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ÚLTIMA HORA: En la mira Ana Vilma de Escobar y René Figueroa, la Corte Suprema de Justicia acelera la investigación por enriquecimiento ilícito
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelera la investigación, desde la Sección de Probidad, para dar resolución final en los próximos días sobre los estudios patrimoniales de la exvicepresidenta y exdiputada, Ana Vilma de Escobar, informó hoy el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder Camilot.
Además, la CSJ está próxima a resolver la demanda sobre un posible enriquecimiento ilícito en contra del exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aldo Cáder Camilot, reveló este miércoles 13 de marzo que aceleran las investigación desde la Sección de Probidad por posible enriquecimiento ilícito en contra de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar y el exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa, ya que están próximos a prescribir.
“Los primeros que han subido al conocimiento de Corte Plena por el tema de prescripción son: El caso de Ana Vilma de Escobar, y el caso del señor Rene Figueroa que están próximos a prescribir”, afirmó Cádel Camilot, durante una entrevista televisiva.Ver imagen en Twitter
La prescripción es la extinción del periodo en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) puede iniciar un proceso penal. Actualmente el artículo 32 del Código Procesal Penal da un máximo de 10 años.
Debido a que Ana Vilma de Escobar y Rene Figueroa, dejaron de ser funcionarios del gobierno de Elías Antonio Saca en el año 2009, sus casos están a punto de prescribir.
La Sección de Probidad de la CSJ encontró irregularidades por $11.6 millones a la exvicemandataria entre los años 2004 y 2016. La corte dio seis meses de plazo a de Escobar para justificar con documentos financieros la cantidad de dinero bajo sospecha.
Luego de la auditoría patrimonial que realice la Sección de Probidad a los exfuncionarios, la Corte Plena debe decidir si ordena juicio civil o no contra Escobar y Figueroa, de acuerdo a los indicios de enriquecimiento ilícito, establecidos en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
