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Soyapango privatizará el sistema de recolección de desechos sólidos: Proceso será similar al de Santa Tecla
La alcaldía de Soyapango pretende privatizar el sistema de recolección de desechos sólidos, y la noticia fue confirmada por el mismo alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, quien afirmó que la comuna está en búsqueda de una empresa para ese fin, es decir, busca un asocio público-privado; sin embargo el edil descartó realizar despidos del personal, ya que estos se dedicarán a reciclar.
“Descartamos que dentro del proceso ellos (trabajadores) vayan a quedar separados. Varios de ellos seguirían siendo motoristas, tripulación, varios de ellos tendrán una separación para el reciclaje en las colonias que crean más basura… No está en sintonía nuestra que haya despidos”, indicó el edil.
Además, Álvarez expuso que el proceso está comenzando, «no está finiquitado, es un proceso que se está construyendo. Aunque sí soñamos que en diciembre haya cambiado”.
«La gerencia de desechos sólidos va estar mucho más fortalecida con este nuevo sistema, con nuevos programas como el tema del reciclaje que, por cierto, ellos [trabajadores] ya lo hacen”.
Sin embargo, y como era de esperarse, esta noticia ha desconcertado a los trabajadores de desechos sólidos de la comuna, por lo que este día miembros de dos sindicatos y una asociación se concentraron frente a las instalaciones de la alcaldía, para exigirle al alcalde la no privatización del servicio de desechos sólidos.
El 31 de julio se publicó en COMPRASAL el aviso de precalificación para el proceso de búsqueda y selección de la empresa; entre estas, las interesadas son Transportes Pesados S.A. de C.V., BIOCAM Tecnología S.A. de C.V., Ingeniería en Gestión Integral S.A. de C.V., ECOSÓLIDOS S.A. de C.V.
Pese al proceso de búsqueda, hay rumores muy fuertes que la comuna tiene intenciones de asociarse con la empresa de recolección de desechos sólidos que funciona en Santa Tecla: TECLASEO, una empresa que tanto ella como el alcalde Roberto D’aubuisson han estado en la esfera pública por ciertas irregularidades y sobre todo el despido masivo de trabajadores.
Por tanto, las personas afirman que Álvarez pretende hacer lo mismo que hizo el alcalde de Santa Tecla, sin embargo, eso va en contra de la ley LACAP específicamente en el art. 2, 59, 60 y 133 y siguientes.
De acuerdo con el sindicalista Danilo Mejía, en el momento que la comuna apruebe la licitación con la empresa que estaría recogiendo los desechos, se estaría despidiendo a más de 400 trabajadores de esta área de la alcaldía.
«Sabemos lo que implica, han venido cocinando esto en silencio, el alcalde ha negado que se va a privatizar, cómo lo va a negar si aquí están las hojas de la licitación, del concurso, aquí está hablando de privatización, qué implica el asocio público-privado, es una privatización», señaló.
En esa línea, se espera que la comuna de Soyapango tenga transparencia, y haga publicidad en todo el proceso de adjudicación que se va a llevar a cabo, además debe recordar que los camiones recolectores son propiedad de la municipalidad y no deben ser entregados en propiedad a la empresa ofertante.
Sobre este tema:
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
