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COVID-19 e integración regional. Marruecos y África ejemplo para Centroamérica

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El COVID-19 es un fenómeno que desbordó la salud pública para configurarse como el factor dinámico que -para mal y para bien- está cambiando tanto las relaciones internacionales como la economía global.

El COVID-19 ha recibido, aún en bloques de naciones con profundo arraigo como la Unión Europea (UE), una respuesta fundamentalmente nacional. Mientras en Hungría el primer ministro Viktor Orban aprovechó la crisis sanitaria para concentrar más poder unipersonal en contracorriente de los principios y valores democráticos de su país y la UE; en Suecia, se apeló a la educación del pueblo para balancear las medidas sanitarias con las libertades individuales, y nunca sometieron a cuarentena a la población; mientras Italia, Francia y España, experimentaron la mayor cantidad de muertes desde la Segunda Guerra Mundial, sufrimiento extremo al que se sumó el Reino Unido un mes después. De hecho, cuando escribimos estas líneas, los tres países mediterráneos alcanzan un alivio por fin en sus cifras de muertes y nuevos contagios, en contraste con el Reino Unido que recorre el tramo ascendente de la crisis con el antecedente de su primer ministro hospitalizado por COVID-19.

Los efectos de la pandemia -en Asia, África, y América Latina y el Caribe- también han sido heterogéneos, pero en el curso de la emergencia se observan indicadores comunes sobre los cuales reflexionaremos en este artículo.

Wuhan está localizada en el centro de la vasta región sureste. Su posición es privilegiada y así lo exhibe la historia china tanto por su ubicación en la cuenca del Río Yangtzé (“el Gran Río”) como por su recorrido de más de 900 kilómetros hasta Shanghai y el Océano Pacífico. La transición china de economía emergente a potencia económica globalizada, con los terribles saldos medioambientales por todos conocidos, envolvió a Wuhan para bien y para mal. Por ello, la propagación del coronavirus estaba asegurada por la conectividad global del Siglo XXI pero China hizo muy poco o casi nada para su contención, por el contrario, ocultó la existencia de este nuevo virus hasta que las muertes en Wuhan desbordaron el control político del Partido Comunista y el silencio que había mantenido el director de la Organización Mundial de la Salud (Napoleón Campos, El Diario de Hoy, “Coronavirus. Historia y Globalización”. 04/03/2020, p. 17) El debate sobre su origen -si natural o en laboratorio- está ya abierto y difícilmente será zanjado por China ante la demanda tanto de investigaciones desde Australia pasando por Europa hasta Norteamérica como de reparación ante la recesión económica mundial.

Curiosamente, las naciones en el vecindario chino no han sido las más afectadas por el COVID-19. La frontera entre China y Corea, antes de la división entre Norte y Sur durante la Guerra Fría, era de casi 1,500 kilómetros. Corea del Sur, viejo amigo y cooperante de Centroamérica, se ha erigido como ejemplo en el combate anti-coronavirus: para mayo no registra ni fallecidos ni nuevos contagios. En la India, el país más poblado del planeta después de China (la frontera entre India y China es de más de 3 mil kilómetros), donde se registró el primer contagiado tan pronto como el 30 de enero y se temió lo peor, al 5 de mayo el coronavirus está relativamente contenido pues los contagiados confirmados son de 47 mil, con casi 13 mil recuperados y tan sólo 1,600 fallecidos. El primer ministro, Narendra Modi, manifestó el 27 de abril que la economía del país se encontraba en «buen estado» y pidió que se extendieran las medidas de restricción de movimientos por el coronavirus en los principales focos de contagio del país. «No existe motivo alguno para preocuparse por la situación económica», dijo Modi. Insistió en que el confinamiento podía ser levantado en algunas regiones. Modi solicitó a las autoridades de las diferentes regiones a preparar un plan de retorno a la «normalidad».

En América Latina y el Caribe (ALC), nuestro hermano centroamericano, Costa Rica, está por ponerle fin a la pandemia. Costa Rica es refugio de miles de nicaragüenses que huyen de la tiranía de Daniel Ortega; su proeza sanitaria es de aplaudir por haber conquistado un balance nada fácil entre población residente y un flujo de refugiados a mediana escala. Al 4 de mayo, ALC registran alrededor de 280 mil contagiados y 15 mil fallecidos la mayoría en Brasil (más de 8 mil muertes) seguido por México (2,271) y Ecuador (1,569). Las cifras son relativamente bajas en comparación a EEUU y Canadá en contagios y fallecidos. En las Américas, a ALC -con una población de 650 millones de habitantes, el doble de la de EEUU- corresponden tan sólo el 17 % de contagios confirmados y el 8 % de los fallecidos. Lamentablemente, al igual que en la UE, a pesar de los esquemas de integración regional y hemisféricos, la respuesta ha sido nacional como ya señalamos punteando Costa Rica como la salida más exitosa ante la crisis sanitaria.

