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Reforma laboral, entre justicia y vulnerabilidad digital
Por: Lisandro Prieto Femenía
«La función social del trabajo exige que no sea un mero bien de mercado»: Karl Polanyi, La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (1944/2001, p. 70).
En los pliegues de la modernidad occidental se ha tejido una convicción que sostiene la organización política y económica de nuestras sociedades: el trabajo trasciende el ámbito de la transacción económica. Es la matriz a partir de la cual se configuran la dignidad, la autonomía y el reconocimiento social de las personas. Cuando la mercancía del trabajo se deja sin mediaciones institucionales protectoras, esas dimensiones constitutivas se ven severamente corrompidas. Por ello, la discusión sobre la reforma laboral excede el instrumental tecnocrático del crecimiento económico y entra de lleno en el terreno de la justicia política.
Tomar en serio la afirmación de Polanyi- quien advirtió que “la función social del trabajo exige que no sea un mero bien de mercado”- obliga a una pregunta nodal: ¿cómo actualizar las normas que regulan el trabajo sin convertir la modernización en sinónimo de despojo social? Esta pregunta adquiere una presión inédita debido a la conjunción de la globalización, la fragmentación productiva y la automatización tecnológica, factores que han vuelto problemáticas las categorías tradicionales del derecho laboral. Las transformaciones en la forma de producir no sólo reestructuran empleos, sino que recomponen sustancialmente la relación de poder entre quien ordena la tarea y quien la ejecuta. Al respecto, Martha Nussbaum señalaba que las instituciones económicas deben ser juzgadas por su capacidad de sostener las capacidades humanas básicas. En ausencia de tales salvaguardas, la eficiencia económica resulta moralmente insuficiente. Si este criterio se adopta como orientador, la reformulación normativa debe ser evaluada por su capacidad para preservar condiciones de vida mínimas y oportunidades reales de desarrollo, más que por su aptitud a reducir costos empresariales.
Ahora bien, el caso argentino ilustra con claridad las tensiones dialécticas entre la norma y la realidad. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Ley N.º 20.744, sancionada en el año 1974, ha permanecido como el núcleo del derecho laboral formal durante décadas. Sin embargo, la persistencia de un texto no basta para avalar su actualidad normativa, en tanto que la LCT fue diseñada para relaciones laborales típicas de una economía industrial, caracterizadas por trabajos estables, jornadas definidas y empleadores identificables. Hoy, en contraste, muchas relaciones se mediatizan por plataformas digitales, contratos por proyecto y cadenas de subcontratación que desplazan la subordinación a ámbitos menos visibles. Este desfase entre el diseño normativo y las prácticas económicas facilita formas de precariedad que la letra de la ley, si bien vigente, no logra capturar ni remediar eficazmente.
Esa debilidad se traduce en indicadores sociales que muestran la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (IDEC) reportó en su última serie que una fracción sustantiva de la población ocupada se encuentra en condiciones de informalidad y subempleo, con particular incidencia en los sectores de comercio y construcción (INDEC, 2025). A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la coexistencia de un sector formal con extensos cinturones de precariedad es una característica persistente de las economías “en desarrollo”, y que las transformaciones tecnológicas pueden agudizar esta dualidad si las políticas públicas no articulan medidas redistributivas y de protección (OIT, 2021, p. 12). Estas evidencias confirman una intuición filosófica central: la justicia laboral no se garantiza por declaraciones abstractas cuando las prácticas sociales y las tecnologías permiten eludir el cumplimiento material de los derechos.
El análisis filosófico exige, además, una crítica de legitimidad. Por ejemplo, John Rawls propone que las instituciones justas son aquellas que organizan las desigualdades de modo que favorezcan a los menos aventajados. Desde esa perspectiva, cualquier reforma que aumente la vulnerabilidad de los trabajadores más frágiles vulnera la equidad institucional. (Rawls, 1971/1999, p. 52). Del mismo modo, la tradición republicana nos recuerda, a través de Philip Pettit, que la ausencia de controles frente a autoridades económicas que actúan con arbitrariedad configura situaciones de dominación que impiden la libertad no dominada de los ciudadanos (Pettit, 1997, p. 37). Aplicada al ámbito laboral, esta reflexión nos sugiere que la protección no sólo es un beneficio material, sino también una condición de autonomía y de ciudadanía efectiva: sin derechos laborales aplicables y verificables, la persona queda a merced de potencias organizativas que limitan su capacidad de planificación y su esfera de autodeterminación.
