La cifra de muertes a causa del terremoto de Myanmar llegó a 3.564 hasta este domingo por la noche, reportó el Equipo de Información del Consejo de Administración Estatal de Myanmar.

Además, se confirmó que, hasta este mismo día, otras 5.012 personas resultaron heridas y 210 siguen desaparecidas debido al terremoto.

Las autoridades locales, así como organizaciones de rescate locales e internacionales informaron que han brindado atención a 653 personas atrapadas en edificios tras el terremoto y recuperaron 682 cuerpos de entre los escombros.

La temporada escolar comenzó hace un mes, pero solo ahora los padres pueden llevar a sus hijos a este colegio de Lima atacado con explosivos por negarse a pagar una extorsión. En la entrada, en vez de profesores, vigilan militares con fusiles.

El crimen organizado extendió su chantaje al sistema privado de educación y afecta a miles de estudiantes, tras ensañarse los últimos tres años con comerciantes y transportistas principalmente.

Su poder de intimidación desafía al impopular Gobierno de Dina Boluarte, que echó mano del Ejército para tratar de contener la ola de extorsiones en las calles de Lima.

«Hasta la fecha tenemos […] 500 colegios extorsionados» a escala nacional, señala a la AFP Giannina Miranda, presidenta del Colectivo Educar con Libertad, que representa a los colegios amenazados en Perú.

De ese total, 325 se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido y pasar a la virtualidad, precisó.

Las bandas han impuesto el miedo y el silencio en los ambientes escolares, según constatan docentes y padres de estudiantes que hablaron bajo reserva.

«Es prácticamente como una pandemia, pero con armas», afirma un padre de 40 años tras acompañar a su hijo de 13 al colegio San Vicente, en el distrito de Comas, en el norte de Lima.

A las afueras un grupo de cinco militares y policías vigilan el ingreso de los alumnos.

MIEDO

En la primera semana de marzo la institución que recibe a 1,200 estudiantes fue atacada con un explosivo. La detonación no causó víctimas, pero sí daños en la puerta principal y obligó a iniciar clase de manera virtual.

Previamente, por un mensaje de WhatsApp, desconocidos habían pedido a las directivas 100,000 soles (unos $27,000) para no atacar.

Después del atentado llegó un video todavía más intimidante, cuyo contenido fue compartido por el padre de un alumno del colegio San Vicente bajo anonimato. «Ya te exploté tu colegio y aún sin darme solución», se lee en un cartel con siete balas encima rodeado de fusiles y pistolas que aparece en la grabación.

El aviso concluye con una advertencia de muerte contra un vigilante, un profesor o un «padre de familia dentro o fuera del colegio».

Estos centros escolares pasaron a ser blanco de las bandas locales o internacionales, que cobran a cambio de no matar o destruir.

Las amenazas inundan los celulares de directivos y profesores. Unas 17,000 instituciones y 2.5 millones de estudiantes forman parte de la red privada.

Ante «tanto miedo y tensión», familias están considerando no enviar más a sus hijos a la escuela, sostiene una jubilada de 70 años.

COSTO POLÍTICO

El auge del crimen organizado empujó a la presidenta Boluarte a declarar el estado de emergencia por un mes en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes.

El decreto entró en vigor el 18 de marzo. Amparada en esa figura, la mandataria sacó a los militares de los cuarteles para que apoyen a la Policía en la lucha contra la extorsión y el sicariato.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por presentar resultados, la extorsión se instaló prácticamente en la actividad diaria de millones de peruanos.

«¿Cómo explicarle a mi hijo lo que está pasando? Tener yo que enseñarle que cuando regrese al colegio, si escucha un disparo o si escucha una explosión», se resguarde debajo de su pupitre, se pregunta una secretaria de 30 años.

Desde hace 20 días, su pequeño de seis años recibe clases virtuales después de que el colegio Pitágoras, en el norte de Lima, suspendió sus actividades también por extorsión.

Según la Policía, en 2024 recibió 19,443 denuncias por este delito frente a las 22,294 del año anterior. Sin embargo, según la propia autoridad, muchos no denuncian por miedo.

Miles de personas se manifestaron el sábado en Séul, la capital surcoreana, para apoyar al destituido presidente Yoon Suk Yeol, apartado de su cargo la víspera por imponer brevemente en diciembre una ley marcial que sumió al país en una crisis.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó el viernes la destitución de Yoon por haber tratado de interrumpir el orden civil el 3 de diciembre.

La sentencia implica la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.

Los seguidores del destituido mandatario desafiaron la lluvia y salieron a las calles.

«¡El proceso de destitución no es válido!», «¡Anulen las elecciones anticipadas!», corearon.

Uno de los manifestantes, Yang Joo-young, de 26 años, dijo que la decisión de la corte ha «destruido la democracia libre» del país.

«Hablando como alguien de entre 20 y 30 años, estoy profundamente preocupado por el futuro», añadió.

Al declarar la ley marcial en diciembre, Yoon justificó la medida en la amenaza que representa Corea del Norte, su beligerante vecino con armamento nuclear, y en la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional.

El tribunal, sin embargo, dictaminó que las acciones de Yoon supusieron una «grave amenaza» para la estabilidad del país.

El destituido mandatario encontró respaldo entre figuras religiosas extremistas y ‘youtubers’ de derechas que, según expertos, usaron la desinformación para conseguir apoyos.

El líder de la oposición, Lee Jae-myung, se perfila ahora como favorito para las próximas elecciones y su partido ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte.

«Creo sinceramente que Corea del Sur está acabada», opinó otra seguidora de Yoon, Park Jong-hwan, de 59 años.

«Da la sensación de que ya hemos hecho la transición a un Estado socialista y comunista», agregó.