Sucesos
HISTORIA: El drama de un médico condenado a 30 años de prisión por su supuesta participación en dos secuestros
“Yo era un hombre normal, todavía era sano cuando entré a un centro penitenciario todavía no logró aceptarlo. Estoy en tratamiento crónico por insomnio severo y depresión moderada”, son las palabras de William Alberto Pérez Jerez, un médico pediatra de 50 años de edad, quien fue condenado a 30 años por el delito de secuestro en 2000. Su estadía en la cárcel ha sido dura y producto de las malas atenciones de salud desarrolló un síndrome que lo llevó a estar postrado en una silla de ruedas.
Antes de llegar por primera vez al sistema penitenciario era un médico particular y atendía pacientes en los hospitales públicos del país, tenía una familia que lo respaldaba y vivía alejado de los problemas hasta que se juntó con un grupo de hombres que lo indujeron a participar en el secuestro de un empresario salvadoreño. A principios de siglo los secuestros era uno de los delitos más comunes y en algunas ocasiones muchas las víctimas eran asesinadas.
En junio de 2003, Pérez Jerez estaba siendo procesado por divulgar información que permitió el secuestro del empresario Demetrio Reyes cuando este se dirigía al gimnasio. La víctima señaló, en ese entonces, que mientras se bajaba de su vehículo fue amenazado por cuatro sujetos que se cubrían el rostro con gorros navarone. Luego, lo subieron en un pick up y lo llevaron hasta unos cañales de San Vicente donde lo mantuvieron cautivo.
Los secuestradores pidieron un rescate y horas más tarde realizaron el intercambio en el municipio de San Luis Talpa, La Paz. Sin embargo, William siempre se mantuvo firme al decir que era inocente de haber realizado y señaló que la víctima se contradecía, pero aun así fue condenado.
De hecho, finalmente fue condenado por dos secuestros distintos, uno por ser coautor y otro por ser cómplice no necesario; en el primero se le adjudicó 22 años y por el otro ocho, haciendo un total de 30.
“Yo sabía el cometimiento del hecho que se iba a realizar y no lo denuncié porque en ese momento no consideré el riesgo que podría correr mi familia sin prever que era un hecho punitivo y que iba a recibir el peso de la ley por eso”, señaló.
“Yo no participé en la planeación del hecho yo simplemente supe que lo iban a hacer y las palabras fueron: ‘Mire doctor ya que usted lo sabe, si usted lo quiere denunciar, denúncielo; usted evalué, todo tiene consecuencias’”, recordó.
Ahora, lleva bien contados el tiempo que ha pasado en prisión: 17 años con 4 meses. Es un largo tiempo que se dice en pocos segundos, pero que lo ha dejado marcado para siempre.
La llegada a prisión
Él llegó al sistema penitenciario cuando este todavía era reinado por bandas delincuenciales y cuando las enfermedades contagiosas debido al hacinamiento florecían en las paredes.
Con tan solo 33 años, él ya sabía lo que era estar tras las rejas y con el tiempo su vida cambió por completo, al quedar en una silla de ruedas, debido a que padece el síndrome de Devic, una enfermedad degenerativa que daña el sistema nervio óptico y la médula espinal.
Contar cómo su cuerpo se enfermó hasta el punto de llegar a una silla de ruedas es un tema que no quiere recordar. Solo se remite a contar que en el 2008, cuando estaba recluido en el centro penal de Usulután, solicitó atención médica a las autoridades penitenciarias, pero tras varias semanas de espera, ya era demasiado tarde para resarcir el daño ocasionado.
“Me aferro a la vida a pesar de que perdí a mis hijas, tuve un divorcio, muchos traslados de los centro penales, maltratos; yo sigo aferrado a la vida porque a pesar de estar pagando un hecho punitivo, hay gente honorable que vela por los derechos humanos“, afirmó.
Debido a su enfermedad fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor atención, que asegura aún no ha recibido.
En 2011, la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un habeas corpus donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado y ordenaba al Estado a atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparable por el Estado”.
“Estoy en tratamiento crónico por insomnio severo y depresión moderada, tengo hasta musicoterapia para poder conciliar el sueño, me han lesionado psicológicamente porque ya casi no duermo a pesar el tratamiento intensivo en el que estoy”, reclamó angustiado y molesto al mismo tiempo.
Una nueva lucha
A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de recluir a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario para brindarles la atención médica necesaria para cada cuadro clínico. Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado desde “Mariona”, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica.
Pero no es su única demanda ya que el pasado 28 de octubre fui víctima de otro reo quien lo golpeó en la cara sin tener un motivo claro. La agresión en el rostro vino a empeorar su cuadro clínico ya que el ojo dañado fue afectado por el síndrome que al mismo tiempo lo ha dejado parapléjico.
Por eso, ahora busca que se haga justicia con su agresor. El hecho llegó a los oídos de las autoridades quienes señalan que se ha iniciado una investigación para el personal de seguridad que permitió que esto sucediera.
El director de centros penales, Marco Tulio Lima, aseguró que se pretende dar un respiro al hacinamiento carcelario liberando a aquellos reos que están en fase terminal monitoreados a través de un sistema de brazaletes para mantenerlos en vigilancia.
Por: El Salvador Times.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
