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Los 12 «pastores» del crimen que han sido capturados por las autoridades bajo el régimen de excepción
Doce mareros fingieron ser pastores evangélicos y andaban libres por las calles haciéndose pasar por religiosos cuando en realidad no dejaron de cometer crímenes, y menos se retiraron de la pandilla como le hicieron creer a la población.
Esto fue evidenciado por la Policía Nacional Civil (PNC) en cada uno de los casos, por ejemplo, el de Álex Alfredo Ábrego Ábrego, apodado «Fantasma, Alfa, Holy Death o Águila», quien según las autoridades es uno de los 15 cabecillas nacionales de la MS que fue arrestado en Guatemala, cerca de la frontera con México, pues su intención era llegar a los Estados Unidos, huyendo del régimen de excepción en el país.
El criminal fue interceptado por la Policía guatemalteca, y al ser cuestionado sobre a qué se debía su presencia en ese país argumentó que andaba evangelizando y hasta aseguró que en los últimos tres meses había estado viviendo en ese país.
«En mi juventud fui parte de la MS (…) aquí he estado viviendo (Guatemala), predicando el evangelio, soy cristiano evangélico, soy de una iglesia profética en El Salvador», fueron las respuestas que dio a las autoridades de ese país.
Pero en El Salvador la información que las autoridades tenían de este criminal era todo lo contrario a lo que expresó en Guatemala.
«Este sujeto es un cabecilla nacional de la MS, que fue liberado gracias a ese pacto de sangre que el gobierno de Mauricio Funes y el FMLN hizo con las pandillas», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario también hizo mención en sus redes sociales del actuar de otros cuatro criminales que fingieron haberse «rehabilitado», pero en realidad fue parte de la estrategia de engaño para seguir cometiendo fechorías.
«Estos ´querubines´ se refugiaban en una iglesia con la falsa imagen de que se estaban rehabilitando. ¡Mentiras!», denunció Villatoro.
Al ser intervenidos por la PNC, se descubrió que son integrantes de la MS y que están fichados por diferentes delitos, estos fueron identificados como José Manuel Hernández Mayorga, apodado Liro Spayder; Adán Ernesto Melgar Domínguez, (a) Adán; Carlos Daniel Alvarenga Hernández, (a) Dreamer, Pelón, Chiflado o Scrapy; y José Santiago Andrade, (a) Snayper.
Todos los casos fueron dados a conocer por las autoridades en las redes sociales para que la población no caiga en las mentiras de los falsos pastores que se presentan como inofensivas ovejas, pero que en realidad son lobos.
OTROS CASOS
ISRAEL ALEXANDER PÉREZ. Alias Shadow, arrestado en el cantón El Carmen de Monte San Juan, Cuscatlán. Es un reconocido pandillero de la zona que fingía ser pastor en una congregación local para despistar a las autoridades.
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SIGÜENZA. Alias Quemado, fue capturado en Cojutepeque donde se hacía pasar por pastor evangélico para no levantar sospechas. Al verificar en el sistema, la Policía comprobó que este sujeto tiene récord criminal.
LEONEL ANTONIO ALFARO GRANADOS. Alias Enano, fue capturado en San Juan Opico, La Libertad, junto a otro criminal. Se hacía pasar como pastor para movilizarse en diferentes lugares y recoger el dinero de extorsiones.
ÁLEX ALFREDO ÁBREGO ÁBREGO. Alias Gufy, Águila, Fantasma, Holy Death o Alfa. Arrestado en Guatemala donde argumentó que había llegado a evangelizar; sin embargo, las autoridades aseguraron que escapaba de los operativos en El Salvador.
ARMANDO MOLINA ELÍAS. Alias Chitara, quien se hacía pasar como pastor de una iglesia, para ordenar crímenes más fácilmente. Fue detenido por el punto de buses de la ruta 19 gracias a denuncias ciudadanas en redes sociales.
VLADIMIR DEL TRÁNSITO CRUZ. Alias El Manchas, es un palabrero, que delinquía en Zacatecoluca, y se hacía pasar por pastor de una iglesia evangélica en la colonia Anabella 2 de dicho municipio, sin embargo, seguía ordenando los crímenes de la clica que dirigía.
JONATHAN GILBERTO MOLINA. Este terrorista se hacía pasar por pastor evangélico y las investigaciones de la PNC determinaron que es miembro de la pandilla 18. Junto con Marlon Stiven Rivera Ruiz, serán procesados conforme a la Ley.
JORGE ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ. Alias El bicho Koky, fue arrestado en el cantón Los Naranjos de Juayúa, Sonsonate junto a cuatro criminales más. Fingía ser un predicador para pasar desapercibido y fue interceptado en una cancha de fútbol y al consultar en el sistema se verificó que son pandilleros.
NOÉ ULISES CHÁVEZ ARAGÓN. Alias Shadow, quien, según la Policía, desde el año 1995 posee un alto récord delictivo por los delitos de homicidio, violación, robo, daños y organizaciones terroristas. Fue arrestado en Cojutepeque, Cuscatlán. Desde 2010 dirigía la iglesia «Jesús te Ama» en Cojutepeque.
EL «PASTOR» DE MONCAGUA
Este sujeto se considera fundador de la MS-13 de Puerto El Triunfo. Fue ubicado en el cantón Papalón, Moncagua, San Miguel, donde fingía ser pastor pentecostal. Se presume que se habría trasladado evadiendo a las autoridades. Fue entregado por la Fuerza Armada a la PNC.
DANIEL ALVARADO SANDOVAL. Arrestado en el departamento de Copán, Honduras, es acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en la iglesia que dirigía en San Marcos, San Salvador, hechos por los cuales huyó para evitar ser arrestado. Se presentaba como pastor de un colegio evangélico.
EFRAÍN MEJÍA ANDRÉS. Alias Pastor, fue el primer supuesto religioso detenido por la PNC, el 4 de abril en el cantón Casa de Piedra en Los Planes de Renderos en Panchimalco, junto a él fueron detenidos sus hermanos Edenilson Andrés Andrés y Jaime Vladimir Andrés Martínez.
Por: DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