La incorporación de inteligencia artificial y algoritmos de gestión añade una dimensión de urgencia práctica y normativa ineludible. Cuando los sistemas automatizados determinan asignaciones, evaluaciones y ritmos de trabajo, la subordinación adopta formas tecnológicas que escapan a las categorías tradicionales de una ley escrita hace 51 años. Sobre este aspecto en particular, Richard Susskind y Daniel Susskind señalan que la tecnología no sólo sustituye labores, sino que transforma las estructuras de autoridad profesional y reconfigura las relaciones de confianza entre organizaciones y trabajadores (Susskind & Susskind, 2015, p. 9). Ante esta nueva manifestación de poder, la normativa no puede permanecer pasiva, sino que debe transitar la simple visibilidad jurídica de la relación a la trazabilidad ética del control. La nueva ley debe exigir la transparencia algorítmica de las decisiones que afectan la vida laboral, proveer mecanismos efectivos de impugnación de decisiones automatizadas y establecer criterios claros de responsabilidad cuando la plataforma o el sistema tecnológico median funciones esenciales de gestión. Estas exigencias no deben interpretarse como un gesto de sabotaje a la innovación, sino, por el contrario, como condiciones de legitimidad ineludibles para que dicha innovación sea social y éticamente sostenible. La prudencia aquí reside en reconocer la eficiencia potencial de los algoritmos, pero someter su potestad disciplinaria a un escrutinio que preserve el derecho fundamental del trabajador a comprender y refutar aquello que rige su destino laboral.
El desafío filosófico y jurídico más acuciante reside en redimensionar la arquitectura jurídica del vínculo laboral, hallando un punto medio que abrace las formas flexibles del presente y del futuro sin disolver el principio innegociable de la dignidad humana. La reforma debe sostener, por un lado, una tarea de cierre de brechas legales que permita la externalización del riesgo y la ocultación sistemática de las relaciones de subordinación. Esto requiere trascender la noción clásica de “dependencia” y redimensionarla para que se incluya aquellas subordinaciones mediadas por la tecnología y las nuevas dependencias económicas de plataformas y estructuras productivas fragmentadas. La clave para un equilibrio prudente no es prohibir las nuevas formas de trabajo, sino definir figuras de responsabilidad solidaria que alcancen a la totalidad de los actores que se benefician de tales estructuras productivas: esto garantiza que la flexibilidad del modelo de negocio no se traduzca en la rigidez de la precariedad para el trabajador. La segunda tarea se debería centrar en la construcción de políticas públicas que acompañen los procesos de transición laboral, exigiendo la implementación de redes de transición concretas, tales como programas de formación profesional, seguros de ingreso temporales y políticas activas de empleo que mitiguen los costos sociales de la reconversión productiva.
En este sentido, la OIT sintetiza esta tríada fundamental en su insistencia sobre la necesidad de políticas que atiendan, simultáneamente, la creación de empleo, la protección social y el diálogo social (OIT, 2019, p. 4), una orientación que enlaza intrínsecamente la eficacia económica con la legitimidad democrática. Siguiendo esta línea de razonamiento, es evidente que se debería rechazar categóricamente la falsa dicotomía entre protección y competitividad, la cual se sustenta también en experiencias comparadas. Modelos que combinan una flexibilidad operativa con fuertes redes de protección social- sumados a sistemas robustos de diálogo social y políticas activas- han demostrado que es perfectamente posible lograr tasas de reempleo elevadas sin sacrificar los estándares esenciales de seguridad laboral (Madsen, 2006, p. 18). Es importante que esto se entienda con claridad: proteger no impide innovar, sino que, más bien, exige una arquitectura institucional robusta que facilite los procesos de adaptación menos traumáticos y socialmente más equitativos.
La exigencia ética que subyace a la defensa de una reforma protectora remite, en última instancia, a la concepción del trabajo como práctica valorativa y constitutiva de la vida buena. Privar de protecciones a quienes sostienen la reproducción social es, en términos morales, una forma inaceptable de deshumanización institucional y de explotación encubierta. Además, es imperativo que los procedimientos de la reforma sean democráticos y deliberativos. La legitimidad de los cambios normativos se afianza cuando los grupos afectados participan activamente en la definición de las reglas que regirán su vida laboral. Esta es una exigencia de justicia procedimental tan relevante como la justicia distributiva, pues sólo procedimientos inclusivos pueden generar normas que sean efectivamente aplicables y percibidas como legítimas.
