, que es inmutable, transparente y trazable. Hoy celebramos un éxito colectivo que demuestra ese compromiso», afirmó Reyes.
El titular de la CNAD subrayó que el proceso implicó un esfuerzo integral de todo el equipo, incluyendo evaluaciones individuales, auditorías externas y la adopción rigurosa de procedimientos internos. «Todos en la Comisión tuvimos que estudiar, evaluarnos y pasar pruebas específicas sobre antisoborno. No es algo sencillo ni automático, pero lo tomamos con seriedad porque creemos en estos estándares», señaló.
Por su parte, Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, explicó que la certificación es el resultado de una decisión institucional de alto nivel y de un proceso técnico exigente. «Más que un acto protocolario, esto es la celebración de una decisión estratégica de cumplir con estándares internacionales como la norma ISO 37001. La CNAD se posiciona como una institución que gestiona activos digitales con responsabilidad, ética y apego a las mejores prácticas internacionales», afirmó.
Pino Figueroa detalló que el proceso de certificación se desarrolla en varias etapas, que incluyen evaluaciones de conformidad, auditorías internas y externas, análisis de riesgos y verificación de la aplicación práctica de los controles definidos. «El cumplimiento normativo no debe quedarse en el papel. La verdadera cultura antisoborno se construye cuando los procesos se aplican en el día a día y evolucionan junto con los riesgos y los contextos nacionales e internacionales», explicó.
El representante de AENOR también destacó que la certificación tiene validez internacional y está respaldada por una firma con presencia en más de 80 países, lo que refuerza su credibilidad ante actores globales. «Este certificado no solo tiene validez nacional y regional, sino también internacional, con la solidez de una marca reconocida a nivel mundial», puntualizó.
Durante el acto estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de la Comisión, entre ellos César Alejandro Córdova y Carlos David Aguilar, así como personal técnico y administrativo de la institución, quienes participaron activamente en el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.
En declaraciones posteriores, Reyes enfatizó que la certificación tendrá un impacto directo en la confianza del mercado y en la relación con las empresas que buscan operar bajo el marco regulatorio salvadoreño. «Este sello envía un mensaje claro: la Comisión es transparente, no se presta a sobornos y aplica procesos rigurosos e iguales para todos. Es una garantía para quienes quieren invertir y desarrollar proyectos serios en El Salvador», afirmó.
Asimismo, adelantó que la certificación será incorporada como un elemento relevante dentro del marco regulatorio y de los procesos de evaluación de los solicitantes. «Esperamos que las empresas entiendan que aquí se trabaja con reglas claras y estándares internacionales. La transparencia no es negociable», concluyó.
Con esta certificación, la CNAD refuerza su papel como un regulador joven pero técnicamente sólido, alineado con las mejores prácticas globales y comprometido con la construcción de un ecosistema de activos digitales basado en la confianza, la integridad y la transparencia institucional.
La primera infancia salvadoreña inicio el lunes su año escolar 2026 con el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia «una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender», impulsado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.
El lunes, la primera dama destacó en las redes sociales el inicio del año escolar para la primera infancia del sector educativo público y afirmó que los alumnos comenzarán esta etapa escolar con las herramientas materiales y pedagógicas necesarias para su desarrollo integral.
«Estamos listos para que el aprendizaje se viva y se convierta en una experiencia significativa para cada niño. Este nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo», aseguró la primera dama de la República.
Desde el lunes pasado, la primera infancia del país cuenta con el nuevo currículo nacional que está basado en experiencias de aprendizaje y que sustituye el enfoque tradicional centrado únicamente en contenidos y reconoce que el aprendizaje ocurre cuando los niños viven, sienten y comparten.
«En este nuevo El Salvador nos estamos asegurando de que cada niño tenga más oportunidades para alcanzar su máximo potencial de desarrollo», indicó la primera dama.
El Despacho de la Primera Dama explicó que el nuevo modelo pedagógico que se aplica desde el lunes en los centros escolares del país está centrado en cuatro pilares fundamentales:
El juego, como lenguaje natural de la niñez y motor del aprendizaje; la participación, que reconoce a los niños como protagonistas de sudesarrollo: el aprendizaje activo, que integra cuerpo, emoción y exploración; y la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.
Este nuevo currículo no se trata solo de la creación de un documento, sino de acciones y nuevas formas de enseñar y experimentar en las aulas, afirmó el Despacho de la Primera Dama.
