Internacionales
X acata orden judicial y de nuevo deja de funcionar en Brasil
La red social X dejó de funcionar de nuevo este jueves (19.09.2024) en Brasil, después de que la justicia le ordenara prescindir del servicio de ciberseguridad que le permitió eludir su suspensión en el país, indicó el gremio de proveedores de internet.
«Justo antes de las 16H00 (19H00 GMT) el propio X dejó de usar el servicio de Cloudflare», por lo que la plataforma «está bloqueada», dijo a la AFP el consejero de la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint), Basílio Rodriguez Perez.
La AFP constató que la red social es de nuevo inaccesible en teléfonos de usuarios, después que volviera a funcionar ampliamente el miércoles 18 de septiembre.
Un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó a la plataforma del magnate Elon Musk bloquear los nuevos accesos a su aplicación.
X debe «inmediatamente suspender la utilización de sus nuevos accesos (…) so pena de una multa diaria de 5 millones de reales» (USD 913.000), según la orden judicial del magistrado Alexandre de Moraes.
El juez dictó asimismo a la agencia brasileña de telecomunicaciones Anatel que adoptara todas las medidas necesarias para restablecer el bloqueo de X.
Moraes ordenó la suspensión de la red social el 30 de agosto en Brasil por incumplir órdenes judiciales de retirar cuentas acusadas de desinformación y de nombrar a un representante legal en el país. Enojado con la decisión, Musk acusó al magistrado de «dictador malvado».
Exigen a X nombrar un representante legal en Brasil
La red volvió a estar parcialmente accesible gracias a una actualización de su aplicación que le permitió dificultar la identificación de sus direcciones en internet (IP).
La red social aseguró que el restablecimiento fue la consecuencia «involuntaria» de un cambio de servidor y que era «temporal».
Pero Anatel declaró lo contrario. Según esa agencia, la red social X demostró su «intención deliberada de eludir la orden del Tribunal Supremo».
Según los proveedores de internet, X accedió a los servicios de Cloudflare, que permite a las empresas cambiar constantemente de IP, en vez de contar con direcciones específicas.
En la madrugada del miércoles 18 de septiembre, mientras la aplicación se actualizaba automáticamente en millones de teléfonos, Musk escribió en su cuenta de X: «La magia, cuando es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la tecnología», un mensaje interpretado como una «provocación» por la prensa brasileña.
En su decisión, Moraes presentó el mensaje de Musk como una prueba de su intencionalidad.
La resistencia «maliciosa, ilícita y persistente de la plataforma X en el cumplimiento de órdenes judiciales fue confesada directamente por su mayor accionista, Elon Musk, en la publicación» de ese tuit, dijo el juez. Además, instó a X a nombrar en un plazo de 24 horas un representante legal en Brasil.
La Fiscalía brasileña solicitó este jueves abrir una investigación sobre usuarios que aprovecharon la brecha del bloqueo de la red social el miércoles 18 de septiembre para promover ataques a la Corte Suprema.
Al bloquear X en agosto de 2024, Moraes advirtió a los 22 millones de usuarios en Brasil de que quien infrinja la orden accediendo a la plataforma mediante «subterfugios» como las redes privadas virtuales (VPN) se expone a multas diarias de 50.000 reales, equivalentes a unos 9.000 dólares
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
