Judicial
Tribunal Especializado de Sentencia brindará fallo el 17 de mayo en el caso tregua entre pandillas
Luego de varios días el juicio en contra de 19 imputados en el caso tregua finalizó este día, pero será hasta el 17 de mayo a las tres de la tarde que el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador de a conocer el fallo.
Este es el segundo juicio que se da en el marco de la tregua entre pandillas, realizada mientras gobernaba Mauricio Funes, y en este está siendo procesado el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, el exmediador de los pandilleros, Raúl Mijango, y el exinspector general de Centros Penales, Anilber Rodríguez.
Los involucrados están siendo procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en penales, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Cabe destacar que, durante los dos juicios, los abogados defensores han alegado que sus clientes solo siguieron directrices u órdenes del gobierno de Funes y del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payes, que en ese momento fungía como ministro de Justicia y Seguridad.
El juicio se volvió a realizar porque una cámara especializada estimó que el juez no dio validez a toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera ocasión.
Las declaraciones o alegatos más importantes dados en el segundo juicio:
- Exfiscal general Romeo Barahona y Luis Martínez conocieron y participaron en la tregua con el respaldo del gobierno de Mauricio Funes, así lo reveló el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas, quien declaró como testigo en el primer día del juicio;
- Salinas también aseguró que Barahona al parecer asesoró a las autoridades para elaborar un anteproyecto de ley que permitiría a los pandilleros entregar las armas de fuego que tenían.
- Durante la tregua se violaron protocolos y mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios para facilitar el ingreso de los mediadores de ese proceso, quienes llegaban a reunirse a puerta cerrada con los jefes de las pandillas, según declararon custodios y directores de reclusorios que fueron presentados como testigos de la FGR.
- El ministro Munguia Payés reafirmó que ese proceso surgió como una idea del Gabinete de Seguridad de aquel entonces y por ello fue “una política de Gobierno”;
- Payés declaró también a la prensa que la repetición de este juicio es «un espectáculo».
- La FGR sostuvo que la tregua se desarrolló entre una “estructura o aparato organizado de poder debidamente jerarquizada”, compuesta por el director de Centros Penales y el Inspector General;
- “Las pandillas engañaron al Gobierno con la tregua, pues aparentaron que pretendían reducir los homicidios, pero en realidad buscaban obtener beneficios económicos para así fortalecerse”, así lo aseguró el testigo principal de la FGR conocido como “Nalo”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
