Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.

Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.

Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.

El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.

La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.

Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.

El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.

En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.

Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.

Fantasioso, ilegal, una patraña

Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».

En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».

Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.

La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.

El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.

Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.

Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.

El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.

Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.

El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.

Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.

El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.

Familiares de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados en Estados Unidos tras un mediático juicio por el asesinato de sus padres en 1989, pidieron su liberación, en momentos en que el interés por su caso ha resurgido gracias a una serie de Netflix.

La muerte a tiros del magnate de la música José Menéndez y su esposa Kitty en su casa de Beverly Hills, y los posteriores juicios televisados de sus hijos, acapararon titulares a principio de los años 1990.

Ahora, la expectación por su historia ha revivido de la mano de la serie «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez» de Netflix, que también les ha dedicado un nuevo documental.

Con 18 y 21 años en el momento de los hechos, ambos hermanos declararon entre lágrimas que habían matado a sus padres tras sufrir años de abusos sexuales a manos de su papá.

Fueron condenados por asesinato y cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 1996.

«A medida que salían a la luz los detalles de los abusos sufridos por Lyle y Eric, quedaba claro que sus acciones, aunque trágicas, eran la respuesta desesperada de dos niños que intentaban sobrevivir a la crueldad indescriptible de su padre», dijo este miércoles Joan VanderMolen, su tía de 92 años.

«Lyle y Erik ya han pagado un precio muy alto, desechados por un sistema que no supo reconocer su dolor», añadió en una rueda de prensa a la que asistieron una treintena de familiares.

El juicio inicial, que comenzó en 1993, fue uno de los primeros casos de asesinato televisados que coparon los titulares de los periódicos de todo el mundo. Tras un juicio nulo debido al desacuerdo del jurado, los hermanos fueron declarados culpables en un segundo procedimiento.

La fiscalía los acusó de asesinar a sus padres para heredar su fortuna de 14 millones de dólares.

El año pasado, los abogados de los hermanos interpusieron una moción en la que presentaban nuevas pruebas que, según ellos, demuestran los abusos cometidos por José Menéndez, incluida una carta escrita por Erik a una prima.

La defensa ha pedido que se vuelva a dictar sentencia, lo que podría suponer la excarcelación de sus clientes dado el largo tiempo que han pasado entre rejas.

Incluso los fiscales aseguraron en un comunicado que el sistema de justicia penal de Los Ángeles «ha desarrollado una comprensión más moderna de la violencia sexual desde que los hermanos Menéndez se enfrentaron por primera vez a la acusación».

«Hoy en día, nuestra oficina reconoce que la violencia sexual es un problema generalizado que afecta a innumerables personas, de todas las identidades de género», escribieron, confirmando que el caso está siendo revisado en múltiples frentes.

A principios de este mes, el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascon, dijo a los periodistas que tenía «la obligación moral y ética de revisar» el proceso.

Una audiencia está prevista para el 29 de noviembre.

El incendió se produjo la noche del martes y se prolongó hasta la madrugada en un taller de zapatería del centro penitenciario de la ciudad andina de Huancayo, a unos 300 km al este de Lima.

«Lamentablemente fallecieron cinco internos por asfixia», indicó en un comunicado el Inpe, sin precisar la causa del siniestro.

Con capacidad para 680 presos, la cárcel de Huancayo alberga a más de 2.000 detenidos por delitos comunes.

El Inpe señaló que tras reportarse el fuego se pidió la intervención de los bomberos, quienes acudieron a sofocar las llamas.

Los presos fueron evacuados a los patios para salvaguardar su integridad física, agregó la institución.

Familiares de los reclusos llegaron a los exteriores de la cárcel para informarse sobre la situación.

En Perú existen 68 cárceles sobrepobladas con cerca de 95.000 presos.