Judicial
Tribunal Especializado de Sentencia brindará fallo el 17 de mayo en el caso tregua entre pandillas
Luego de varios días el juicio en contra de 19 imputados en el caso tregua finalizó este día, pero será hasta el 17 de mayo a las tres de la tarde que el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador de a conocer el fallo.
Este es el segundo juicio que se da en el marco de la tregua entre pandillas, realizada mientras gobernaba Mauricio Funes, y en este está siendo procesado el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exmediador de los pandilleros, Raúl Mijango, y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez.
Los involucrados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Cabe destacar que, durante los dos juicios, los abogados defensores han alegado que sus clientes solo siguieron directrices u órdenes del gobierno de Funes y del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payes, que en ese momento fungía como ministro de Justicia y Seguridad.
El juicio se volvió a realizar porque una cámara especializada estimó que el juez no dio validez a toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera ocasión.
Las declaraciones o alegatos más importantes dados en el segundo juicio:
- Exfiscal general Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes, así lo reveló el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio;
- Salinas también aseguró que Barahona al parecer asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiría a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían.
- Durante la tregua se violaron protocolos y mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios para facilitar el ingreso de los mediadores de ese proceso, quienes llegaban a reunirse a puerta cerrada con los jefes de las pandillas, según declararon custodios y directores de reclusorios que fueron presentados como testigos de la FGR.
- El ministro Munguia Payés reafirmó que ese proceso surgió como una idea del Gabinete de Seguridad de aquel entonces y por ello fue “una política de Gobierno”;
- Payés declaró también a la prensa que la repetición de este juicio es «un espectáculo».
- La FGR sostuvo que la tregua se desarrolló entre una “estructura o aparato organizado de poder debidamente jerarquizada”, compuesta por el director de Centros Penales y el Inspector General;
- “Las pandillas engañaron al Gobierno con la tregua, pues aparentaron que pretendían reducir los homicidios, pero en realidad buscaban obtener beneficios económicos para así fortalecerse”, así lo aseguró el testigo principal de la FGR conocido como “Nalo”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
