Política
Asamblea Legislativa elegirá magistrados suplentes de la CSJ el 31 de agosto
La Comisión Política acordó elegir a los magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 31 de agosto del presente año.
Para ello, determinaron llevar a cabo un nuevo proceso de entrevistas dirigidas para los 23 aspirantes. Este proceso servirá para reconfirmar la voluntad de los profesionales a ostentar la suplencia de la magistratura del Órgano Judicial, según lo explicó el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Las entrevistas de fondo se hicieron en las jornadas pasadas que sirvieron para la elección de los magistrados propietarios, ahora sería un proceso para reconfirmar el interés que tienen para fungir en esa magistratura”, expresó Castro.
“Habrá algunos aspirantes que quieran actualizar su hoja de vida. Algunos estaban terminando estudios o cursos y tal vez quieran comentarlo”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, quién se mostró a favor de la dinámica a implementar.
Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, detalló que el listado que será tomado en cuenta es el proporcionado por el Consejo Nacional de la Judicatura, tal y como lo establece la ley, mismo que será presentado en su totalidad ante el pleno legislativo, lugar en donde se hará la depuración definitiva.
La Ley de la Carrera Judicial establece que el listado de aspirantes debe ser proporcionado por el Consejo Nacional de la Judicatura. La mitad de ellos provendrá de los aportes de las entidades representativas de los Abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico.
Según el acuerdo de Comisión Política, las entrevistas se realizarán los días lunes 16 y 23 del presente mes, fechas en las que se entrevistarán a 12 y 11 profesionales del derecho respectivamente.
Según el artículo 176 de la Constitución de la República, para ser elegido como Magistrado se requiere:
- Ser salvadoreño.
- Del estado seglar.
- Mayor de 35 años de edad.
- Abogado de la República.
- De moralidad y competencia notorias.
- Haber servido una judicatura de Primera Instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de Abogado por lo menos ocho años antes de su elección.
- Estar en el goce de los derechos de ciudadano y;
- Haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
