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Comienza juicio contra expresidenta boliviana Áñez por «golpe de Estado» contra Morales
Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.
Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.
Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.
El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.
La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.
Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.
El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.
Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
Fantasioso, ilegal, una patraña
Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».
En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».
Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.
La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.
El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.
Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.
El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.
Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.
Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.
El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.
Este miércoles, el presidente nicaragüense Daniel Ortega dio a conocer un proyecto de ley que busca prohibir la utilización y posesión de drones en el país. Según un documento al que tuvo acceso la AFP, la iniciativa fue enviada a la Asamblea Nacional, que está bajo el control del Frente Sandinista.
El texto de la ley establece que queda prohibido el ingreso y el uso de aeronaves no tripuladas en todo el territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales. La normativa se aplicará a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.
La iniciativa señala que únicamente la Presidencia de la República tendrá la potestad de autorizar la entrada y el uso de estos dispositivos. Los únicos organismos autorizados para operar drones serán el Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y su utilización estará restringida a fines de seguridad y defensa nacional.
Asimismo, la ley contempla la posibilidad de que la Presidencia otorgue autorizaciones especiales para el uso de drones en actividades como estudios científicos, labores de búsqueda y rescate, así como en eventos turísticos, recreativos, deportivos y culturales. Además, se establece un plazo de 30 días para que quienes ya posean drones los entreguen a las autoridades correspondientes.
«Por liderar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo, Donald Trump es la Persona del Año 2024 de Time», dijo la revista en un comunicado.
Trump, quien venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, aparece en la portada de la publicación esta semana luciendo su distintiva corbata roja y con una pose pensativa.
«Hoy asistimos a un resurgimiento del populismo, a una creciente desconfianza en las instituciones que definieron el siglo pasado y a una erosión de la creencia de que los valores liberales conducirán a una vida mejor para la mayoría de la gente. Trump es a la vez el agente y el beneficiario de todo esto», escribió el jefe de redacción de Time, Sam Jacobs.
Este año Trump fue condenado por cargos de fraude empresarial y estuvo a punto de ser asesinado dos veces. Sin embargo, terminará el 2024 preparándose para regresar a la Casa Blanca con mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso.
El republicano ya había recibido esta distinción de Time en 2016, tras ganar por primera vez las elecciones presidenciales a la demócrata y favorita en las encuestas Hillary Clinton.
También se espera al presidente electo en la Bolsa de Nueva York este jueves por la mañana para hacer sonar simbólicamente la campana de la NYSE (New York Stock Exchange).
Luigi Mangione, de 26 años, continúa detenido en el estado de Pensilvania, y fue acusado de asesinar a tiros a plena luz del día en una calle de Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre.
Tras varios días de búsqueda por parte de las autoridades, Mangione fue reconocido en un restaurante McDonald’s en Altoona, Pensilvania.
Sus huellas dactilares coinciden con las encontradas cerca de la escena del crimen, según medios estadounidenses. Los informes de las cadenas ABC y CBS no especificaron dónde se encontraron las huellas.
El abogado de Mangione, Thomas Dickey, no respondió a un pedido de comentarios de la AFP, pero había dicho antes a los medios locales que todavía no había «visto ninguna evidencia» que implicara a su cliente.
Y dijo que Mangione niega los cargos.
Una semana después del crimen, los detectives se centran en qué pudo haber motivado al ingeniero, que estudió en la Universidad de Pensilvania y es de una familia adinerada de Baltimore, a disparar contra Thompson a sangre fría, afuera de una conferencia de inversores.
La policía ha dicho que cuando fue arrestado, Mangione llevaba consigo un manuscrito de tres páginas criticando el sistema de salud estadounidense, a menudo acusado de priorizar las ganancias sobre las personas.
También tenía un cuaderno con notas de planificación del asesinato, según informó The New York Times citando fuentes policiales.
«¿Qué haces? Golpeas al director ejecutivo en la convención anual de los contadores parásitos. Es un acto dirigido, preciso y no pone en riesgo a inocentes», decía una anotación, según el Times.