En África, un continente con 1.3 mil millones de habitantes (el doble de ALC), los liderazgos históricos se han expresado también ante la pandemia robusteciendo, afortunadamente, la integración regional. El rey de Marruecos, Mohamed VI, lanzó el 15 de abril una propuesta a los mandatarios africanos para combatir la pandemia de manera conjunta y coordinada. El monarca marroquí alentó a configurar un cuadro operativo para la gestión concertada durante el curso del coronavirus. “Se trata de una iniciativa pragmática y orientada hacia la acción que permita que se compartan las experiencias y buenas prácticas con vistas a hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la pandemia”, recogió un comunicado oficial de Marruecos.

La iniciativa del Rey Mohammed VI fue calificada como «no solo práctica y realista, sino también inclusiva y de sentido común» por el Vicepresidente Ejecutivo de la Academia Diplomática Africana, Mohamed H’Midouche. El enfoque participativo, que sustenta esta iniciativa, se fundamenta en los métodos de gestión más modernos, subrayó H’Midouche: el intercambio de «mejores prácticas» y la adopción de un enfoque de gestión basado en los resultados (incluidos los indicadores de desempeño), los cuales facilitarán el monitoreo y la evaluación de la matriz de acciones a ser aprobadas y adoptadas por los Jefes de Estado africanos en las próximas semanas.

El 20 de abril, la entidad legislativa de la Unión Africana (UA), el Parlamento Panafricano (PAP), con sede en Sudáfrica, saludó la iniciativa del monarca marroquí y destacó la trascendencia de compartir los conocimientos y la tecnología para enfrentar el COVID-19. La UA es la entidad hemisférica de África (el equivalente de la OEA). De hecho, los términos de inclusión y sentido común contenidos en la iniciativa del Rey de Marruecos están siendo ejecutados a cabalidad por el mismo Centro de Control de Enfermedades de la UA, con sede en Etiopía; sirva de ejemplo la fase de ensayos clínicos del té de hierbas patentado por el gobierno de Madagascar cuya base es la Artemisa (Artemisia Vulgaris) utilizada tradicionalmente para la cura del paludismo. El gobierno de Madagascar reporta ahora que el té es efectivo para curar y prevenir el coronavirus tras siete días de consumo. El té es distribuido masiva y gratuitamente, y goza de la aceptación entre los 27 millones de habitantes de la isla que reporta tan sólo 151 contagios y ningún fallecido.

Al 4 de mayo, los 55 Estados miembros de la UA registran casi 50 mil casos confirmados de contagio por COVID-19 y 2 mil fallecidos. Para quienes pensaron que el relativo subdesarrollo de no pocos países africanos iba a desembocar en una mortandad, las cifras como vemos son alentadoras: el gigante poblacional, Nigeria, de 200 millones de habitantes, a la fecha registra 2,800 contagios y menos de 100 fallecidos; el otro gigante, Sudáfrica, de 60 millones de habitantes, reporta casi 8 mil contagios y 138 fallecidos.

Como ya lo he señalado en otras de mis publicaciones en CRONIO, Marruecos, con una población de 37 millones, comparte con nosotros temas y problemáticas de interés nacional, regional, y mundial, al tiempo que Marruecos es socio extrarregional del Sistema de la Integración Centroamericana. Si bien en su territorio se registran, a la fecha, 5,200 contagiados confirmados, los fallecimientos son menos de 200, sin embargo, como lo anunció el 24 de abril su Ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, al menos 341 marroquíes han fallecido en el exterior por coronavirus fundamentalmente en países de Europa. México reportó, oficialmente el 29 de abril, que 567 de sus connacionales habían muerto en el mundo por COVID-19 (2,271 fallecidos en territorio mexicano). A finales de abril, los países del “Triángulo Norte” reportaron como connacionales fallecidos en el exterior por COVID-19: El Salvador, 122 (13 en territorio nacional); Guatemala 64 (19 en territorio nacional), y Honduras a 39 (83 en territorio nacional). Debemos reconocer que las diásporas han puesto su cuota de sacrificio ante la pandemia.

