Judicial
Acusan a Rodolfo Parker y familia por enriquecimiento ilícito de US$ 2.3 millones
El exdiputado prófugo Rodolfo Parker y su grupo familiar fueron demandados por enriquecimiento ilícito de $2,311,138.47 ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Fiscales de la Unidad Anticorrupción han solicitado a los magistrados que se de por iniciado el juicio civil y plantean desde el principio la pretensión de una condena y la inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
«Al señor Rodolfo Parker Soto se le está demandando en esta oportunidad por 18 irregularidades que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia», explicó uno de los fiscales que presentó la demanda.
Según el representante del ministerio público esas irregularidades tienen que ver con depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo por un monto de $571,224.39.
También han sido demandada su esposa Cristina Renate Wein de Parker, por 13 irregularidades consistentes en depósitos bancarios en efectivo, mediante cheques, pago de tarjetas de crédito, adquisición de vehículos por la cantidad de $521,637.92.
Se incluye además a sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein, por 39 irregularidades por un monto de $967,777.75; Sofía Cristina Parker Wein, por 4 irregularidades que totalizan $81,401.19 y Katya Renate Parker Wein, a quien le cuestionan ocho irregularidades por $169,097.22.
A Parker y su grupo familiar le reprochan un resultado negativo entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaban más de lo que ganaban, fondos que se desconoce su procedencia.
El exdiputado y exjurídico del Ministerio de Defensa, tiene orden de captura en el proceso penal por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida el 16 de noviembre de 989 en la Universidad Centroamericana, UCA.
Es acusado de fraude procesal y encubrimiento personal, según el ministerio público, suprimió la existencia de órdenes superiores y destruyó documentos que incriminaban a oficiales y al expresidente Cristiani en la matanza.
Un testigo con régimen de protección clave «Gabriel» que la Fiscalía ha propuesto dijo en un anticipo de prueba ante el Juzgado Segundo de Instrucción dijo que el exdiputado ofreció un millón de colones para que no se mencionara a los altos mandos de la Fuerza Armada y al expresidente de la República, Alfredo Cristiani en la masacre de los jesuitas.
Parker quien para ese entonces era el asesor jurídico del Ministerio de Defensa le expresó al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, que al momento de rendir declaración no podía decir que habían cumplido una orden del alto mando de la Fuerza Armada y del expresidente Cristiani, quien es también prófugo y con orden de captura.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