Desde la perspectiva normativa, conviene insistir en la necesidad de salvaguardas mínimas que actúen como umbrales no negociables. Estas protecciones deben garantizar los aportes previsionales y la cobertura de salud, asegurar indemnizaciones razonables, reconocer firmemente los derechos de licencia y la negociación colectiva y, de manera crítica, habilitar vías rápidas y eficaces de reclamo frente a las decisiones algorítmicas. Polanyi nos recuerda que las protecciones sociales no son simples añadidos sino condiciones esenciales de la cohesión social frente al poder expansivo y desregulador del mercado (Polanyi, 1944/2001, p. 3). Así, la concreción de estas protecciones no es una concesión filantrópica sino el requisito fundamental para que la economía produzca legitimidad y estabilidad.
La reforma debe ser concebida, en última instancia, como un proyecto de reconstrucción del pacto social en torno al trabajo. No se tratará de una operación técnica, sino de una deliberación política profunda que reconozca la densidad moral del trabajo y su centralidad en la reproducción de la vida en comunidad. Implementar reformas que modernicen sin desproteger es elegir un horizonte de sociedad que priorice la equidad, la autonomía y el respeto a la condición humana frente a la tentación de convertir la innovación en pretexto para descargar costos sociales sobre los más vulnerables.
Si la modernidad occidental tuvo la virtud de articular derechos en torno al trabajo, la tarea pendiente es actualizar esa articulación para la era digital sin renunciar a sus conquistas fundamentales: la protección social, el reconocimiento y la capacidad real de las personas para proyectar sus vidas.
El debate sobre la reforma laboral se enfrenta, en su núcleo, a la tensión entre la obsolescencia de las herramientas legales petrificadas y la imperiosa necesidad ética de reconfigurar la justicia en la esfera del trabajo digital. La respuesta no se encuentra en la supresión de las protecciones históricamente conquistadas, sino, por el contrario, en su profunda sofisticación filosófica y jurídica. Es menester interrogar al presente con cierto rigor: ¿Cómo puede el derecho laboral, tradicionalmente anclado en la subordinación jurídica visible propia del taller y la fábrica, lograr la arquitectura conceptual y normativa para capturar y sancionar la subordinación algorítmica que se ejerce de forma opaca a través de plataformas digitales y sistemas de gestión automatizada?
Del mismo modo, si la justicia institucional se define por su capacidad irrenunciable para proteger a los menos aventajados, como argumenta Rawls, surge la pregunta crítica sobre los parámetros normativos concretos que deberían establecerse para medir, con precisión empírica, si una reforma laboral ha disminuido o aumentado la vulnerabilidad de los trabajadores informales y subempleados. A ello se suma la exigencia republicana de la libertad como no dominación, según Pettit, lo cual nos obliga a inquirir: ¿qué mecanismos de control democrático, sindical y legal son verdaderamente necesarios para garantizar que la eficiencia tecnológica, son su capacidad de arbitrio automatizado, no se convierta en una nueva fuente de poder caprichoso y arbitrario sobre la vida y el destino laboral del trabajador, limitando así su autonomía?
Por último, frente a los modelos comparados de flexiguridad (Madsen) y la insistencia persistente de la OIT en el diálogo social como eje rector, la cuestión política fundamental es esta: ¿Qué pasos institucionales y políticos son indispensables para construir un consenso tripartito- involucrando al Estado, a los empleadores y a los trabajadores- que, con legitimidad robusta, pueda sostener una reforma que equilibre la competitividad económica con las garantías mínimas innegociables para la dignidad humana?
Referencias
- INDEC — Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre 2025. Buenos Aires: INDEC.
- Madsen, P. K. (2006). Flexiguridad: Una nueva perspectiva sobre la política del mercado laboral en Dinamarca. En J. Miles (Ed.), Cambio en el mercado laboral: Políticas y prácticas en Europa (pp. 15–32). Oxford University Press.
- Nussbaum, M. (2011). Creando capacidades: El enfoque de desarrollo humano. Harvard University Press.
- OIT — Organización Internacional del Trabajo. (2019). Trabajo decente y economía del cuidado. Ginebra: OIT.
- OIT — Organización Internacional del Trabajo. (2021). Panorama Mundial del Empleo y la Protección Social 2021: El papel de las plataformas digitales de trabajo. Ginebra: OIT.
- Pettit, P. (1997). Republicanismo: Una teoría de la libertad y el gobierno. Oxford University Press.
