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TERROR EN NICARAGUA: Encapuchados incendia una casa de tres pisos, Seis adultos y dos niños murieron calcinados

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Managua, informaron fuentes policiales, lo que eleva a 178 los decesos en el marco de las protestas antigubernamentales que se iniciaron hace dos meses en Nicaragua.

Seis de los fallecidos eran miembros de una familia cuya casa fue incendiada por una bomba molotov lanzada por un grupo de hombres encapuchados y armados, mientras los otros dos fueron atacados cuando quitaban barricadas de una carretera, informó la policía en una nota de prensa.

El incendio de la vivienda de tres pisos se produjo al amanecer del sábado, dijeron familiares de las víctimas. Dos de ellas sobrevivieron lanzándose desde un balcón, una mujer que está en estado grave y un niño que ingresó a un hospital con quemaduras.

La sobreviviente responsabilizó al presidente Daniel Ortega de lo ocurrido, en un video difundido en redes sociales.

De acuerdo con un testigo, cerca de 20 hombres armados con fusiles y encapuchados llegaron en la mañana del sábado al barrio Carlos Marx y prendieron fuego la vivienda. Las acciones habrían sido en represalia a que la dueña de casa se negó a dejarles usar los pisos altos para colocar francotiradores y disparar a eventuales manifestantes, agregó.

Vecinos denunciaron que los atacantes no permitieron auxiliar a los fallecidos porque disparaban contra quien quisiera acercarse a la vivienda.

Según el reporte policial, los otros dos fallecidos son empleados de la alcaldía de Managua que fueron atacados por encapuchados cuando quitaban barricadas de una carretera.

El hecho que conmocionó a la población fue tratado este sábado en la mesa de diálogo del gobierno de Daniel Ortega y la oposición: los obispos condenaron las muertes, mientras la oposición acusó al gobierno de no frenar a los paramilitares y grupos de choque.

El canciller Denis Moncada negó responsabilidad y acusó a los manifestantes que están en las barricadas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expresó su «más enérgica condena por la masacre perpetrada por fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía», según un comunicado.

«Este crimen revela un escalamieto de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con saldo trágico de más de 178 personas asesinadas hasta la fecha», agregó la ONG.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en Twitter «este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y que no puede quedar impune».

La relatora especial para Nicaragua de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, reaccionó con «estupefacción y desgarro» por la muerte de niños «quemados vivos».

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Internacionales

Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales

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La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.

«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.

La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.

Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.

El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.

Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».

«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.

«Época frustrante»

La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.

Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.

El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.

Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.

Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.

«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.

La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).

Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.

La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).

«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.

Popularidad golpeada

Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.

Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.

Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.

Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.

Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.

Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.

Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.

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«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia

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La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).

«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.

El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».

Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.

Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).

En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.

«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.

Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».

Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.

«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.

En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.

Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.

En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.

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Internacionales

La OMS aprueba una segunda vacuna contra la mpox

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.

La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».

Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.

Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.

La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.

Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.

República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.

La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.

«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.

Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.

El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).

Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.

Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.

 

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