La iniciativa de integración regional y combate al COVID-19 del Rey de Marruecos para África daría positivos frutos en Centroamérica donde ha predominado la lógica de “sálvese quien pueda”. Frente al éxito de Costa Rica destaca, lamentablemente, la tiranía de Daniel Ortega en Nicaragua. El 7 de abril, la directora de la Organización Panamericana de la Salud expresó la preocupación de su organización “por la respuesta al COVID-19 que se ve en Nicaragua”. Consideró “inadecuados la prevención y el control del COVID-19 en Nicaragua”. En El Salvador, a los errores en la aplicación de las medidas sanitarias como los primeros “albergues” donde confinaron viajeros de todos los orígenes que arribaban al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero, las aglomeraciones propiciadas por el propio gobierno el 30 de marzo para recibir un bono de US$ 300 y las decisiones penitenciarías hacinando aún más a los presos en las cárceles, se suman los irrespetos al Estado de Derecho, a la Independencia Judicial, a la Separación de Poderes y a la institucionalidad democrática. Un deterioro jurídico y político no visto en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992.

Como si la crisis sanitaria no fuera suficiente, los países centroamericanos enfrentan la caída de las remesas que envían los paisanos desde el exterior junto al desplome de su productividad nacional y de las exportaciones demandadas desde EEUU por el shock en el consumo y la destrucción de empleos (30 millones de solicitudes para beneficio por desempleo había recibido el gobierno estadounidense a finales de abril, un indicador de la recesión en curso siendo del 4.8% la caída del PIB). Honduras reporta entre el 13 de marzo y el 13 de abril una baja en las remesas del orden del 43%. Los bancos centrales de El Salvador y Guatemala reportan disminuciones intermensuales de febrero a marzo del 3% y el 8%, respectivamente. El desplome se profundizará de abril-mayo en adelante.

Las remesas juegan el doble rol: evitan que miles de familias caigan en la pobreza y sacan de la pobreza a miles de familias más. Su disminución, en este contexto de vulnerabilidad, se traducen en hambre entre la población. Y de agudizarse el hambre habrá más migrantes -seguramente hasta nuevas caravanas- hacia el norte del continente. De hecho, la última caravana salió de Honduras apenas el 1 de febrero pasado. Estos factores son claves en la ecuación política que esperamos de cada gobierno, y de la región centroamericana en su conjunto, para la reconstrucción post-coronavirus. De no hacerlo, se precipita una crisis humanitaria no vista desde las guerras civiles del siglo pasado que desbordará los daños por la pandemia.

Una última reflexión.

Cuando se inicien las vacunaciones masivas a finales del 2020 y principios del 2021, el COVID-19 será una página por pasar en la historia de cada uno, de cada familia, de cada colectividad. El COVID-19, para entonces, habrá causado cientos de miles de muertes y millones de contagios, y millones más padecerán traumas emocionales por las pérdidas sufridas y las cuarentenas forzosas, si bien a la larga los daños serán limitados y acotados, y el mundo entero estará mejor preparado para futuras epidemias. Pero, el futuro no estará cifrado allí sino en las heridas para la convivencia ciudadana sobre todo en los países donde se respondió a la crisis sanitaria con autoritarismo, con violaciones a los Derechos Humanos, y sin audacia política. Estas heridas tardarán muchos años en sanar.

Por Napoleón Campos.

Especialista en Temas Internacionales.
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Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal

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Por: Lisandro Prieto Femenía

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”

Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

Referencias Bibliográficas

  • Ayuso, M. (2008). La constitución cristiana de los Estados. Ediciones Criterio Libros.
  • Ayuso, M. (2011). El concepto de Estado en la Monarquía tradicional. Ciudadela Libros.
  • Ayuso, M. (2014). La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto. Marcial Pons.
  • Escudero, J. A. (2005). Curso de Historia del Derecho: Fuentes y grandes instituciones. Editorial Colex.
  • Gullo, M. (2021). Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Espasa.
  • Quesada, V. G. (1876). La vida intelectual en la América del Sur (Vol. II). Imprenta de Mayo.
  • Vitoria, F. de. (1934). Relectio de Indis (L. Getino, Ed.). Imprenta de San Esteban. (Obra original publicada en 1539).

