Internacionales
Dos colombianos detenidos por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos
Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela, de 52 años, y Luis Enrique Linero Pinto, de 40, ambos colombianos, fueron arrestados el 13 de diciembre en Colombia a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una «operación transnacional de tráfico de personas», afirma el departamento en un comunicado.
Según la acusación, los detenidos transportaban a los migrantes a la Isla de San Andrés, en el Caribe, y desde allí los llevaban en barco a Nicaragua. El objetivo era llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica y México.
Al parecer los acusados asesoraban a los migrantes sobre cómo llegar a la Isla de San Andrés, donde los recibían personalmente, les organizaban el alojamiento y «los llevaban a los barcos que los transportaban a Nicaragua para que pudieran entrar ilegalmente en Estados Unidos», se lee en el comunicado.
«Estos acusados metieron a varios migrantes en el barco que desapareció frente a la costa de Nicaragua» en 2023, afirma la fiscal general adjunta Nicole M. Argentieri, jefa de la división penal del Departamento de Justicia, citada en la nota.
Ambos son «responsables directos y personales del tráfico ilícito de migrantes en esa embarcación», se lee en el auto de acusación, con fecha del 23 de octubre.
Si son declarados culpables, De la Cruz Rivera y Linero Pinto se exponen a una pena máxima de 20 años de prisión y al pago de una multa de hasta 250.000 dólares.
El gobierno del presidente estadounidense saliente, el demócrata Joe Biden, persigue a los traficantes de personas y sanciona a directivos de compañías de transporte terrestre, marítimo o aéreo que promueven la migración irregular.
Para su sucesor, el republicano Donald Trump, controlar la afluencia de migrantes será prioritario en cuanto asuma el cargo el próximo 20 de enero.
El presidente electo ha prometido mano dura contra lo que considera una «invasión de migrantes» y ha amenazado con tomar medidas drásticas.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