- Polanyi, K. (2001). La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (2ª ed.; traducción española revisada). Beacon Press. (Obra original publicada en 1944).
- Rawls, J. (1999). Teoría de la Justicia (edición revisada). Harvard University Press. (Obra original publicada en 1971).
- República Argentina. Ley N.º 20.744, Régimen del Contrato de Trabajo. Sancionada 11 de septiembre de 1974; promulgada 20 de septiembre de 1974. Texto ordenado por Decreto 390/1976.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2015). El futuro de las profesiones: Cómo la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos. Oxford University Press.
Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina
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Resurge hegemonía de Taiwán en el nuevo escenario geopolítico centroamericano Por Dionisio De Jesús
El principio de una sola China, luego de desembarcar “con todos los hierros” en el Istmo Centroamericano hace ya varias décadas, (Costa Rica) y haber arreciado esa llegada en los últimos 10 años, por primera vez, se ve amenazada su hegemonía por la de Taiwan, (que nunca ha tirado la toalla) la China de las sombras, la que nunca ha renunciado a volver a recuperar lo que cree suyo: la China que es parte de una misma historia milenaria, pero no políticamente hablando, porque una es la de Chiang Kai-Set; y la otra, de Mao Tse-Tung, el líder de la Revolución Cultural China.
Bajo esa política, China Popular ha estructura una avasalladora estrategia de abrir relaciones con alrededor de 181 a 185 naciones. Quedando muy pocos Estados con relaciones reciprocas con Taipéi, lo que le fue cerrando el accionar geopolítico, cultural, económico y de cooperación en cualquier índole a la Isla de Formosa. Solo siendo apoyada por su incondicional aliado: los Estados Unidos, poniéndose a prueba, hoy más que nunca, esa lealtad en un momento en que las tensiones en el mar de China Meridional, lo que para algunos analistas pone en juego la tranquilidad y la paz mundial.
A principios de este año de 2026, 12 estados mantienen relaciones diplomáticas formales con Taiwán, incluyendo a la Santa Sede (Ciudad del Vaticano) y 11 estados miembros de la ONU.
Los aliados diplomáticos se concentran principalmente en el Caribe, Latinoamérica, Oceanía y África. Algunos de los países que reconocen a Taiwán incluyen:
Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Otros aliados en el Pacífico como el pequeño Estado de Nauru (que rompió lazos en 2024, pero suele incluirse en los recuentos recientes de cambios).
Bajo este escenario, y teniendo como telón de fondo el arreciamiento de la nueva política norteamericana de querer recuperar lo que” creían suyo”, pero que un intruso como China Popular entró al patio de su casa y empezó a ordenar la cuadra.
Bástenos señalar que, bajo este panorama, Taiwan, ni corto ni perezoso ha arreciado su embestida diplomática, sabiéndose heredero de unas relaciones con muchos países que luego de décadas bajo su égida, miraron a China Popular, buscando otros horizontes de cooperación, tecnología, dinero fresco y demás. Todo arropado por la sombrilla ideológica de un nuevo frente respecto de la cooperación sur-sur y el llamado multilateralismo que se venía ofreciendo a los países emergentes, que más luego se agruparon en los llamados BRICS, lo que hoy son el nuevo hegemón de la contrapolítica para los países europeos y las otras alianzas de la que participa Estados Unidos, sobre todo las económicas, principalmente.
Pero volvamos al patio trasero de los Estados Unidos, es decir, América Latina, en donde se puede decir la máxima de que “si tu no saca a bailar tu mujer otro te la va a bailar”, y eso fue precisamente lo que por inacción o lo que fuese, China Popular, hizo la tarea de cortejar a estos países que estaban pasando muy mal en todos los sentidos por el disque abandono “del amigo del norte.”
Hoy, luego de la recomposición vía elecciones, de los gobiernos del Istmo, Taiwan viene a tratar de retomar hegemónicamente lo que cree, su espacio natural conquistado por más de 80 años en estas naciones que se sirvieron de los avances, que en materia de agricultura, educación, tecnología, asesoría militar, medio ambiente, cultivos varios, ofreció a estos países, aparentemente, a cambio de nada, solo para mantener alejada a la China Popular, que para ellos era mucho políticamente hablando en tiempos de la guerra fría y la supremacía de Estados Unidos en la región.
