Nacionales
Resultados tangibles e históricos confirman altos niveles de seguridad pública
La seguridad pública sigue mejorando en El Salvador gracias a los planes y la estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizando la paz y tranquilidad de la población honrada que durante los 30 años de los gobiernos de ARENA y FMLN fue víctima de los grupos criminales.
Uno de los frutos de las políticas de seguridad -que son el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción- es la drástica reducción de los asesinatos, que fue uno de los principales delitos con altas tasas en los gobiernos del bipartidismo político, derrotado en 2019.
Las mejoras en seguridad pública quedan evidenciadas en las estadísticas de los homicidios de abril de 2022 y de abril de 2023, que publicó el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, con base a los datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Abril 2023 es el primer mes del Régimen de Excepción que puede compararse con el mismo mes del año anterior (abril 2022), estando ambos meses dentro del mismo régimen. Y las cifras lo confirman: la seguridad en nuestro país continúa mejorando con el paso del tiempo», escribió el gobernante.
Según los datos oficiales, en siete de los primeros nueve días de abril de este año no hubo homicidios a escala nacional, mientras que en abril del año pasado hubo cinco. Los datos de abril de 2022 y de abril de 2023 contrastan con los registrados en años anteriores; por ejemplo, en abril de 2018 (el último año de Gobierno del FMLN) solo en los primeros nueve días hubo 104 homicidios.
El 1.° de abril de ese mismo año se registraron 15 asesinatos; el siguiente día fueron 10, mientras que el 3 totalizaron 10; el 4 de abril sumaron 13; el 5 llegaron a 8; el 6 fueron 11; el siguiente día la cifra se elevó a 20; el 8 hubo seis víctimas fatales y el 9 de abril 11, según los datos publicados por la PNC en redes sociales, los cuales compartió ayer el presidente Bukele, quien asumió la primera magistratura del país en 2019.
Desde entonces el Ejecutivo inició la implementación del PCT, que consta de siete fases, de las cuales ya está en ejecución la V, conocida como Extracción, que consiste en la instalación de un cerco de seguridad para sacar a los pandilleros que se esconden en barrios y comunidades, donde por años causaron luto y dolor a las familias honradas.
Esta fase comenzó a inicios de diciembre de 2022, en Soyapango, uno de los municipios de San Salvador caracterizados por el alto índice de homicidios y por el accionar de los grupos delincuenciales en colonias populosas como Las Margaritas y La Campanera, que ahora están libres de pandilleros.
La fase Extracción fue antecedida por Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión, que en su conjunto son acciones de prevención y represión contra las pandillas y el crimen organizado, por medio del fortalecimiento -legal y financiero- de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
El PCT, al igual que el régimen de excepción, han sido atacados por la oposición política (partidos, medios de comunicación afines y ONGs nacionales e internacionales), por la presunta violación de derechos humanos de los pandilleros.
En la Asamblea la oposición política de la anterior legislatura -al igual que en la presente- negó sus votos para financiar con $200 millones el PCT.
Además, mantiene su rechazo al régimen de excepción al no dar sus votos para aprobarlo ni prorrogarlo, a pesar de los evidentes resultados obtenidos luego de vigencia de la medida constitucional.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
