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Responsable de asesinar a árbitro de fútbol es perfilado como pandillero de la Mao Mao, confirma la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Juan Manuel Cruz Lorenzana por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya, de 63 años, en la colonia Miramonte, San Salvador.
Trascendió que el atacante estaba perfilado como miembro activo de la pandilla Mao Mao donde fungía como gatillero, es decir era el que asesinaba a las personas que la mara le ordenaba.

Juan Manuel Cruz Lorenzana, fue capturado por el homicidio del árbitro José Arnoldo Amaya en la colonia Miramonte, San Salvador.
— PNC El Salvador (@PNCSV) June 14, 2022
Cruz, golpeó a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte, el hecho ocurrió el pasado domingo en la cancha Toluca.
Ningún crimen quedará impune pic.twitter.com/BXuHfdIiLJ
La víctima era miembro de la Asociación Nacional de Árbitros del Fútbol de El Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Cruz Lorenzana golpeó a la víctima y lo lesionó hasta causarle la muerte, el hecho ocurrió el pasado domingo en la cancha Toluca.

l ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, manifestó que el ataque contra el árbitro es un hecho de intolerancia como muchas manifestaciones de violencia que hay alrededor del mundo en torno a este deporte, «pero que no refleja El Salvador que queremos construir y que nos merecemos».

El día del incidente, testigos contaron que todo inició luego que el árbitro le mostró tarjeta amarilla a su agresor, quien lo maltrató verbalmente hasta golpearlo de manera contundente.
“Ayer activamos todas las unidades de inteligencia y de investigaciones para capturar de una manera rápida al hechor del crimen. Estamos hablando de Juan Manuel Cruz Lorenzana, miembro de la estructura Mao Mao con rango de “homeboy”, detalló ministro @Vi11atoro. pic.twitter.com/LtiJM1uV8V
— Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) June 14, 2022
Tras la golpiza, Amaya fue trasladado luego a un hospital, pero minutos después falleció, debido a la gravedad de los golpes propinados por Cruz Lorenzana.
Sobre la captura

El titular de Seguridad manifestó que, tras el ataque, activaron todas las unidades de inteligencia y de investigaciones para capturar al hechor, quien desde el mismo momento del crimen, ya lo tenían identificado.
«Independientemente el hecho sea intolerancia social, sea producto de tema de violencia intrafamiliar o producto de las estructuras que por años nos enlutaron como sociedad, vamos a utilizar todos los recursos del Estado para hacer justicia», enfatizó el funcionario.
Villatoro recalcó que el Presidente Nayib Bukele y su Gabinete de Seguridad, continuará combatiendo este tipo de manifestaciones para no generar más más violencia homicida en las calles, «es triste estar haciendo todo un esfuerzo de más de 79 días de Régimen de Excepción, donde hemos podido transformar más de 30 años de sometimiento, atacando de frente a todas las estructuras criminales».
Por su parte, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, adelantó que en los próximos días van a presentar ante los medios a otros homicidas, aseguró que las autoridades están tras los generadores de violencia y de aquellos que infunden terror, «a los miembros de las estructuras criminales les debe quedar claro que el Gabinete de Seguridad y en especial la PNC, va a ir detrás de los victimarios en cumplimiento al Plan Control Territorial».
El día de la mortal golpiza
El día del hecho, Jairo Amaya, hijo de la víctima dijo a Diario El Salvador que minutos después de la agresión se enteró de lo que había ocurrido a su padre por teléfono.

«Yo no estaba en la cancha. Supe que el agresor lo ultrajó y luego mi padre lo expulsó. Tras eso le dio un golpe hasta hacerlo caer y ahí se le fue a golpes. Camino al hospital, mi papá ya iba grave y ahí falleció. Por ahora, La Policía no me ha dado datos específicos sobre quién agredió a mi padre, entiendo que es por la seguridad de nuestra familia. Estoy a la espera. Ahora estoy en los trámites con la funeraria y buscando la partida de defunción. Quien puede dar mejores detalles de mi padre, como réferi, es German Stanley Martínez, quien dirigió la última final de primera división», manifestó a Diario El Salvador el hijo de la víctima el día del hecho.
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Extienden al 1 de marzo nueva vigencia del régimen especial
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
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Se suscribirá préstamo para educación
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.


