Judicial
Costa Rica extraditará en los próximos días a suegro de expresidente Funes
El 1 de abril del 2019, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), capturó en Costa Rica al señor Juan Carlos Guzmán Berdugo, progenitor de Ada Mitchell Guzmán, actual pareja sentimental del expresidente prófugo, Mauricio Funes Cartagena; cumpliendo con la orden de captura internacional.
Guzmán de 53 años, tenía en ese entonces orden de captura internacional por el delito de lavado de dinero y activos previsto y sancionado en el Art.4 de la Ley en perjuicio del orden socioeconómico.
Durante noviembre del 2019, Guzmán interpuso un recurso ante la fiscalía de ese país, en el que solicitaba revertir la resolución, lo que atrasó aún más el proceso de extradición.
El mandatario Nayib Bukele, presentó el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, donde autoriza, este país, la extradición de Guzmán quien es acusado por legitimación de capitales.
«Se concede la extradición de Juan Guzmán Berdugo, por el delito de Legitimación de Capitales y deberá cumplir al Estado Requirente las promesas dadas con respecto al juzgamiento de esta persona. El extraditado será puesto a disposición de las autoridades de la República de El Salvador a fin de que lleve a cabo el trámite de salida del país», se lee en el documento legal.
Costa Rica confiere el plazo de un mes para que El Salvador realice los tramites requeridos, para que el suegro de Funes sea juzgado en el país.
El padre de Mitchell Guzmán, según las investigaciones, es parte de la red que desvió $351 millones, de las arcas del estado, durante la gestión del asilado y prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes Cartagena.
Por su parte la canciller, Alexandra Hill, dijo en sus redes sociales: «Presidente Nayib Bukele, la Cancillería procederá de inmediato con todas las diligencias diplomáticas necesarias ante Costa Rica para concretar la extradición del señor Juan Carlos Guzmán lo antes posible».
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