Si hacemos un poco de historia de cómo todos estos países del Istmo cayeron en los brazos de Taiwan, tenemos que aceptar que, aparte de lo político, estuvieron la características económicas y de postración de estos pueblos respecto de una carencia de recursos educativos, económicos, crisis institucionales, acceso negados a las nuevas tecnologías, faltas de estrategias militares, y Taipéi se lo puso en bandeja de plata, por apoyo de su socio estratégico Estados Unidos, aparte de los recursos frescos en materia de préstamos, que no importaba los intereses, estos países los necesitaban, y de qué manera, ayudando a una clase política a perpetuarse en el poder y ganar elecciones de la manera que fuera.
El Salvador tuvo 84 años de relaciones; entraron tanto en la vida institucional y política que ya parecían imprescindibles y necesarios, ayudaron a construir el edificio de la Cancillería, infraestructuras de las más varias características, la sede del SICA también fue donada por Taiwán como apoyo a las relaciones para la Integración siendo “el socio estratégico” más confiable fuera del Istmo, sus relaciones se rompieron en 2018 con una izquierda, el FMLN, que buscó tardíamente los brazos de la China de Mao a la que tanto habían idolatrado, pero que extrañamente éstos salieron del poder justo cuando pudieron disfrutar de sus mieles y fue Nayib Bukele y su gobierno quienes terminaron cosechando los acuerdos que esa misma izquierda firmó con China una vez rompieron con Taiwan; Guatemala empezó sus relaciones desde el 1933, con mucho apoyo en proyectos de agricultura, cultura, educación, comercio, siendo todavía uno de sus socios que les quedan en la región; hoy recién esta semana han refrendado unos acuerdos en “la expansión del proyecto Clubes de Ciencias. Esta iniciativa está orientada a fortalecer el aprendizaje en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre niñas, niños y jóvenes del país”. “Apostar por la ciencia en la niñez es invertir en un futuro más innovador, más inclusivo y lleno de posibilidades”, informó la sede diplomática.

Dionisio De Jesús
Diplomático, poeta
dionisiodejesus@gmail.com
Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.
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RAMADAN Y CUARESMA por Randa Hasfura
Hay coincidencias de calendario que son casi metáforas históricas. Este año (por casi primera vez en la historia) el Ramadán y la Cuaresma comienzan el mismo día. Esto ya había sucedido allá en 1863, cuando el Ramadan empezó la noche del Miércoles de Ceniza, pero nunca hasta ahora habían despertado juntos bajo el mismo amanecer. Dos civilizaciones religiosas, dos maneras de entender el sacrificio… y, sobre todo, dos maneras de tomárselo en serio.
Durante un mes entero, millones de musulmanes no comen ni beben absolutamente nada desde el alba hasta la puesta del sol. Nada significa nada: ni café, ni agua, ni pan ni excusas… El cuerpo participa obligatoriamente en la disciplina del alma. La sed, que es la necesidad más primaria del ser humano, se convierte en oración fisiológica. El hambre deja de ser una molestia para convertirse en un recordatorio: dependes de Dios incluso para tragar saliva.
En buena parte del catolicismo contemporáneo, la Cuaresma se ha convertido en una “modernidad” dietética. No comer carne el viernes… pero sí mariscos, sushi, gastronomía sofisticada que en cualquier otra cultura sería lujo festivo. El antiguo sacrificio medieval (pan, agua, abstinencia real) ha sido sustituido por la reinterpretación culinaria: el pecado es comer carne, pero el camarón relleno entra al cielo sin dificultad.
No es un problema gastronómico. Es un problema espiritual.
El cristianismo nació como una religión donde desiertos, vigilias, ayunos y martirios la caracterizaban. La penitencia no era simbólica sino pedagógica; el cuerpo debía aprender lo que el alma afirmaba. Sin embargo, la modernidad confortable ha transformado y trastocado la liturgia… como decía mi párroco ¿adònde dice en la Biblia específicamente que no hay que comer carne? eso es “simbólico” decía… y entonces la penitencia ha pasado a ser compatible con el placer, lo cual es casi una contradicción.
El islam, en cambio —al menos en este punto— conserva intacto el aspecto antiguo de la religión: si la fe no afecta al estómago, no ha penetrado realmente en la persona.
Durante el mismo mes, dos creyentes rezarán al mismo Dios de Abraham: uno aprenderá a dominar sus necesidades; el otro elegirá no comer filete sino langosta un viernes.
No se trata de superioridad moral ni de competencia entre religiones. Se trata de coherencia. El sacrificio religioso siempre ha sido un lenguaje universal: privarse para recordar que no somos autosuficientes. Cuando el sacrificio se vuelve elegante, deja de ser sacrificio. Se vuelve tradición social.
