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Viceministro de Seguridad y fiscal general, aseguran que desapariciones de personas han bajado en un 60 %
Durante la presentación de los dos pandilleros implicados en la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo, tanto el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro como el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado aseguraron que el tema de desaparecidos es un delito que viene a la baja.
«En el 2017 hubo 1,493 casos de desaparecidos. Entre el 2017 y el 2021 hemos tenido una reducción de más del 60%, lo que quiere decir que no estamos en un escenario como el que están planteando algunos poderes facticos que reflejan su desamor a El Salvador a través de algunos medios de comunicación», indicó Villatoro.
Añadió que entre el 2017 y el 2021 más del 70% de los casos se concentraron en cinco departamentos San Salvador, La Libertad, San Miguel, Sonsonate y Santa Ana.
En 2016, bajo el gobierno de Sánchez Cerén hubo 3,859 desaparecidos y además 6,656 homicidios, lo que empujó al país a ser el «más peligroso del mundo».
«En los gobiernos del FMLN trataron de desarticular toda la capacidad de investigaciones de la Policía, sin embargo, con mucha autoridad quiero decirles que no lo lograron y que estamos reviviendo de las cenizas y estamos fortaleciendo ese trabajo de investigación, prueba de ello es este caso», apuntó Villatoro.
Por su parte, Delgado enfatizó que tanto el delito de desaparición de personas como en el de homicidio ya no forman parte de los delitos más cometidos a nivel nacional. «En lo que va del año, ni la desaparición de personas, ni los homicidios aparecen dentro del top 20 de los delitos más cometidos en el país», informó Delgado.
Los datos oficiales de la Fiscalía reflejan que entre el 2014 y el 2019 antes de la entrada en vigencia de la reforma que creo el delito de la desaparición forzada de personas se reportaron 21,771 avisos de personas desaparecidas. «En el 2020 y 2021 la situación cambió radicalmente, de cada tres denuncias, solo una constituye el delito de desaparición forzada de personas», indicó Delgado.
La Fiscalía General de la República de El Salvador solicitó que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales, y otros nueve acusados sean condenados a pagar $24,150,791.75 en concepto de responsabilidad civil a favor del Estado, como parte del proceso judicial que enfrentan por diversos delitos.
El auto de apertura a juicio emitido por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador fue remitido al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, instancia que deberá resolver tanto la petición de pago millonario presentada por el ministerio público como la posible condena o absolución de los 10 imputados.
De acuerdo con el expediente elevado a vista pública, la Fiscalía sostiene que se han cumplido los requisitos procesales para la acción civil resarcitoria por daños derivados de los delitos de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero, entre otros señalados en la investigación.
En coordinación con autoridades de México, fue capturado en Tapachula Pedro Alfonso Leiva Alvarado, alias “Topo”, identificado como homeboy de la pandilla 18 Sureños salvadoreño.
Tras su detención, el sujeto será deportado vía terrestre y entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador en la frontera con Guatemala, donde deberá enfrentar la justicia por su presunta vinculación con estructuras criminales.
Las autoridades destacaron que la cooperación internacional entre países es clave para ubicar y capturar a pandilleros que intentan huir, como parte de los esfuerzos para erradicar estas estructuras criminales.
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Conductor es sancionado por bloquear el paso a un vehículo de emergencia y bajar a grabarlo en plena vía
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre la sanción impuesta al conductor del vehículo con placas P 587 939, luego de que obstaculizara el paso de una ambulancia que se dirigía a atender a un motociclista que se encontraba gravemente lesionado.
De acuerdo con la institución, la infracción fue aplicada por obstrucción del paso a vehículos de emergencia, una conducta que constituye una violación a la normativa de tránsito. Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las reglas de circulación y facilitar el paso a las unidades de socorro.
Según el reporte del personal de emergencia, el incidente ocurrió mientras la ambulancia se desplazaba con sirenas activadas para atender la emergencia. Sin embargo, el conductor del vehículo particular no cedió el paso y realizó maniobras que impidieron el avance de la unidad.
Entre las acciones señaladas, el automovilista alegaba que la ambulancia debía rebasarlo por el carril derecho, pese a que la normativa establece que los conductores deben facilitar el paso a los vehículos de emergencia. Además, cuando la unidad intentó incorporarse al carril izquierdo para continuar su marcha, el conductor aceleró y posteriormente frenó bruscamente frente a la ambulancia, poniendo en riesgo al personal paramédico.
Ante la situación, el motorista de la ambulancia decidió grabar lo ocurrido para documentar el incidente y justificar el retraso en la atención del paciente.
Tras difundirse el material, el VMT confirmó la sanción contra el conductor y reiteró el llamado a la población a respetar la prioridad de paso de ambulancias, camiones de bomberos y otras unidades de emergencia, recordando que obstaculizar su labor puede afectar la atención oportuna de personas que dependen de asistencia inmediata.
