Judicial
Tribunal intimará a alcalde Nayib Bukele acusado del delito de calumnia
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla intimará este miércoles 4 de abril a las 8:30 de la mañana al alcalde de San Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, acusado del delito de calumnia, previsto y sancionado en el Artículo 177 del Código Penal, en perjuicio del ex secretario técnico de la Presidencia y diputado del Parlacen Eugenio Chicas Martínez.
El acto se realiza, según lo que establece y de conformidad al Artículo 440, inciso 1º del Código Procesal Penal: “Admitida la acusación por el tribunal, se citará al imputado, y se le intimará, entregándole además copia de la acusación y de las pruebas ofrecidas por la parte acusadora cuando éstas sean documentales”. Con esta diligencia, que se llevará a cabo en una de las salas de audiencias del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, en La Libertad, el acusado Bukele Ortez también podrá nombrar a un defensor de su confianza si estuviere presente en ese momento.
Pese a que la parte acusadora había pedido la reserva total del caso, el juez consideró que “en el proceso penal aplica el principio general de publicidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, inciso 1º de la Constitución de la República, 13 y 369 del Código Procesal Penal y que en el presente caso no se han fundamentado de una forma convincente los supuestos que permiten al juzgador otorgar dicha medida de protección”. De igual manera, destaca que tanto la víctima como el acusado son figuras públicas, “por lo que procede la aplicación de los principios de máxima publicidad y acceso a la información en el presente caso”.
Según la acusación, el hecho por el que ha sido acusado Bukele Ortez ocurrió el 16 de octubre del año recién pasado, cuando éste se encontraba como invitado en un programa televisivo y durante el desarrollo del mismo expresó que Chicas Martínez habría participado en la comisión del delito de violación en perjuicio de una menor de edad.
La acusación particular, en el orden penal y civil, fue interpuesta en octubre del año 2017 por la apoderada de Chicas Martínez, la abogada Carmen Patricia Martínez Avilés; y fue admitida en marzo del presente año, luego de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla le hiciera diferentes prevenciones. Posterior a ello, el Tribunal ordenó diversos auxilios judiciales requeridos por la parte acusadora para completar su acusación.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