Tal vez este cruce histórico no sea una casualidad, sino un espejo. Y los espejos rara vez resultan cómodos.

Randa Hasfura
Abogada, notaria y dipolmática salvadoreño-palestina
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La familia como cimiento ontológico de la educación- Lisandro Prieto Femenía
“La virtud moral es resultado del hábito”
Aristóteles, Ética a Nicómaco
La discusión sobre la educación del ser humano, entendida no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como la formación integral de la persona, debe comenzar necesariamente por el análisis de su núcleo fundacional: la familia. Desde una perspectiva filosófica, reducir la familia a un mero agente socializar o un contexto de apoyo es empobrecer drásticamente su realidad. El término familia, proveniente del latín famulus (sirviente o esclavo), originalmente designaba no sólo el linaje sanguíneo, sino el conjunto de personas y bienes que se encontraban bajo la autoridad del pater familias. Este origen, si bien jerárquico, revela su carácter esencial como unidad económica y de convivencia primordial, la estructura ontológica donde se gesta la condición de persona y se inicia la coexistencia.
Por su parte, la escuela proviene del griego skholé, que no significaba trabajo ni instrucción, sino “ocio” o “tiempo libre”, haciendo referencia al tiempo que los ciudadanos dedicaban a la reflexión, al debate y al aprendizaje intelectual, libres de las urgencias productivas. Esta distinción etimológica subraya que mientras la familia se orienta a la existencia y a la subsistencia ética y material, la escuela se reserva el tiempo para la trascendencia y la reflexión sistemática, confirmando que sus propósitos, si bien complementarios, son distintos en su raíz.
Filósofos como Leonardo Polo elevan la institución familiar a una categoría esencial, desvinculándola de un mero hecho sociológico. Polo afirma que “la familia es la primera forma y el primer motor de la coexistencia humana: de la coexistencia con el mundo, de la coexistencia con los otros y de la coexistencia con Dios”. Esta coexistencia, principio mismo de la moralidad y la ética, se aprende en un marco de gratuidad que la escuela, por su naturaleza institucional, jamás podría replicar. En efecto, la familia es el ámbito que acoge lo “radicalmente nuevo: la persona humana” (Polo, citado por Falgueras Salinas, s.f.).
Es allí, en el amor que se prodiga en el hogar, donde los hijos reconocen su relación filial. El término amor, con raíces en el indoeuropeo amma (madre), apunta directamente al vínculo primario, a la incondicionalidad. Este amor es la llave de la donación, del latín donatio, implica un acto de entrega generosa sin esperar reciprocidad. Por tanto, la relación filial se percibe “también donal, gratuita y generosa” (Falgueras Salinas, s.f.). Esta experiencia primaria del don fundamenta la libertad volitiva, pues solo el ser que se sabe incondicionalmente amado posee el soporte emocional y moral para elegir el bien y comprometerse con la comunidad. La educación, en este contexto originario, se revela como el acto de transmitir la herencia cultural, ética y emocional con una fuerza persuasiva que la evidencia empírica cataloga como indeleble. Este es el primer crisol donde se negocia la tensión fundamental entre la pertenencia y la autonomía, el espacio fundacional donde el individuo aprende a ser “yo” sin desvincularse del “nosotros”. Así, el aprendizaje temprano de los códigos esenciales (la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, el respeto, el manejo de la autoridad) constituye el fundamento moral que el ciudadano lleva consigo mismo a la vida pública.
La necesidad de este cimiento ya la vislumbraba con claridad el gran Aristóteles, quien en su “Ética a Nicómaco”, establecía que “la virtud moral es resultado del hábito” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, II, 1). Para poder lograr la Eudaimonía (felicidad y/o vida buena), el alma requiere que las virtudes no sean meros conocimientos teóricos (diánoia), sino disposiciones prácticas (hexis) adquiridas por la repetición constante. Justamente, la familia, con su ritmo ininterrumpido y sus pequeñas exigencias cotidianas, es la que proporciona este campo de entrenamiento ético (ethos), modelando el carácter a través del hábito antes de que la razón pueda imponerse por completo. Sin esta formación práctica y constante en el seno del hogar, cualquier instrucción moral posterior deviene en mera retórica.
