Judicial
Tribunal Especializado de Sentencia brindará fallo el 17 de mayo en el caso tregua entre pandillas
Luego de varios días el juicio en contra de 19 imputados en el caso tregua finalizó este día, pero será hasta el 17 de mayo a las tres de la tarde que el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador de a conocer el fallo.
Este es el segundo juicio que se da en el marco de la tregua entre pandillas, realizada mientras gobernaba Mauricio Funes, y en este está siendo procesado el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exmediador de los pandilleros, Raúl Mijango, y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez.
Los involucrados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Cabe destacar que, durante los dos juicios, los abogados defensores han alegado que sus clientes solo siguieron directrices u órdenes del gobierno de Funes y del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payes, que en ese momento fungía como ministro de Justicia y Seguridad.
El juicio se volvió a realizar porque una cámara especializada estimó que el juez no dio validez a toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera ocasión.
Las declaraciones o alegatos más importantes dados en el segundo juicio:
- Exfiscal general Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes, así lo reveló el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio;
- Salinas también aseguró que Barahona al parecer asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiría a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían.
- Durante la tregua se violaron protocolos y mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios para facilitar el ingreso de los mediadores de ese proceso, quienes llegaban a reunirse a puerta cerrada con los jefes de las pandillas, según declararon custodios y directores de reclusorios que fueron presentados como testigos de la FGR.
- El ministro Munguia Payés reafirmó que ese proceso surgió como una idea del Gabinete de Seguridad de aquel entonces y por ello fue “una política de Gobierno”;
- Payés declaró también a la prensa que la repetición de este juicio es «un espectáculo».
- La FGR sostuvo que la tregua se desarrolló entre una “estructura o aparato organizado de poder debidamente jerarquizada”, compuesta por el director de Centros Penales y el Inspector General;
- “Las pandillas engañaron al Gobierno con la tregua, pues aparentaron que pretendían reducir los homicidios, pero en realidad buscaban obtener beneficios económicos para así fortalecerse”, así lo aseguró el testigo principal de la FGR conocido como “Nalo”.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