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Rusia-Ucrania, una guerra civil azuzada por intereses externos

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Viví siete años en la extinta Unión Soviética, donde estudié un año de ruso entre Moscú y Rostov del Don, y residí seis años en Kiev con prácticas de ingeniería agronómica en Dushambe (República de Tayikistán, Asia Central), Sochi (en el mar Negro) y en las afueras de Kiev, en un koljoz, granja colectiva, que producía maíz y trigo.

Ucrania era un remanso de paz para los estudiantes extranjeros becarios que gozábamos de todas las facilidades; una sociedad sin discriminación racial y sin conflictos étnicos. Estuve casado varios años con una ciudadana soviética cuyo padre, ruso, era un alto funcionario en la sección de la producción de leche y carne de la República Socialista Soviética de Ucrania, y cuya madre, ucraniana, era maestra. Mi esposa era rusa y en casa se hablaba ruso, la madre además hablaba el ucraniano.

Tanto en Kiev como en toda Ucrania el idioma oficial y dominante era el ruso, el ucraniano era el segundo idioma oficial. Pese a que en minoritarios círculos estaba ya la llama del nacionalismo ucraniano y del separatismo, estos eran irrelevantes.

Al igual que en toda la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania era un crisol de nacionalidades y etnias procedentes de las más de 150 nacionalidades de las 15 repúblicas soviéticas. Este fue el paisaje idílico de la Unión Soviética cuando me trasladé a Alemania Occidental, donde residí 25 años.

Allí, el 9 de noviembre de 1989, presencié la caída del muro de Berlín y el comienzo de una nueva etapa histórica para los países de Europa Oriental, debido a la implosión de la Unión Soviética y al colapso del llamado socialismo real.

El Pacto de Varsovia, la alianza militar del campo socialista, se autodisolvió. Lógico hubiese sido que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se autodisolviera, pero ocurrió lo contrario.

A pesar de las promesas que George Bush padre (EE. UU.), Margaret Thatcher (Reino Unido), Helmut Kohl (Alemania Occidental) y François Mitterrand (Francia) le hicieron al último presidente de la URSS Mijáil Gorbachov, de que la OTAN no se extendería ni un milímetro hacia el este, más allá de las por entonces fronteras de la OTAN, a partir de 1990 hasta nuestros días la OTAN pasó de tener 16 a 32 Estados miembros, la mayoría del Este Europeo, y con fronteras cercanas a Rusia. Ello constituye una amenaza militar a la seguridad nacional de Rusia, rodeada de bases militares estadounidenses y de la OTAN.

Es en este contexto cuando surge la problemática de Ucrania, donde la OTAN y EE. UU. propiciaron un golpe de Estado en 2014 contra el presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovich, e instalaron gobiernos nacionalistas prooccidentales que propugnan por el ingreso de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea. Un cruce de líneas rojas con la política de seguridad de Rusia que tendría en sus fronteras, a escasos metros, los misiles y bombarderos de la OTAN que podrían atacarla, en segundos.

A partir de 2014 Europa Occidental y EE. UU. propiciaron en Ucrania un nacionalismo fanático y un sentimiento antirruso incitando al Ejército ucraniano a atacar a la población rusa de la región del Donbas (Donetsk, Zaporoshie, Jerson y Lugansk) y que condujo a que Rusia reincorporara a su territorio la península de Crimea (de mayoría rusa e históricamente perteneciente a Rusia, pero «regalada» en 1954 por el secretario general del Partido Comunista de la URSS a Ucrania).

La escalada de violencia antirrusa del Donbas llevó a que en febrero de 2022 sus cuatro regiones se declararan independientes y solicitaran su anexión a la Federación rusa, para lo cual esta desató una operación militar especial que dura hasta el presente.

Más que un conflicto entre naciones, en Ucrania existe una guerra civil, pues Rusia y Ucrania (conocida como Pequeña Rusia antes de la Revolución de 1917) constituyen un mismo pueblo y una misma sangre con una misma base lingüística y religiosa, pues son pocas las diferencias entre el ucraniano y el ruso, y entre la Iglesia ortodoxa rusa y ucraniana. Guerra civil que lleva más de dos millones de bajas en ambos bandos y siete millones de emigrados.

Occidente, sobre todo Inglaterra y Alemania, han manipulado las ilusiones de Ucrania de pertenecer a Occidente y el acceso al bienestar de Europa Occidental, cuando solo están siendo utilizados para desgastar y destruir a la Federación rusa. Ucrania jamás será parte de la Unión Europea, de la OTAN, ni de Occidente por una razón de peso: son eslavos. Al igual que los rusos. Ese mismo pueblo eslavo al cual por siglos históricamente Europa Occidental ha tratado de destruir. Desde las invasiones suecas y de los caballeros de las órdenes de Livonia y Teutonia, derrotados por Alexander Nevsky en el siglo XI, pasando por las invasiones de Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler en siglos recientes.