Al incorporar la visión de la pedagogía, la primacía familiar se refuerza notablemente con los aportes de Lev Vygotsky, para quién el desarrollo humano es inseparable del contexto y la cultura en que se produce (Vygotsky, 2000, citado en Biblioteca Clacso, 2016). De este modo, el hogar constituye el primer y más significativo escenario donde se establece la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Es, por lo tanto, a través de la interacción cotidiana, el diálogo y el apoyo emocional de los padres que se proporciona el “andamiaje” necesario, el cual no sólo es intelectual, sino también afectivo y conductual, permitiendo al niño internalizar herramientas de pensamiento y regulación emocional, prerrequisitos indispensables para el éxito en el aprendizaje formal y para el desenvolvimiento en la vida social.
Por su parte, Pierre Bourdieu, desde la sociología de la educación, complementa esta visión obligándonos a reconocer el rol de la familia como transmisora del “capital cultural”. Este activo, encarnado en el lenguaje, los hábitos, las actitudes hacia el conocimiento y el nivel de aspiraciones, se ha demostrado ser un predictor del éxito académico tan sólido que Razeto (2016, citado en SciELO Cuba, 2022) lo califica como un “hecho irrefutable”. Consecuentemente, la familia que fomenta el hábito lector, la disciplina cotidiana y el valor del esfuerzo transfiere un activo intangible que moldea la predisposición del niño ante la escuela. De hecho, la participación familiar en la educación formal, descrita por Grolnick y Slowiaczek (1994) en sus dimensiones “conductual”, “cognitivo-intelectual” y “personal”, es una manifestación directa de la calidad de este capital cultural interno. No se trata, entonces, sólo de asistir a reuniones escolares o a actos intrascendentes con contenido malinterpretado, sino de la “implicación mental voluntaria y responsable” (Pizarro et al., 2013, citado en SciELO Cuba, 2022) que transforma la actitud del niño hacia el aprendizaje.
La severa sentencia, a menudo repetida por los educadores, de que “la escuela no puede dar lo que la familia no da”, no es una excusa pedagógica para esquivar los problemas, sino una profunda y lamentable verdad filosófica y sociológica que delimita el alcance de la instrucción formal. La escuela está diseñada para la transmisión estandarizada de conocimiento y para la socialización cívica, pero no está equipara para suplir el déficit ontológico y afectivo que deja el abandono o la negligencia en el hogar. La escuela no puede enseñar la confianza básica necesaria para asumir riesgos intelectuales, ni puede inculcar la voluntad si ésta no ha sido templada por la disciplina amorosa y la esperanza familiar. Cuando la base del capital cultural y del vínculo afectivo es deficiente, la escuela se enfrenta a un muro infranqueable, pues el alumno carece de los prerrequisitos emocionales y de los códigos éticos esenciales para recibir la instrucción en plenitud. La escuela puede instruir, pero sólo la familia puede formar la conciencia sobre la base del afecto incondicional y el compromiso moral. De ahí, que la educación familiar sea una responsabilidad ética intransferible que dota de alma y sentido a la instrucción académica posterior.
La gravedad de esta responsabilidad intransferible implica que no basta con el mero cumplimiento formal de los deberes educativos. El acto de mandar a los hijos a la escuela y el simple hecho de que estos aprueben las evaluaciones representan solamente una dimensión instrumental de la educación, pero nunca su plenitud formativa. Si la familia se limita a ser una oficina de gestión académica, ignora que el proceso educativo es, por esencia, permanente e inacabado. La formación del ciudadano, tal como lo concebía la tradición griega de la paideia- el proceso de crianza que convierte al niño en un hombre virtuoso y apto para la polis-, demanda mucho más que la certificación de conocimientos. Por lo tanto, la familia debe ser la base y el sustento ininterrumpido sobre el cual el individuo se edifica, proporcionando los marcos de referencia éticos que permiten al futuro ciudadano navegar la complejidad moral del mundo. Como afirma Fernando Savater (1997), educar es “abrir los ojos al otro, para que aprenda a ver por sí mismo” y a convivir. Esta apertura y esta convivencia se entrenan en la vida familiar mucho más allá del horario escolar, haciendo de los padres los primeros garantes de la solidez moral y cívica que la sociedad demanda.
