Nacionales
Simultáneamente el Gobierno ejecuta proyectos de mitigación en diferentes sectores del territorio
Proteger la vida de los salvadoreños es la prioridad máxima del Gobierno. A través de varios proyectos de mitigación de riesgos se está dando seguridad y la tranquilidad a cientos de familias.
Equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) intervienen una cárcava que se formó en la urbanización Loma Linda, en San Salvador. Los trabajos iniciaron para evitar riesgos a los habitantes de ese lugar.
Mientras que por el colapso de una bóveda en el bulevar del Ejército se formó otra cárcava que ponía en riesgo la conectividad en Soyapango. Las cuadrillas trabajan en obras que ayudarán a disminuir la vulnerabilidad.
Además, se está mejorando el sistema de drenaje en la comunidad Betania, en Ilopango, para reducir riesgos por inundaciones durante el invierno.
Asimismo, hubo labores de limpieza de drenajes en el viaducto de Camino a Surf City, en La Libertad. Los canales estaban llenos de piedras, basura, y otros sedimentos. Se trabajó en el retiro de todos los residuos que obstaculizaban el paso de las aguas lluvias.
Así también fueron terminadas las actividades de lanzado de concreto para la estabilización de un talud en la intersección del bulevar Venezuela y avenida 29 de Agosto. Esta obra evitará derrumbes que pongan en peligro la vida de la población. Otro talud se estabiliza en calle Los Sisimiles, frente al redondel de la Plaza México.
A un costado de la autopista Comalapa, cerca de la residencial Ciudad Dorada, Santo Tomás, avanza la construcción de un muro de contención para disminuir los riesgos a las familias y conductores.
Con el Plan Nacional de Mitigación también se están construyendo bordas en el río Mizata, cantón La Canoa, La Libertad, para evitar inundaciones por lluvia.
Los equipos también fueron trasladados al municipio de Chinameca, San Miguel, para darle mantenimiento a los reservorios. Las actividades ayudarán a retener la velocidad del agua y lodo en el invierno, para garantizar protección a las viviendas cercanas.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
