Judicial
Tribunal Especializado de Sentencia brindará fallo el 17 de mayo en el caso tregua entre pandillas
Luego de varios días el juicio en contra de 19 imputados en el caso tregua finalizó este día, pero será hasta el 17 de mayo a las tres de la tarde que el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador de a conocer el fallo.
Este es el segundo juicio que se da en el marco de la tregua entre pandillas, realizada mientras gobernaba Mauricio Funes, y en este está siendo procesado el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exmediador de los pandilleros, Raúl Mijango, y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez.
Los involucrados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Cabe destacar que, durante los dos juicios, los abogados defensores han alegado que sus clientes solo siguieron directrices u órdenes del gobierno de Funes y del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payes, que en ese momento fungía como ministro de Justicia y Seguridad.
El juicio se volvió a realizar porque una cámara especializada estimó que el juez no dio validez a toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera ocasión.
Las declaraciones o alegatos más importantes dados en el segundo juicio:
- Exfiscal general Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes, así lo reveló el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio;
- Salinas también aseguró que Barahona al parecer asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiría a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían.
- Durante la tregua se violaron protocolos y mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios para facilitar el ingreso de los mediadores de ese proceso, quienes llegaban a reunirse a puerta cerrada con los jefes de las pandillas, según declararon custodios y directores de reclusorios que fueron presentados como testigos de la FGR.
- El ministro Munguia Payés reafirmó que ese proceso surgió como una idea del Gabinete de Seguridad de aquel entonces y por ello fue “una política de Gobierno”;
- Payés declaró también a la prensa que la repetición de este juicio es «un espectáculo».
- La FGR sostuvo que la tregua se desarrolló entre una “estructura o aparato organizado de poder debidamente jerarquizada”, compuesta por el director de Centros Penales y el Inspector General;
- “Las pandillas engañaron al Gobierno con la tregua, pues aparentaron que pretendían reducir los homicidios, pero en realidad buscaban obtener beneficios económicos para así fortalecerse”, así lo aseguró el testigo principal de la FGR conocido como “Nalo”.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
