Judicial
ÚLTIMA HORA: En la mira Ana Vilma de Escobar y René Figueroa, la Corte Suprema de Justicia acelera la investigación por enriquecimiento ilícito
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acelera la investigación, desde la Sección de Probidad, para dar resolución final en los próximos días sobre los estudios patrimoniales de la exvicepresidenta y exdiputada, Ana Vilma de Escobar, informó hoy el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cáder Camilot.
Además, la CSJ está próxima a resolver la demanda sobre un posible enriquecimiento ilícito en contra del exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aldo Cáder Camilot, reveló este miércoles 13 de marzo que aceleran las investigación desde la Sección de Probidad por posible enriquecimiento ilícito en contra de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar y el exministro de Justicia y Seguridad, René Figueroa, ya que están próximos a prescribir.
“Los primeros que han subido al conocimiento de Corte Plena por el tema de prescripción son: El caso de Ana Vilma de Escobar, y el caso del señor Rene Figueroa que están próximos a prescribir”, afirmó Cádel Camilot, durante una entrevista televisiva.Ver imagen en Twitter
La prescripción es la extinción del periodo en el cual la Fiscalía General de la República (FGR) puede iniciar un proceso penal. Actualmente el artículo 32 del Código Procesal Penal da un máximo de 10 años.
Debido a que Ana Vilma de Escobar y Rene Figueroa, dejaron de ser funcionarios del gobierno de Elías Antonio Saca en el año 2009, sus casos están a punto de prescribir.
La Sección de Probidad de la CSJ encontró irregularidades por $11.6 millones a la exvicemandataria entre los años 2004 y 2016. La corte dio seis meses de plazo a de Escobar para justificar con documentos financieros la cantidad de dinero bajo sospecha.
Luego de la auditoría patrimonial que realice la Sección de Probidad a los exfuncionarios, la Corte Plena debe decidir si ordena juicio civil o no contra Escobar y Figueroa, de acuerdo a los indicios de enriquecimiento ilícito, establecidos en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 15 años de prisión a José Alvarado Gutiérrez Murcia por intentar asesinar a su hermano en La Palma, Chalatenango Norte.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 2024, cuando la víctima ingresaba a su vivienda y fue agredida con un corvo en el cuello y rostro. Tras el incidente, el padre de ambos llegó al lugar, y el imputado logró huir. La víctima fue trasladada a un centro asistencial tras quedar inconsciente.
La FGR indicó que, ante la abundante evidencia documental, pericial y testimonial presentada, el tribunal dictó la condena en ausencia del imputado por el delito de intento de homicidio agravado.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que concluyó la jornada de este martes en la vista pública contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales de 2015.
Los imputados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, tras supuestamente ofrecer beneficios económicos a pandillas a cambio de votos. Entre los acusados se encuentran Ernesto Luis Muyshondt García Prieto, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, Wilson Alexander Alvarado Alemán y Arnd Richard Luers (Paolo Luers).
El Tribunal 1° de Sentencia determinó que existe riesgo de fuga por parte del exministro Benito Lara, por lo que ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial.
