Judicial
Tribunal Especializado de Sentencia brindará fallo el 17 de mayo en el caso tregua entre pandillas
Luego de varios días el juicio en contra de 19 imputados en el caso tregua finalizó este día, pero será hasta el 17 de mayo a las tres de la tarde que el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador de a conocer el fallo.
Este es el segundo juicio que se da en el marco de la tregua entre pandillas, realizada mientras gobernaba Mauricio Funes, y en este está siendo procesado el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exmediador de los pandilleros, Raúl Mijango, y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez.
Los involucrados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Cabe destacar que, durante los dos juicios, los abogados defensores han alegado que sus clientes solo siguieron directrices u órdenes del gobierno de Funes y del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payes, que en ese momento fungía como ministro de Justicia y Seguridad.
El juicio se volvió a realizar porque una cámara especializada estimó que el juez no dio validez a toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera ocasión.
Las declaraciones o alegatos más importantes dados en el segundo juicio:
- Exfiscal general Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes, así lo reveló el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio;
- Salinas también aseguró que Barahona al parecer asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiría a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían.
- Durante la tregua se violaron protocolos y mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios para facilitar el ingreso de los mediadores de ese proceso, quienes llegaban a reunirse a puerta cerrada con los jefes de las pandillas, según declararon custodios y directores de reclusorios que fueron presentados como testigos de la FGR.
- El ministro Munguia Payés reafirmó que ese proceso surgió como una idea del Gabinete de Seguridad de aquel entonces y por ello fue “una política de Gobierno”;
- Payés declaró también a la prensa que la repetición de este juicio es «un espectáculo».
- La FGR sostuvo que la tregua se desarrolló entre una “estructura o aparato organizado de poder debidamente jerarquizada”, compuesta por el director de Centros Penales y el Inspector General;
- “Las pandillas engañaron al Gobierno con la tregua, pues aparentaron que pretendían reducir los homicidios, pero en realidad buscaban obtener beneficios económicos para así fortalecerse”, así lo aseguró el testigo principal de la FGR conocido como “Nalo”.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