Como habrán podido apreciar, la responsabilidad educativa de la familia trasciende la simple transmisión de hábitos y capital lingüístico, configurándose como un mandato ético de discernimiento cultural. En la sociedad decadente actual, hiperconectada y sobrecargada de información basura, el hogar se erige como la primera y más crítica puerta de entrada del contenido cultural. Los padres asumen la ineludible tarea de ser filtros activos frente a lo que el mundo ofrece, ejerciendo una responsabilidad cívica fundamental. Sobre este aspecto en particular, el sociólogo Neil Postman (1985) ya advertía sobre la degradación del discurso público hacia la “basura cultural” al conceptualizar cómo los medios, obsesionados con la imagen y el entretenimiento, nos llevan a “divertirnos hasta morir” (Amusingourselves to death). Esto, amigos míos, no es una metáfora trágica: hace pocos días se conoció la muerte de unos jóvenes que realizaban surfeo sobre trenes como reto viral de las nefastas redes sociales estupidizadoras. Postman argumenta que cuando toda la información se presenta como un espectáculo, se erosiona la capacidad de la mente para el pensamiento racional y complejo, trivializando la vida pública. En este escenario, la familia debe actuar como un escudo crítico contra esta trivialización, defendiendo la seriedad del discurso y la profundidad de la reflexión frente a aquellas agendas nocivas que degradan la dignidad humana o simplifican la complejidad moral.
Retomando brevemente a Savater (1997), recordemos que desde su enfoque la educación es esencialmente un acto de “valor” y resistencia contra la “tiranía de lo inmediato” y lo superficial. Al seleccionar, debatir y contextualizar los mensajes que acceden a la conciencia de nuestros hijos, como padres no estamos ejerciendo una censura arbitraria, sino un deber de protección que forma la voluntad libre para resistir la seducción de lo fácil y lo banal. En este sentido, la autoridad parental se justifica por la obligación de legar a sus hijos un marco moral robusto para la auténtica libertad.
Aquí, el peligro filosófico y social posmoderno reside en la delegación excesiva de la función educativa por parte de la familia hacia la institución familiar, un fenómeno que algunos han criticado como el intento de la familia de “endilgarle a la escuela responsabilidades que, de suyo, no les pertenecen” (Biblioteca Clacso, 2016). Si la familia abdica de su rol como contra-relato cultural y transmisora de valores éticos complejos, la escuela se queda sola e inevitablemente incapacitada para lograr la formación humana integral.
La primacía educativa de la familia se funda en el “amor-donación” y en el vínculo afectivo, una lógica radicalmente opuesta a la instrumentalización y a la cultura del rendimiento que domina la esfera pública y económica. El desafío ético aquí reside en cómo proteger este espacio de la lógica de la eficiencia que exige resultados, métricas y “éxito” cuantificable, ya que la medición constante de la valía del hijo en función de su rendimiento académico o su capital social destruye el carácter no utilitario del amor incondicional. Si la familia comienza a funcionar como una unidad de producción de “capital humano” en lugar de un ámbito de acogida, se socava la fuente misma de la confianza básica que es vital para la autonomía del ser. Una ética de la educación debe, por lo tanto, defender al hogar como un santuario contra la tiranía de la explotación disfrazada de “productividad”.
Frente a las crisis de la figura familiar y la proliferación de estructuras de parentesco confusas, la filosofía no puede seguir esencializando una única forma social de familia. Si la esencia de la educación se basa en la transmisión de la “coexistencia” (Polo) y la provisión del “andamiaje afectivo” (Vygotsky), el foco del fundamento ontológico debe migrar de la estructura legal o biológica a la función nutricia del vínculo y la intencionalidad ética. La pregunta crucial aquí es: ¿cuál es la configuración mínima ético-afectiva, independientemente de su forma, que puede garantizar la estabilidad, la donación y la calidad relacional necesarias para que se produzca la formación de la conciencia moral y volitiva del individuo? La nueva reflexión sobre la familia debe privilegiar la calidad y la permanencia de la relación sobre la rigidez de las formas.
Finalmente, si la sentencia de que “la escuela no puede hacer lo que la familia no hace” remarca una limitación sistémica y no sólo un defecto moral, entonces el Estado y sus instituciones tienen una obligación de subsidiaridad y apoyo. Es imperativo que las políticas públicas estén diseñadas para habilitar a los padres a cumplir con su responsabilidad ética intransferible. Esto implica mitigar el impacto del desigual capital económico y social en la capacidad de la familia para ejercer su función de transmisión cultural, asegurando que el tiempo, la estabilidad y la conciencia educativa necesarios no sean lujos accesibles sólo para unos pocos. El apoyo estatal no debe ser una injerencia que busque suplantar a la familia, sino un soporte estructural que le permita ejercer su rol sin ser aplastada por las presiones materiales de la vida posmoderna.