Vuelvo la vista al presente y me parece increíble que dos pueblos hermanos se estén autodestruyendo como marionetas guiadas por titiriteros externos. Rusia ha demostrado históricamente una invencible capacidad de resistencia que le ha hecho salir adelante y derrotar al enemigo a pesar de encontrarse en las más difíciles circunstancias.

Las actuales visitas a Moscú y Kiev de los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, así como del secretario de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, para buscar una solución política al conflicto, son esperanzadoras. No tanto por voluntad política de los europeos, sino por el pragmatismo de Trump que prefiere hacer negocios (la reconstrucción de Ucrania) y no la guerra, y por el cansancio de cuatro largos años de cruenta confrontación entre Rusia y Ucrania, que ponen los muertos.

El hecho de que los emisarios personales de Donald Trump hayan sido recibidos personalmente por Vladímir Putin en su oficina del Kremlin significa que ambos están retomando «el espíritu de la cumbre de Alaska», celebrada en Anchorage el 15 de agosto de 2025, que fue el primer cara a cara entre los dos mandatarios desde la operación rusa en 2022, y el primer encuentro con Putin durante su segundo mandato, donde Trump buscó negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, sin la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No hay duda de que estas negociaciones directas entre ambas potencias, teniendo en cuenta que la guerra arancelaria con China se ha vuelto prioridad para EE. UU., pueden llevar a una paz duradera en Europa Oriental y a un adiós a las armas.

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Bukele marca un antes y un después y la oposición sigue sin propuestas, sostiene el Círculo Siglo XXI

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El Salvador atraviesa una transformación política y social que rompe con el rumbo de los gobiernos anteriores, sostiene el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín número 54, correspondiente al 21 al 28 de septiembre de 2026. La publicación presenta una valoración favorable de la gestión de Nayib Bukele y plantea que la seguridad, la educación y la salud constituyen los pilares de un proceso que denomina “reinvencionismo social”: una forma de reorganizar las prioridades del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.

Uno de los señalamientos más contundentes del boletín apunta a los partidos tradicionales, a los que describe como organizaciones debilitadas por la falta de liderazgo, renovación y propuestas concretas. Según sus análisis, la oposición concentra sus esfuerzos en rechazar las decisiones del Gobierno, sin explicar cómo financiaría o ejecutaría sus propias alternativas. Desde esa lectura, el Círculo anticipa un escenario favorable al oficialismo en las elecciones de 2027 y sostiene que sus adversarios necesitan recuperar credibilidad y construir un proyecto nacional convincente.

Más allá de la disputa política, la publicación propone evaluar la gestión pública por los resultados que recibe la población. Como ejemplo, relata el caso de Los Toles, en Ahuachapán, donde contrasta las calles de tierra y lodo observadas durante la celebración de la independencia de 2025 con una carretera pavimentada y una nueva escuela un año después. El propio análisis introduce una precisión: construir infraestructura no garantiza por sí solo mejores aprendizajes. El siguiente reto consiste en comprobar si esas inversiones ayudan a completar los estudios y ampliar las oportunidades de los alumnos.

La tecnología ocupa otro lugar destacado. El boletín defiende la incorporación de la inteligencia artificial a la educación, acompañada de controles y un uso adecuado, y cuestiona que sus riesgos justifiquen abandonar las herramientas digitales. También destaca la formación continua como una vía para fortalecer las posibilidades laborales. En materia económica, plantea que la capacidad del Estado para anticiparse, planificar y ejecutar políticas puede marcar diferencias frente a dificultades externas, como las variaciones del mercado petrolero.

La seguridad y la identidad nacional completan los principales ejes de esta edición. El Círculo interpreta las muestras de apoyo a policías y militares durante el desfile del 15 de septiembre como una expresión de agradecimiento por la recuperación de la tranquilidad. Asimismo, propone rescatar la palabra “mara” en su sentido de grupo de amigos, desligándola de su asociación con las pandillas. Ambos planteamientos reflejan la tesis central de la publicación: que los cambios atribuidos al actual Gobierno también están modificando la convivencia y la manera en que los salvadoreños perciben su país.

 

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