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TERROR EN NICARAGUA: Encapuchados incendia una casa de tres pisos, Seis adultos y dos niños murieron calcinados
Managua, informaron fuentes policiales, lo que eleva a 178 los decesos en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron hace dos meses en Nicaragua.
Seis de los fallecidos eran miembros de una familia cuya casa fue incendiada por una bomba molotov lanzada por un grupo de hombres encapuchados y armados, mientras los otros dos fueron atacados cuando quitaban barricadas de una carretera, informó la policía en una nota de prensa.
El incendio de la vivienda de tres pisos se produjo al amanecer del sábado, dijeron familiares de las víctimas. Dos de ellas sobrevivieron lanzándose desde un balcón, una mujer que está en estado grave y un niño que ingresó a un hospital con quemaduras.
La sobreviviente responsabilizó al presidente Daniel Ortega de lo ocurrido, en un video difundido en redes sociales.
De acuerdo con un testigo, cerca de 20 hombres armados con fusiles y encapuchados llegaron en la mañana del sábado al barrio Carlos Marx y prendieron fuego la vivienda. Las acciones habrían sido en represalia a que la dueña de casa se negó a dejarles usar los pisos altos para colocar francotiradores y disparar a eventuales manifestantes, agregó.
Vecinos denunciaron que los atacantes no permitieron auxiliar a los fallecidos porque disparaban contra quien quisiera acercarse a la vivienda.
Según el reporte policial, los otros dos fallecidos son empleados de la alcaldía de Managua que fueron atacados por encapuchados cuando quitaban barricadas de una carretera.
El hecho que conmocionó a la población fue tratado este sábado en la mesa de diálogo del gobierno de Daniel Ortega y la oposición: los obispos condenaron las muertes, mientras la oposición acusó al gobierno de no frenar a los paramilitares y grupos de choque.
El canciller Denis Moncada negó responsabilidad y acusó a los manifestantes que están en las barricadas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expresó su «más enérgica condena por la masacre perpetrada por fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía», según un comunicado.
«Este crimen revela un escalamieto de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con saldo trágico de más de 178 personas asesinadas hasta la fecha», agregó la ONG.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en Twitter «este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y que no puede quedar impune».
La relatora especial para Nicaragua de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, reaccionó con «estupefacción y desgarro» por la muerte de niños «quemados vivos».
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
