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Queda en libertad exalcalde de La Paz Centro, acusado de haber ordenado la quema de ramadas en la Costa del Sol
El exalcalde de La Paz Centro, Armando Jirón, recuperó su libertad este viernes 13 de septiembre, tras pagar una fianza de $10 mil, según dictaminó el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, aunque continuará el proceso con medidas sustitutivas a la detención.
Jirón fue capturado por la PNC en horas de la madrugada del pasado 14 de mayo, luego de dar la orden de quemar decenas de ramadas y el mobiliario que contenían, que pertenecía a vendedores de comida en la playa Costa Del Sol. Cuando estaba en prisión, el concejo municipal nombró una nueva alcaldesa.
Jirón, del partido GANA, fue liberado tras la audiencia especial indagatoria llevada a cabo este viernes.
Los cargos que lo llevaron a la prisión son por contaminación ambiental, «tras ordenar la quema de decenas de ramadas, puestos de venta y el mobiliario de los mismos, en la playa Costa del Sol”, comentó en su momento la PNC.
El pasado 10 de mayo, Girón, quien aún era alcalde, notificó a comerciantes que tenían champas frente al turicentro del ISTU, que debían retirarse del lugar en un plazo de 24 horas, en cumplimiento a una orden del Juzgado Ambiental de San Salvador, que aduce afectaciones ambientales provocadas por las operaciones de estos comercios.
Los afectados continuaron en el lugar mientras se asesoraban por abogados y organizaciones de derechos humanos, por lo que el alcalde ordenó la quema de las ramadas, lo que incluyó quemar otros artículos como sillas y mesas, a fin de forzar la retirada de los vendedores.
Según el juzgado, estas ramadas representan una violación a las normativas ambientales como degradación de los ecosistemas costeros, contaminación de agua, generación de residuos sólidos y alteración del equilibrio ecológico.
Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves el Departamento de Estado, en una señal de deshielo tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», añadió.
Trump ha felicitado su trabajo.
Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.
Burgum calificó de «fantásticamente positivo» el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.
«Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares», indicó el texto. «Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela».
«Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».
Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.
La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.
«Garantías»
La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.
Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.
La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.
Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.
Burgum aseguró que recibió «garantías» de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona.
Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años este jueves.
«Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años, y eso es un mérito del liderazgo que hay aquí», indicó Burgum.
Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.
«Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países», dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.
El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.
«Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar», dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.
Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, menos de la mitad del que fue su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.
El personal del Cuerpo de Bomberos y soldados de la Fuerza Armada y otras instituciones de Protección Civil comenzaron ayer la misión de sofocar otro incendio forestal registrado en la faldas del volcán Chaparrastique, en San Miguel.
Este es el tercer siniestro de gran magnitud que se registra en este coloso en menos de un mes; el primero fue a principios de febrero, el segundo a mediados del mismo mes y el más reciente que comenzó desde el pasado martes, según las autoridades departamentales de Protección Civil.
«Da tristeza y coraje que por el descuido de algunas personas se vean afectadas muchas familias, árboles y animales y sobre todo, por los efectos que esto genera, como el calor y la erosión que causan las tormentas en la época lluviosa», expresó el presidente de la comisión departamental de Protección Civil, Sinaí Hernández.
El incendio se ha registrado en la zona sur del volcán, mientras que los dos anteriores han afectado el área oeste, provocando daños en la fauna y flora.
En los últimos días, la comisión departamental de Protección Civil ha reportado otros incendios forestales en algunos cerros de los cantones Agua Zarca, en El Salitre, Mayucaquín y El Delirio. Solo en el distrito de San Miguel en las últimas semanas se ha registrado un aproximado de 25 incendios forestales.
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y otras instancias de control ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras vinculadas al comercio ilícito de cigarrillos, así lo determinó un estudio ejecutado por la empresa Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).
Según el estudio, el comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador registró en 2025 su nivel más bajo de los últimos años, representando el 24.8 % del mercado.
«De acuerdo con el análisis, el contrabando de cigarrillos pasó de representar el 44.1 % del mercado en 2019 al 24.8 % en 2025, una reducción cercana a 20 puntos porcentuales en seis años. Este comportamiento refleja un fortalecimiento sostenido de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por las autoridades competentes», indicó ADES.
El estudio establece que solo en 2025, las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, con un valor comercial y fiscal superior a $4.1 millones y una evasión estimada cercana a $2 millones en impuestos no pagados.
«Asimismo, entre 2019 y 2025, la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos reportó un aumento del 17.4 %, en un contexto de fortalecimiento de los controles aduaneros y fiscales», se lee en el informe de ADES.
El análisis detalla que las autoridades también han identificado las rutas y patrones de ingreso irregular de mercadería. Además de cigarrillos, los controles han permitido identificar otros productos que ingresan de forma ilícita, incluyendo medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de vigilancia permanentes.
«El combate al contrabando requiere coordinación constante entre las autoridades competentes y el sector privado. Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución», afirmó Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.
El estudio concluye que la reducción del comercio ilícito no solo impacta la recaudación fiscal, sino que contribuye a la estabilidad del mercado formal, a la protección del consumidor y a un entorno de mayor transparencia para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
